MÉXICO, D.F., 12 de enero (apro).- El presidente de la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela Gutiérrez, afirmó que 70% de los capitalinos rechazan las reformas al Código Civil que permite a parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar hijos, por lo que demandó al titular del Gobierno del Distrito Federal vetar dichas modificaciones.
    En conferencia de prensa, Farela Gutiérrez reiteró que dichas reforma fueron aprobadas a “espaldas de la sociedad”.
Según Farela, diversas encuestas, entre ellas una de Consulta Mitofsky, revelan que más de 70% de los habitantes del Distrito Federal se opone a que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar.
    Debido a ese presunto rechazo de la población, pidió nuevamente al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, que vete dicha reforma.
     El 29 de diciembre del 2009, Marcelo Ebrard publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal la reforma que permite a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar hijos, con lo cual quedó promulgada como ley.
    Farela solicitó también al jefe de Gobierno que realice una consulta popular con el fin de que no “sólo un pequeño grupo de legisladores perredistas imponga leyes que los ciudadanos rechazan”.
    A su juicio, no había ninguna razón para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobara los matrimonios entre personas del mismo sexo y mucho menos para que adoptaran hijos.
    “Los homosexuales tenían en la legislación pasada, a través de la figura de las sociedades de convivencia, el marco jurídico para desempeñarse según sus preferencias sexuales”, subrayó.
    Finalmente, el líder de la Confraternice se refirió al documento del cardenal Norberto Rivera en el que condena toda ley que vaya en contra de las “leyes divinas”.
    Dijo que aun cuando comparte algunos puntos de vista del cardenal Norberto Rivera, los cristianos evangélicos creen en el Estado laico, por lo que deben respetar el marco jurídico que rige a las iglesias. “En México existen vías legales para externar opiniones y defenderlas”, concluyó.