MÉXICO, D.F., 5 de enero (apro).- La presidenta de la asociación “Alto al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, recibió hoy el apoyo de seis organizaciones civiles en su nueva batalla jurídica, ahora contra el juez 16 de Distrito en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, con quien se inconformó por las bajas penas que impuso a los delincuentes –de 28 a 45 años de cárcel-- que participaron en el secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto.

Antes de recibir las muestras de apoyo de México SOS,  la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Iluminemos México y el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública, Miranda de Wallace estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se reunió con el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, a quien manifestó su frustración, impotencia y enojo por la sentencia del juez.

Al salir de las instalaciones del máximo tribunal, la madre de Hugo Alberto señaló que el ministro le dijo que no podía intervenir directamente en la revisión del caso, pero que sí tomaba nota de que la ciudadanía lo que quiere es justicia y no la está recibiendo.

Desde el principio, explicó, sabía que al presidente de la SCJN no le toca ni puede modificar la sentencia, pero "era importante que él se enterara de lo que está ocurriendo en un juzgado", para que tome las medidas pertinentes para evitar que este tipo de situaciones se sigan repitiendo, dijo la presidenta de la asociación Alto al Secuestro.

Por la tarde, en un comunicado de prensa, México SOS,  la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, el Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Iluminemos México y el Comité de Consulta y Participación de la Comunidad en Seguridad Pública, señalaron que las sentencias “no reflejan lo mucho que agravia a la sociedad mexicana el delito del secuestro y ponen en duda la capacidad de algunos miembros del Poder Judicial de valorar las pruebas conforme a Derecho”.

Luego de advertir que la resolución vulnera a la parte afectada y pone en entredicho la valoración de pruebas en este caso, las organizaciones consideraron “de suma gravedad que la ciudadanía quede doblemente expuesta, primero ante la delincuencia y después por insuficiencias de la autoridad al momento de aplicar la ley”.

Este tipo de omisiones, agregaron, son las que “vulneran el estado de Derecho en nuestro país y nos aleja del propósito que compartimos muchos ciudadanos por tener certeza hacia nuestra plena garantía de seguridad”.

El pasado lunes 4, la Procuraduría General de la República apeló la sentencia que un juez federal impuso a cuatro de los secuestradores de Hugo Alberto Wallace, luego de que la madre de éste, Isabel Wallace, anunció que pediría la intervención del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La PGR se inconformó con la sentencia condenatoria por considerar insuficiente la penalidad que el juez décimosexto de distrito en materia penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, impuso a los procesados, y que va de los 28 a los 47 años de prisión al expolicía de Morelos César Freyre Morales; a la bailarina Juana Hilda González Lomelí, y a los hermanos Antonio y Alberto Castillo Cruz, cuatro de los partícipes en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.

En conferencia de prensa, luego de conocer el fallo, Isabel Wallace exigió que los sentenciados reciban la pena máxima (70 años de prisión), y afirmó que el juez dio “migajas de justicia” a su familia.

“Exigimos la pena máxima en sentencias para los delitos de secuestro, que no le tiemble la mano a los jueces, que tengan pantalones, si no, que no ocupen esos puestos”, dijo.