MEXICO, D.F., 16 de enero (Proceso).- El terremoto del martes 12 se ensañó con Haití, una nación en bancarrota cuyo pueblo ya enfrentaba una crisis alimentaria. Más aún, dañó sus frágiles instituciones y sumió al país en un caos que presagia lo peor: hambruna, epidemias, desplazados, abusos, violencia. El terremoto que azotó a Haití no sólo arrasó con la escasa infraestructura productiva y de servicios de ese país, también sacudió sus frágiles instituciones, las cuales corren el riesgo de colapsarse. “Se avecina una crisis que provoca miedo”, comenta Natalie Liautaud, directora del Programa para el Caribe de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés). “Después de que pase la emergencia vendrá lo inimaginable: los desplazados, el desempleo, las epidemias, los robos, los abusos…”, comenta a Proceso. De hecho, Haití ya era un Estado sumamente pobre y descompuesto que –con ayuda de la comunidad internacional– intentaba reconstruirse y superar el desasosiego permanente provocado por el hambre y el atraso crónico, la inseguridad y la injusticia; la parálisis gubernamental y el vacío de poder; las luchas entre dirigentes y organizaciones políticas del país. Dos informes sobre Haití analizan la situación en ese país durante los meses previos a la tragedia provocada por el terremoto del martes 12. El primero es suscrito por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Está fechado el 1 de septiembre de 2009 y lo remitió al Consejo de Seguridad de este organismo. Su objetivo: informar sobre el cumplimiento del mandato de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) instaurada en abril de 2004 con el propósito de ayudar a la recuperación económica y la reconstrucción institucional de ese país. El segundo fue realizado por Crisis Group, una organización independiente con sede en Bruselas que realiza estudios en el terreno sobre regiones y países en conflicto. El título de este informe es explícito: Haití 2009: estabilidad en riesgo.   Al borde de la hambruna   El reporte de Crisis Group ofrece las cifras de la pobreza: 76% de los haitianos (4.4 millones de personas) vive con menos de dos dólares al día y 56% con menos de un dólar. El 80% de la población tiene acceso sólo a 32% de los ingresos del país. 72% no cuenta con servicios de salud y 56% es analfabeta. Un millón 100 mil haitianos dependen de las remesas que sus familiares les envían del exterior, sobre todo de Estados Unidos, para cubrir sus necesidades básicas. La mitad de las familias que se benefician con esos ingresos, apenas recibe un promedio de 500 dólares anuales. En 2006, esas remesas se calculaban en mil millones 650 mil dólares; sin embargo, la crisis financiera internacional abatió el flujo de esas transferencias. Según ese informe, el país produce sólo 46% de sus alimentos, importa 49% y el 5% restante lo recibe por vía de asistencia internacional. Su agricultura es de subsistencia, con técnicas que, entre otros factores, han provocado la deforestación y la erosión de la mitad del territorio del país. El documento recuerda que en 2008 el país padeció el incremento de los precios mundiales de alimentos. Los del arroz y del maíz se elevaron en 60% y 91%, respectivamente, por lo que el gobierno haitiano reportó que 2 millones 500 mil habitantes requerían asistencia alimentaria urgente. En abril de ese año se sintieron los efectos de las alzas: presas de la desesperación, miles de haitianos se lanzaron a las calles a protestar por los precios de los productos básicos. Las manifestaciones derivaron en disturbios y saqueos de bodegas de alimentos y supermercados. Aunque el gobierno controló las protestas, la situación económica se agravó en agosto y septiembre de 2008 debido a que el país fue azotado por tres huracanes: Hanna, Ike y Gustav, lo cual provocó daños estimados en 900 millones de dólares, sobre todo a la industria, a la infraestructura hidráulica, eléctrica, de transportes y de telecomunicaciones. También afectó a 65% de la tierra cultivable, por lo que la producción agrícola disminuyó 60%. Ello provocó que se mantuvieran altos los precios de los alimentos básicos. La Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSA) –dependencia del gobierno– reportó que, como consecuencia de los ciclones, otros 800 mil habitantes ingresaron a “una situación de riesgo alimentario”, por lo que sólo en un par de meses el número de personas en esta condición se elevó de 2 millones 500 mil a 3 millones 300 mil. De éstas, 207 mil se encontraban al borde de la hambruna. Para paliar los efectos, el presidente René Préval y la primer ministro Michèle Duvivier Pierre-Louis –quien asumió el cargo en septiembre de 2008 y renunció en noviembre pasado tras una moción de censura del Senado– decidieron tomar 197 millones de dólares de los fondos que Venezuela les había regresado como parte del programa PetroCaribe. Luego establecieron un programa de recuperación y crecimiento económico, y el 30 de junio de 2009 lograron que las instituciones financieras internacionales cancelaran la deuda multilateral de Haití: mil 200 millones de dólares. Luego de un mes los países miembros del Club de París condonaron los adeudos bilaterales que la pequeña nación del Caribe tenía con ellos y que ascendían a 214 millones 73 mil dólares. De acuerdo con el informe de Ban Ki-moon, el programa económico de Pierre Louis tuvo relativo éxito: la tasa de crecimiento económico –que llegó en 2007 a 3.4% y cayó a 1.2% en 2008– volvió a subir a 2% en 2009. El documento pronosticaba que esta tasa se mantendría en 2010. Claro, sin terremoto de por medio. La inflación –que alcanzó 15.8% en septiembre de 2008– cayó a -0.04% en mayo de 2009. Mientras que el gourde (la moneda de Haití) permaneció estable. Sin embargo, el informe del secretario general de la ONU advierte: “La grave situación socioeconómica sigue amenazando directamente la estabilidad del país. Para la mayoría de los haitianos, las condiciones de vida se caracterizan día a día por la dureza y las privaciones (…) Se están eliminando progresivamente las subvenciones introducidas tras los disturbios de abril de 2008 para hacer frente a los precios de los alimentos y el combustible. Las autoridades nacionales indican que la inseguridad alimentaria afecta actualmente a 1.9 millones de haitianos, pero las redes de seguridad social son todavía inexistentes”. Más: “Como quedó claro en 2008, Haití es sumamente vulnerable a los desastres naturales (…) Esta vulnerabilidad, sumada al descenso en la capacidad agrícola, a la alta tasa de desempleo y a un nivel de inversión muy bajo, pone en peligro a una parte de la población (…)”.   “Alianzas oportunistas”   En su informe, Ki-moon aborda uno de los temas centrales para la estabilidad de Haití: la seguridad. De entrada considera que la situación en este rubro es “sumamente delicada”. Y advierte que “existe el riesgo de que vuelvan a proliferar las pandillas callejeras, los delincuentes y otros grupos armados, la corrupción y la violencia asociada al tráfico ilegal y los disturbios civiles masivos”. Continúa: “En un momento de creciente frustración por las difíciles condiciones de vida, las manifestaciones han aumentado en número e intensidad en todo el país y han evidenciado el riesgo de que grupos con objetivos muy dispares formen alianzas oportunistas para promover sus intereses particulares”. Afirma que ello ocurrió durante las protestas que tuvieron lugar en Puerto Príncipe en junio de 2009. Convocadas por estudiantes que tenían “demandas académicas”, las marchas fueron infiltradas por personas que apoyaban demandas de partidos de oposición e incluso por grupos violentos. Desde el punto de vista de Ki-moon, detrás de esas manifestaciones existían intereses de grupos políticos de cara a las elecciones municipales que deberían efectuarse en febrero de 2010, así como de sectores que “pretenden socavar el proceso de estabilización con el fin de proteger sus intereses particulares”. El reporte de Crisis Group es un poco más preciso en este punto: se trata de traficantes de drogas, políticos y jueces corruptos, jefes de pandillas barriales, empresarios y comerciantes dedicados al contrabando o a la especulación de bienes como gasolina y alimentos, o que monopolizan servicios. A todos ellos, indica el informe, les beneficia que se mantenga la inseguridad y la debilidad de las instituciones del Estado. La Minustah tiene desplegados en Haití 7 mil 58 efectivos militares y mil 134 policías que apoyan las labores de seguridad de la Policía Nacional de Haití (PNH) –formada a partir de 2004–, la cual cuenta con casi 10 mil agentes. A pesar de algunos operativos exitosos –como el desplegado a principios de 2007 para desmantelar a una pandilla del barrio Cité Soleil–, la PNH es aún incapaz de mantener por sí misma la seguridad en el país, afirma el informe de Crisis Group. Recordó que la Comisión Presidencial sobre Seguridad Pública –creada por Préval– propuso el 6 de agosto último volver a crear unas fuerzas armadas. La iniciativa provocó encendidos debates públicos. La razón: en 1994 el ejército dio el golpe de Estado al entonces presidente Jean Bertrand Aristide y desencadenó el actual tobogán en el que aún se encuentra el país. De manera paralela, los citados informes subrayan que la conformación de un nuevo sistema judicial presenta retrasos alarmantes. Por ejemplo, el Parlamento no ha aprobado el proyecto de ley para reorganizar al Ministerio de Justicia, y no se ha instituido el Consejo Superior del Poder Judicial, órgano que supervisará el sistema de justicia, plagado de denuncias por corrupción e ineficiencia, lo cual –apunta el informe de Crisis Group– prohíja la impunidad ante delitos comunes, pero sobre todo ante violaciones de derechos humanos. Otro dato significativo que aparece en el informe de Ki-moon: sólo 135 de los 470 jueces del país “cuentan con capacitación formal” para desempeñar su tarea.   Luchas intestinas   El informe de Crisis Group destaca que a los actores políticos haitianos les cuesta trabajo llegar a acuerdos sobre puntos cruciales para el país, y que en cada proceso electoral –donde todos se acusan mutuamente de cometer fraude– se pone en riesgo la estabilidad de la nación y se cimbran sus débiles instituciones. Consigna incluso una paradoja: pese a que los partidos políticos de Haití –unos 50, aunque los importantes no sobrepasan la media docena– son instituciones débiles en cuanto a estructura, programas y funcionamiento, tienen la capacidad para realizar protestas masivas y paralizar al país. Remite a un ejemplo: después de las elecciones del 7 de febrero de 2006, los seguidores del entonces candidato presidencial René Préval paralizaron Puerto Príncipe durante una semana. Ello contribuyó a que las autoridades electorales aceptaran una nueva fórmula para contar los votos en blanco, lo que permitió a Préval ganar en la primera vuelta. Pero después los partidos opositores bloquearon las iniciativas de Préval en el Senado, el cual desde inicios de 2008 operó sin 12 senadores, la mayoría de los cuales terminó su mandato. Como no hubo votaciones para renovarlos, no existía el quórum –dos terceras partes de los miembros de esta cámara– para aprobar cualquier reforma constitucional. La parálisis legislativa alimentó a su vez la parálisis gubernamental: por ejemplo, “el presupuesto 2008-2009 fue aprobado ocho meses después del ejercicio fiscal”, dice el informe de Ki-moon. Además, señala, el Parlamento sólo aprobó 9 de 31 leyes de un programa legislativo acordado entre representantes del gobierno y del Congreso. Y recuerda que el 10 de junio de 2009 el Parlamento se vio obligado a aprobar la Ley de Adquisiciones sólo porque ésta era una de las condiciones para que los organismos financieros internacionales condonaran una parte importante de la deuda externa de Haití. El 19 de abril y el 21 de junio pasados se realizaron la primera y la segunda vueltas, respectivamente, de los comicios para elegir a los 12 miembros que faltaban en el Senado. Fueron los primeros celebrados desde las conflictivas votaciones de 2006, y los primeros que organizó el nuevo Consejo Electoral Provisional. La participación de la población fue de 11.3% y 10.85%, respectivamente, lo que “suscitó la preocupación acerca del grado de implicación de la sociedad en el proceso político”, apunta Ki-moon en su informe. Y añade: “Si bien reinó la calma, una serie de incidentes violentos obligaron a cancelar la votación en el Departamento Central y a cerrar colegios electorales en el Departamento de Artibonite”. En dichas elecciones los candidatos del Partido Lespwa, al que pertenece el presidente Préval, ganaron seis asientos y los partidos Fusión, Comba, LAAA y OLP, así como un candidato independiente, ganaron un escaño cada uno. En su informe, Ki moon confió en que ello evitará la parálisis legislativa. Pero de inmediato advirtió: “La Constitución dispone que los candidatos ganadores no pueden asumir sus funciones sin haber sido aprobados antes por sus pares. Varios senadores en ejercicio amenazan con no aprobar a los candidatos elegidos hasta que se hayan esclarecido las denuncias de fraude electoral. Mientras tanto, otros legisladores amenazan con bloquear el proceso de aprobación porque consideran que las elecciones no fueron plenamente legítimas al quedar excluido de ellas el partido Fanmi Lavalas”, que lidera desde el exilio el expresidente Jean Bertrand Aristide. Otra tercera parte de los integrantes del Senado terminaron su periodo el martes 12, el mismo día del terremoto, por lo que las elecciones para sustituirlos se iban a realizar en febrero próximo. Más, de acuerdo con la Constitución, los haitianos acudirían a emitir su voto  en los comicios presidenciales y locales el próximo 28 de noviembre. “No creo que el proceso electoral se pueda llevar a cabo”, sostiene Liautaud, directora del PADF, organización independiente dedicada a crear alianzas entre los sectores público y privado para proveer de recursos a comunidades pobres del ?continente. Entrevistada por Jesús Esquivel, corresponsal de este semanario en Washington, Liautaud recuerda que el terremoto derribó el Palacio Presidencial y el edificio del Parlamento. Ello, dice, tiene algo de simbólico: en medio de la crisis que se avecina, el Ejecutivo y el Legislativo -de suyo débiles- también podrían colapsarse. Este reportaje se publicó en la edición 1733 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 16 de enero.