Procesos Irregulares Contra 35 Presuntos Guerrilleros, Incluida La Mexicana Raquel Gutiérrez

Procesos irregulares contra 35 presuntos guerrilleros, incluida la mexicana Raquel Gutiérrez
El Congreso de Bolivia documenta torturas, reclama justicia, y nadie lo escucha
Salvador Corro
Encarcelados en Bolivia desde hace cuatro años, acusados del delito de “alzamiento armado”, 34 bolivianos y la mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar no han sido juzgados, pese a que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de ese país comprobó que “fueron obligados mediante tortura a autoincriminarse”

No obstante el informe emitido por los legisladores a mediados de 1995, que documenta la violación de los derechos humanos de los detenidos, éstos no sólo no han sido liberados, sino que su proceso se encuentra paralizado desde hace más de un año, informó Mary Carrasco, abogada de los 14 integrantes del grupo de acusados perteneciente al Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), del cual forma parte la mexicana
Raquel Gutiérrez Aguilar, quien en septiembre pasado estuvo diez días en huelga de hambre como medida de presión para reactivar su proceso, está encarcelada desde abril de 1992, acusada de catorce delitos y de participar en el EGTK, cuya existencia se conoció el 4 de julio de 1991, cuando voló tres torres de alta tensión
El EGTK, uno de los cuatro grupos armados en Bolivia que tiene adeptos encarcelados, prácticamente desapareció, poco tiempo después, luego de que el gobierno detuvo a sus principales dirigentes Ninguno de los acusados ha visto al juez que tiene que seguir el juicio, “algo común en Bolivia, donde con mucha facilidad la justicia tarda y generalmente no llega”, dice Mary Carrasco
La abogada, entrevistada por el periodista Jaime Iturri Salmón —la grabación correspondiente fue entregada a Proceso—, señala que la lentitud de la justicia boliviana es especialmente frecuente en “los juicios denominados políticos”
En el caso de los integrantes del EGTK se trata de una demora “descarada por parte del acusador, que es el Estado No le interesa llegar a una sentencia Lo que quiere es mantenerlos presos, y cree que con la privación de libertad está salvando a la sociedad de gente ‘problemática'”
Explica que, lamentablemente, en esta clase de juicios “privan los intereses políticos Lo correcto sería que en el curso de unos ocho meses a lo sumo, el proceso esté concluido, tomando en cuenta que están presos desde hace cuatro años”
Carrasco sostiene que el proceso se encuentra lleno de aberraciones jurídicas, “porque se está queriendo procesar y sentenciar a gentes que piensan diferente Pero no hay un solo muerto en este proceso, no hay un solo robo fehaciente que acuse a ninguno del grupo Acusar a ocho ciudadanos de catorce delitos, realmente es irracional”
La investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia, dada a conocer en un libro de 251 páginas, confirmó que “la tortura, los malos tratos, las vejaciones son parte de las técnicas de interrogatorio, y quienes las practican justifican esta conducta como un mal ‘necesario'”, pues consideran que el “fin supremo” es “la defensa del Estado”
La comisión “encontró suficientes motivos para procesar a los autores de violaciones de este tipo y para que se reparen daños ocasionados por una aplicación torcida y prejuiciada de las leyes
“El principio que se reivindica, y que se intenta recuperar, es que el Estado no puede reprimir la violación de las leyes, violándolas él mismo En otras palabras, lo que la comisión se propone es dejar sentados precedentes contra aquella impunidad que alienta al llamado ‘terrorismo de Estado'”
El presidente de la comisión, Juan del Granado Cosío, declaró que con el encarcelamiento de los catorce guerrilleros del EGTK “se entendió que el Estado, en circunstancias como esta, queda liberado del cumplimiento de las normas legales Creo que se hizo un pésimo servicio a la consolidación de un sistema democrático, porque el conocimiento de estos hechos puede desvirtuar todo lo que significa el andamiaje institucional de un país y una democracia”
Dijo que el gobierno “acudió al terrorismo de Estado, apeló a la ilegalidad, violentó los derechos humanos y, a partir de ello, en aquel momento creó peligrosísimas condiciones para la generalización de la violencia en el país”
Una vez aprobado por la Cámara el requerimiento planteado en el informe, “debe pasarse de inmediato a la administración de justicia (contra) los funcionarios policiales, fiscales y judiciales que han intervenido La idea fundamental es que estas conductas no queden solamente en la denuncia, no solamente en el informe () Se deben establecer sanciones penales, pero además estamos planteando que se restablezcan, así sea mínimamente, los derechos constitucionales de quienes sufrieron las violaciones y los atropellos Esto significa al menos reempezar los juicios”
Raquel Gutiérrez Aguilar es licenciada en matemáticas, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de México De estatura mediana, muy delgada, de piel blanca, está confinada en un dormitorio común con otras 40 internas del Centro de Orientación Femenina, en la ciudad de La Paz
Mientras espera su proceso, escribió el libro Porque queremos seguir siendo rebeldes, es necesaria la subversión de la subversión, en el que analiza la lucha armada como vía del cambio social
En el informe se reproduce su relato sobre las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida Después de recibir descargas eléctricas, golpes y otros tormentos, cuenta, “me llevaron donde Alvaro (García Linera, su esposo, de nacionalidad boliviana) otra vez y me volvieron a decir que lo viera ahí () Estaba en una especie como de baño de esos de pozo séptico, es decir, un cuartito con unos hoyos () Yo estaba por ahí sentada; me hacían verlo así, con mucha sangre, con muchos excrementos, con vómitos, muy feo ‘Mira, y le vamos a empezar a aplicar corriente ahora’, y lo hicieron () Lo golpearon y le pasaban corriente, y Alvaro gritaba”
Los familiares de Gutiérrez Aguilar, radicados en México, demandan la intervención de la embajada mexicana en Bolivia para que se le aplique un proceso justo, en el que se anulen las acusaciones derivadas de las autoinculpaciones, porque de los delitos que se le imputan no existen pruebas
De aplicarse la ley, el único delito por el cual se le podría responsabilizar es el de portación de documentos falsos, pues el resto de las declaraciones le fueron arrancadas bajo tortura, como consta en el informe de los legisladores
Por último, la defensa, los legisladores y los familiares coincidieron en señalar que la embajada de Estados Unidos en Bolivia ha estado presionando a las autoridades bolivianas para que se prolongue el proceso
El 29 de noviembre de 1993, según consta en el informe, el Departamento de Estado manifestó que “el gobierno norteamericano se sentiría ultrajado porque un grupo autodenominado Pro-amnistía estuviera buscando la libertad de más de 50 terroristas, mismo que en repetidas ocasiones se ha acercado a destacados miembros del Congreso de Bolivia, buscando apoyo legislativo para sus iniciativas, y tenemos información de que se les ha alentado en sus propuestas”

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