Saldo de la ocupación militar, del 18 al 30 de septiembre de 1968

Saldo de la ocupación militar, del 18 al 30 de septiembre de 1968
Informes de 37 dependencias de la UNAM: Los soldados se llevaron muebles, equipos y hasta dinero en efectivo
Sonia Morales
La toma de Ciudad Universitaria por el Ejército en septiembre de 1968, que en términos materiales costó a la UNAM más de dos millones y medio de pesos de aquel entonces, no afectó al edificio de la Biblioteca Central, que albergaba el archivo de los sucesos relacionados con el movimiento estudiantil Este material fue “desaparecido” unos días después por sus propios custodios

La directora del Archivo Histórico de la UNAM en 1968, Ana María Rosa Carreón Arias, quien recopiló y catalogó casi todo lo que generó el movimiento estudiantil de ese año —volantes, desplegados, manifiestos, fotos—, reconoce que tuvo que “desaparecer” el material
“Se me dio la orden: ‘Destruye todo lo que hay del movimiento de 1968′”, dice Ana María, y aclara que toda esa recopilación y clasificación las había realizado ella con su equipo de trabajo “bajo mi estricta responsabilidad y sin subsidio especial o institucional” Pero después de dicha orden, relata, todo quedó reducido “a un paquetito de no más de tres centímetros de espesor”
La investigadora de archivos como el de don Porfirio Díaz, que a principios de la década de los 50 estuvo en poder de la UNAM y que ahora se encuentra en la Universidad Iberoamericana, aún se pregunta si la disposición de destruir el archivo del 68 fue producto de diferencias de criterio o resultado del temor a que creara problemas o se convirtiera en una “bomba de tiempo”
Recuerda que el día que el Ejército entregó las instalaciones universitarias al director general de Administración, Ernesto Patiño Hernández, y al director de Patrimonio Universitario, Octavio Roca Marín, el edificio de la Biblioteca Central estaba incólume: “Ni siquiera un vidrio roto”
Sin embargo, de por lo menos 37 facultades, escuelas, dependencias, preparatorias e instalaciones en general, la UNAM calculó, entre destrozos, pérdidas y robos, un total de 2 millones 517,730 pesos con 45 centavos de aquel año, según consta en el informe que guarda el Archivo Histórico de esa institución, ubicado en el edificio que alberga la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional
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Después de la manifestación encabezada por el entonces rector Javier Barros Sierra, la historiadora de la Facultad de Filosofía y Letras —actualmente jubilada—, Ana María Rosa Carreón, decidió que todo eso que los universitarios hacían por defender a su institución “no podía perderse”
Entonces “comencé a hacer barbaridades”, a actuar “temerariamente” tomando fotos “bajo mi costo y total y absoluto riesgo, porque nadie me ordenó hacerlo”
Recuerda que empezaban a funcionar los comités de huelga, y determinó que todo “aquel volanteo” que se generaba y quedaba tirado en los terrenos universitarios “era importantísimo recuperarlo Bajo mi total responsabilidad empezamos a hacerlo Diariamente se recogían todos los volantes —o la mayoría— que sacaban los comités de huelga, todos los documentos que salían en las manifestaciones Los organizábamos por procedencia, y se hacía un fichaje de numeración progresiva, diariamente Después, todo iba a la bóveda de seguridad” del octavo piso de la torre de la Biblioteca Central, donde se encontraba el Archivo Histórico de la UNAM, dependiente de la Dirección General de Bibliotecas
Ana María vuelve a vivir aquellos momentos difíciles Acepta que todo lo que recopilaban era público, pero que representaba “una bomba de tiempo, un foco subversivo Trabajábamos con mucha discreción, con cierta o bastante preocupación —no podíamos negarlo—, pero nunca tuvimos ningún percance”
Era, dice, “un valioso acervo, si no completo, sí valioso, porque se recogían las inquietudes directas, ya manipuladas por ciertos sectores o cabezas, pero plasmadas en el ámbito estudiantil, en la base” Y en forma paralela, ella tomaba fotos transparencias en su mayoría— y compraba —”de mi peculio”— los principales periódicos y revistas hasta integrar un gran acervo hemerográfico “que espero sigan conservando en el archivo” De acuerdo con declaraciones de la actual directora del Archivo Histórico, Celia Ramírez, en éste “existe una buena colección de periódicos completos” de la época del movimiento (Proceso 882)
Insiste Ana María en que, “a la luz del problema político del momento”, el trabajo que estaba realizando “no dejaba de ser una acción subversiva”, y relata que la noche del 18 de septiembre, cuando el Ejército tomó Ciudad Universitaria, todo lo archivado sobre el movimiento estudiantil se había quedado fuera de la bóveda de seguridad, pues lo habían sacado para realizar trabajos de clasificación
Buscó entonces a la directora general de Bibliotecas, Alicia Perales, sin éxito Alrededor de la tres de la madrugada, localizó a la secretaria, quien le informó que la directora no se encontraba y le dijo que ella no se preocupara, que esperara indicaciones
Cuando las instalaciones de Ciudad Universitaria fueron entregadas por el Ejército —30 de septiembre—, lo primero que hizo fue correr al octavo piso: “Todo estaba ahí tal cual Se recogió todo y dijimos: ‘Se acabó toda acción de esta naturaleza’, pero seguí recogiendo volantes que se integraron; continúe comprando el periódico El que tenía en casa cuando se produjo la ocupación, lo integré al total de los documentos”
Sin embargo, unos días después de que la propia directora de Bibliotecas le dio el acta de entrega del edificio de la Biblioteca Central, para el Archivo, la llamó y, en forma verbal, le ordenó destruir todo el material que había coleccionado, además de las fotografías “No fue indicación, fue una orden verbal”, recalca, y justifica:
“No quiero acusar ni responsabilizar a nadie Había mucho temor Aunque sí hago un juicio: No es lo mismo manejar una biblioteca y su acervo, que manejar un archivo y sus documentos; y de quien dependía el Archivo Histórico era finalmente una bibliotecaria con cuyos criterios, en muchísimas ocasiones, no coincidí”
—¿Esa orden se dio a pesar de que el contenido de la documentación era público?
—Aun así Quiero justificar y no Caracteres, temperamentos, criterios de perspectiva, idea de lo que es un archivo, o de lo que no es un archivo, temor; temor a qué se puede decir y qué se puede conservar, hasta qué punto te puede involucrar, a que sea una bomba de tiempo, o que cree dificultades a futuro
Considera que “hay tal amalgama de condiciones, de manejo de la condición humana, que no es fácil acusar o calificar los hechos”
Esa orden verbal la acató “en parte”, confiesa ahora
“A pesar de que se había utilizado para el control de esta documentación tiempo y trabajo del personal del Archivo Histórico —dije—, esto desaparece; pero no se va a quemar ni a destruir; se va a rescatar, y asumo la absoluta y plena responsabilidad A partir de ese momento, transferí la documentación, a total resguardo, fuera del país, donde permanece”
—¿Cuándo la va a traer?
—Estamos a 25 años El 2 de octubre son 25 años Estoy consciente de ello
Veinticinco años que, dice, son los que la ley establece de “reserva de dominio”
—¿Qué va a hacer con el archivo? ¿Lo traerá a México?
—Lo entregaré a la universidad, aunque las fotos quizá no
Dice que son muchísimos rollos de transparencias que contienen imágenes de las asambleas, de los mítines, marchas, el Ejército “camuflado” en Ciudad Universitaria, el mural efímero de Cuevas
Se le insiste en que revele el lugar donde está la documentación, y reitera que “fuera del país”
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En el llamado “Archivo de rectoría” de 1968, que resguarda el Archivo Histórico de la institución, existe la catalogación del informe de las dependencias que reportaron pérdidas después de la toma por el Ejército de las instalaciones universitarias
Un engargolado con pastas azules y con el título “Dependencias que reportaron pérdidas con motivo de la ocupación del Ejército en Instituciones de la UNAM”, incluye datos de 37 dependencias, como facultades, institutos de investigación, escuelas, preparatorias, oficinas administrativas e, incluso, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior, que reportó daños por 21,088 pesos de entonces
Máquinas de escribir, cámaras, proyectores de rayos “X”, fueron pérdidas comunes en diversas dependencias, pero la descripción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia especifica: “No se encontró una silla que se le prestó al general Toledo; tampoco se encontró la mesa que se le prestó al mismo general, con un costo de 200 pesos” En términos económicos, la facultad calcula el daño en 72,92950 pesos
El general Hernández Toledo fue quien comandó la ocupación de Ciudad Universitaria, y el 2 de octubre —también iba al frente del Ejército— fue de los primeros en caer herido en la plaza de Las Tres Culturas, en Tlatelolco
La Facultad de Comercio y Administración dio cuenta de la desaparición de “una bandera bordada en oro con descripción ‘Facultad de Comercio y Administración’, además de la base” Lo mismo sucedió en las escuelas nacionales de Economía y Odontología Daños en Comercio: 43,41475 pesos; en Economía: 96,037; en Odontología: 32,00725 pesos
Tras del bazukazo y ocupación de la Preparatoria Número 1 por parte del Ejército, se emplearon 2,400 pesos en “reparación y reposición de piezas de cantera de la entrada del edificio”, así como 5,600 por reposición de diversos trabajos de albañilería El total de lo invertido para reparar las preparatorias Justo Sierra y de San Ildefonso, en el centro de la ciudad, fue calculado en 144,64609 pesos
Además de la pérdida de proyectores, microscopios, cámaras de cine, dinero en efectivo —correspondiente a fondos de profesores o de la propia facultad o escuela por pagos de exámenes u “otros pagos menores”—, se reportaron objetos personales perdidos, como ocurrió en el caso del doctor Daniel Reséndiz, de la Facultad de Ingeniería, a quien le fue robada una cámara Cannon Dial por 1,500 pesos y un juego de plumas por 400 pesos, independientemente de los daños ocasionados a su automóvil Rambler American que había dejado en el estacionamiento
Las instituciones que informaron de mayores pérdidas y daños fueron: Medicina, 511,03295 pesos; Preparatoria Número 1, 250,92225; Preparatoria “Vidal Castañeda y Nájera” No4, 259,58035; Ingeniería, 252,256; Facultad de Filosofía y Letras, 130,36455, y Facultad de Ciencias, 113,34531 pesos
La relación incluye a los institutos de Física, Geofísica, Geología, Investigaciones Biomédicas, Investigaciones Filosóficas y Biología; las facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Derecho, Filosofía y Letras, Ingeniería, Química; la Coordinación de Ciencias; Laboratorio Nuclear; las direcciones generales de Difusión, Actividades Deportivas, Intercambio Académico y Cultural, Publicaciones, Administración, Conservación, Servicios Médicos, Orientación y Servicios Sociales, Personal, Obras e Instalaciones, así como al Departamento de Distribución
El “Archivo de rectoría” contiene también documentos administrativos, invitaciones al rector para la realización de actos públicos y privados en universidades o instituciones, nombramientos de personal y autorizaciones de compra
En el mismo archivo, pero específicamente del Consejo Universitario, existen cartas-citatorio a las sesiones de ese órgano y a las reuniones de comisiones; intervenciones sobre modificaciones a planes de estudio; transferencia de partidas, y autorizaciones a alumnos para que presenten exámenes extraordinarios y puedan volver a inscribirse, como la del 5 de enero de 1968 para el alumno de la Facultad de Derecho José R Carreño Carlón, quien tenía tres materias reprobadas en el primer año de la carrera
El libro El Consejo Universitario, sesiones de 1924 a 1977, consigna el resumen de la sesión del 15 de agosto de 1968 e incluye la del 20 de diciembre, en la que Ricardo “Guerra pidió autorización, que le fue concedida, alterando la orden del día, y propuso un voto de confianza al Rector por parte del Consejo Universitario y le ratifique su adhesión por su actuación pasada y futura, por su actitud ante el conflicto El Rector agradeció esta demostración de confianza que, dijo, es un estímulo, pero declinó este voto porque estima que el simple cumplimiento del deber no lo amerita”
Sin embargo, el acta de dicha sesión —en el archivo del Consejo Universitario— añade que Gustavo “Romero Kolbeck dijo que, por el hecho de que ha habido comentarios de gentes ajenas —incluso algunos egresados de la universidad—, sería oportuno que en las referencias de los periódicos a la sesión aparezca claramente el voto de confianza”
En el punto 18 de la sesión “se propuso y aprobó el informe de la comisión especial designada para redactar un documento que contiene las demandas que presenta la universidad con motivo de los acontecimientos de 1968, mismo que ratifica el Consejo en pleno”
Dicho documento reclamaba “el respeto irrestricto a la autonomía universitaria, que se proclama y garantiza por el orden legal de la República; la observancia del artículo 16 constitucional en relación con la inviolabilidad de los recintos universitarios, y el reconocimiento de que la libertad de expresión es esencial para el cabal cumplimiento de las funciones propias de todos los centros de enseñanza superior del país” Asimismo, pedía que “el gobierno reconozca la definición de autonomía universitaria en los términos en que fue formulada por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en nombre del Consejo Universitario y con la representación del mismo en noviembre de 1966”
Los puntos dos y tres exigían la no intervención del Ejército o de otras fuerzas del orden público en centros de enseñanza superior y demandaban “la reparación del daño sufrido” por la ocupación
El Consejo Universitario “manifiesta su apoyo” a las demandas planteadas en el movimiento, “sin que por esto se constituya en intermediario o gestor”
El documento se refería al “respeto de las garantías individuales y sociales que consagra la Constitución”; reclamaba “la libertad de los estudiantes presos y la indemnización en favor de las víctimas de los recientes acontecimientos”; exigía “la determinación de la responsabilidad de las autoridades involucradas”; demandaba “la sujeción de las funciones de las fuerzas públicas a los lineamientos de la Constitución Federal, la supresión de los cuerpos policiacos represivos y la derogación de los artículos relativos al llamado delito de ‘disolución social'”; y reclamaba “la libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos o ideológicos”
En 1969, en la sesión del 12 de octubre, “el exconsejero suplente de la Escuela Nacional de Economía, Miguel Sandoval Lara, pidió autorización para dar lectura a un escrito dirigido al Consejo Universitario, por algunos de los alumnos de esta universidad, detenidos como presos políticos El rector propuso se haga un estudio del contenido del escrito y se aprobó, para decidir el trámite, bien turnarlo a la Comisión competente del Consejo, o en su defecto, que la presidencia del propio Consejo estudie la iniciativa pertinente para presentarla a este cuerpo”
Como estos, son muy pocos los documentos oficiales que, integrados a archivos clasificados y con acceso al público en la UNAM, pueden permitir una investigación de los sucesos que, en 1968, conmovieron a la máxima casa de estudios y a todo el país

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