Prestanombres, fraudes y corrupción en El Salvador

Prestanombres, fraudes y corrupción en El Salvador
Privatización bancaria, “piñata financiera” para Cristiani y allegados
Yazmín Ross
SAN SALVADOR – En El Salvador, a pesar del esfuerzo bélico de doce años del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional por abrir espacios a la sociedad civil y a la democratización interna, la ventaja sigue en poder de quienes manejan la economía desde el siglo pasado
El ejemplo más claro de lo anterior es la venta de los bancos comerciales De acuerdo con las averiguaciones de una comisión especial legislativa, los grupos económicos más poderosos de El Salvador retomaron el control del aparato financiero y del ahorro nacional, pero ahora con un nivel más efectivo del que poseían doce años atrás, mediante una serie de maniobras fraudulentas
La Reforma Financiera salvadoreña liquidó unos bancos, fusionó otros y trasladó la cartera vencida de los que serían reprivatizados al Banco Central de Reserva, en una operación contable que significó 230 millones de dólares de pérdidas para el Estado, según estadísticas oficiales
Una vez limpias de polvo y paja, las entidades bancarias —con todo su patrimonio: decenas de sucursales, cajas fuertes depósitos del público (estimados en 941 millones de (dólares)— fueron entregadas al sector privado, el cual desembolsó únicamente el 15% del valor total de las acciones El otro 75% se cubrió con créditos otorgados mediante el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), que serán recuperados en el año 2003
Bautizado como “la piñata financiera”, trabajadores de la banca denunciaron que el reparto se hizo utilizando el marco jurídico elaborado por el presidente Alfredo Cristiani y su partido, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigó las irregularidades cometidas en la Reforma Financiera comprobó que las empresas del presidente Cristiani y de su esposa Margarita Llach Hill figuran entre los principales accionistas de la banca reprivatizada, además de familiares estrechamente vinculados con ellos en negocios e intereses económicos, como Roberto Hill, presidente del Grupo Desarrollo-Corfinsa, fundado por el padre de la Primera Dama, Prudencio Llach Hill
El diputado socialcristiano Jorge Villacorta, miembro de la comisión investigadora, subrayó que el presidente Cristiani y su esposa compraron títulos del Banco Cuscatlán a través del grupo Seguros e Inversiones, SA (SISA), que vende pólizas a empresas del sector privado, y mediante firmas agrícolas y comerciales que son de su propiedad
A pesar de que la nueva Ley de Privatización de Bancos Comerciales y Asociaciones de Ahorro y Préstamo impide concentrar más del 5% de las acciones en una sola persona natural o jurídica, las juntas directivas y de accionistas de los bancos subastados volvieron a poblarse de apellidos que representan a la vieja oligarquía salvadoreña: Dueñas, Regalado Dueñas, Mathies Regalado, Hill, Meza, Meza Hill, Guirola, De Sola, Borgonovo, Daglio, entre otros
Casi todos ellos eran propietarios de la banca comercial hasta 1980, cuando el presidente José Napoleón Duarte expropió las instituciones para democratiza el crédito, frenar la caída vertical de la producción y detener la fuga masiva de divisas, que ascendía a 2,000 millones de dólares
Integrada también por los diputados Jorge Arriaza, de la Democracia Cristiana; Milena Calderón Sol, de ARENA; Antonio Guevara Lacayon, del Movimiento Auténtico Cristiano, y Mario Aguiñada Carranza, de la Unión Democrática Nacional, la comisión legislativa determinó que los grupos financieros y de inversión que pertenecen a esas familias se valieron de vientos de prestanombres e incurrieron en varias irregularidades para reapropiarse de la banca
“Y lo hicieron con la ley en la mano”, dijo el diputado Villacorta “Si usted revisa los procedimientos, todo está legal Nominalmente no hay ningún accionista que posee más del porcentaje permitido, pero basta revisar las listas, cotejar los lugares donde trabajan los pequeños accionistas e inversores, y eso nos lleva directamente a las empresas que están detrás de todo esto”
La subasta se inició el 11 de noviembre de 1991, después de que el Estado liquidó el Banco Capitalizador y Mercantil, fusionó el financiero con el Banco de Desarrollo y completó al saneamiento
Las irregularidades fueron posibles por la falta de mecanismos efectivos de supervisión y control del sistema bancario Este hecho no fue corregido en las reformas al marco regulatorio introducidas por ARENA, subrayaron los economistas Alexander Segovia, del Centro de Investigación Técnica y Económica (CENITEC), y Francisco Sorto, de la Dirección de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) Por el contrario, se redujo el papel del Banco Central de Reserva, el cual quedó impedido de interferir la actividad de la banca comercial a partir de su nueva ley orgánica, del 12 de abril de 1991
El organismo creado para sanear la banca, el FOSAFFI, no tomó medidas contra los atrasos en la deuda de las grandes empresas privadas salvadoreñas y de políticos allegados al gobierno, al no incluirlos en la lista de morosos y de créditos irrecuperables Este indulto financiero, o condonación de deuda, no declarada abiertamente, arrojó un manto de olvido sobre inversiones poco felices de la iniciativa privada salvadoreña y atenuó los daños sufridos por el sector empresarial durante el enfrentamiento civil, al trasladar la carga a las finanzas públicas
En un informe ante la Cámara Americana de Comercio, en abril de 1990, el director del Banco Central Roberto Orellana, precisó que el 35% de la cartera de las instituciones bancarias, fue clasificada como irrecuperable y se solventó con la emisión de bonos estatales, cuyo objetivo era “recuperar el patrimonio que tenían los bancos”, “devolverles solidez” y “ofrecer garantías a los depositantes”
“Las pérdidas del sistema financiero fueron socializadas —explicó el economista Alexander Segovia—, el Banco Central se vio obligado a expandir su masa monetario y la sociedad salvadoreña perdió capacidad de compra”
El proceso de saneamiento fue controlado por la Superintendencia del Sistema Financiero, a la que se le otorgaron poderes extraordinarios, por encima del Banco Central, y estuvo dirigido por José Luis Avalos, quien pertenece al grupo Desarrollo-Corfinsa El director de Corfinsa, Roberto Hill, se caracterizó por estimular la adquisición compulsiva de acciones del Banco de Desarrollo e Inversión, cuya venta desató un verdadero escándalo en marzo del año pasado, al poner en evidencia el avorazamiento de algunos grupos de inversión sobre “la piñata financiera”
Los títulos del Banco de Desarrollo se agotaron dos horas después de ponerse a la venta La subasta se cerró al día siguiente, sin esperar los 120 días de plazo que establece la ley
En vísperas del remate, Roberto Hill, experimentado miembro de una familia de ejecutivos bancarios que en los años 70 encabezaron los directorios del Banco Cuscatlán, del Banco de Comercio y de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, distribuyó, con su firma al pie un auténtico manual sobre cómo adquirir acciones utilizando el crédito público, cómo eludir las disposiciones antimonopolio a través de prestanombres, organizados en grupos de doce, y cómo transferir la representación de los derechos de los accionistas nominales a favor del grupo Corfinsa, que él encabeza
“La Junta General de Corfinsa —subraya el manual— apoyó la decisión de comprar acciones del Banco de Desarrollo e Inversión y, en base a ello, hemos diseñado una mecánica para proceder a la compra de acciones inmediatamente después de que se inicie la venta, con miras a que los socios de Corfinsa, a través de grupos de doce personas naturales, salvadoreñas y mayores de edad, adquieran cada uno 100,000 colones (11,764 dólares) de acciones a valor comercial”
Mediante este mecanismo, “Corfinsa envió a sus empleados, ordenanzas, barrenderos, vendedores ambulantes, y cuanto andaba por ahí, a las ventanillas del banco”, precisó el diputado Villacorta Como si se tratara de unidades de despliegue rápido, los grupos llenaron formularios, se acopiaron a los créditos del FOSAFFI, por 85,000 colones salvadoreños (10,000 dólares) cada uno, y se trasladaron a las oficinas del Grupo Corfinsa, el cual se encargó de completar la cuota de cada pequeño accionista, aportando sólo el 15% de capital líquido
A pesar de insistir en la “transparencia” de la privatización, la prensa local denunció que centenares de estudiantes fueron utilizados para reservar acciones del Banco de Comercio, puesto a remate en octubre
En 1992 se subastaron cinco entidades: los bancos Agrícola Comercial, Cuscatlán, de Desarrollo e Inversión, Salvadoreño y de Comercio Aún están pendientes la venta de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo y el saneamiento del Banco Hipotecario para su posible venta
El Banco Hipotecario es un caso aparte Fue el único que no fue afectado por el decreto de expropiación Su director durante 17 años, quien fue dos años Presidente de la República, Alvaro Magaña hizo circular la versión de que era el “banco de los militares”, por lo que nadie se atrevió a investigar sus operaciones El Banco Hipotecario sufrió un desfalco de 360 millones de dólares por créditos concedidos a políticos influyentes que después no pagaban, según pudo comprobar una auditoría del Citybank hecha en 1987
Entre los deudores morosos figuraba el ya fallecido mayor Roberto D`Abuisson, fundador de ARENA, ministros, embajadores, presidentes de otras instituciones bancarias y altos funcionarios gubernamentales A fines del 1989, el gobierno dispuso la intervención del Banco Hipotecario, y otra vez repartió democráticamente las pérdidas, con una emisión de bonos por 90 millones de dólares, mucho más de lo que el Estado asigna anualmente a educación

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