Ejército y DFS ejecutaron a los “desaparecidos”

La CNDH está a punto de dar a conocer el informe final de su investigación sobre la guerra sucia de los años setenta y ochenta Partes del informe, entregadas por adelantado a Proceso, corroboran en forma documental la sospecha generalizada —y periodísticamente denunciada en las páginas de este semanario a lo largo de sus 25 años de existencia— de que por lo menos 200 de los 532 “desaparecidos” de aquella etapa de represión fueron en realidad ejecutados Los responsables: el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad
En su informe final sobre la investigación de los 532 casos de presunta desaparición ocurridos entre 1970 y 1980, dentro de la llamada “guerra sucia”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) logró establecer de manera puntual que 200 de esas personas fueron detenidas y retenidas ilegalmente en cárceles clandestinas, así como torturadas y ejecutadas —en la Ciudad de México, en su mayoría— por agentes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS)
Con base en evidencias obtenidas en 18 estados y a lo largo de casi 19 meses de trabajo ininterrumpido —antecedentes de quejas, testimonios de víctimas y familiares, documentos e informes oficiales, archivos policiacos, inspecciones oculares y pruebas periciales—, la CNDH pudo reconstruir, así mismo, las atrocidades cometidas por lo menos por media docena de altos oficiales del Ejército, especialmente por los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo
Los dos exintegrantes de la Brigada Blanca participaron en actividades de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, en la disolución del Partido de los Pobres, en la batida contra el jefe de la guerrilla rural, el profesor Lucio Cabañas, y antes y después del secuestro de Rubén Figueroa Figueroa
Por delitos de lesa humanidad, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo tenían acumuladas hasta agosto pasado 65 averiguaciones previas en la Procuraduría General de Justicia Militar, independientemente del proceso penal que se les sigue por sus presuntos vínculos con el narcotráfico
Apoyado por un grupo de 80 personas y por los responsables de las cuatro visitadurías, el primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia, logró también confirmar la muerte, en un tiroteo con la policía, de decenas de personas, entre ellas Jesús Piedra Ibarra, hijo de la dirigente del grupo Eureka, Rosario Ibarra de Piedra; pudo dar con el paradero de personas reportadas como desaparecidas; alcanzó a determinar con exactitud el último momento en que algunas de las víctimas fueron vistas con vida, antes de desaparecer; consiguió demostrar que algunas víctimas permanecieron encerradas en instalaciones militares, incluido el Campo Militar Número Uno, y logró ubicar sitios donde el grueso de los desaparecidos fue vejado, asesinado y sepultado
Concentrados en 180 mil hojas, los resultados de la investigación aclaran y ponen nombres, fechas y lugares de hechos contrarios a la ley que el viejo sistema político ocultó e, inclusive, alteró y desvirtuó por espacio de 30 años, con un claro propósito de burlar la acción de la justicia
Con rigor histórico y jurídico jamás hecho antes por institución alguna, el organismo dirigido por José Luis Soberanes documenta un buen número de flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo —golpes con las manos o con objetos obtusos en diferentes partes del cuerpo, inmersión de la cabeza en un tanque de agua sucia, al punto de la asfixia, choques eléctricos en genitales y partes sensibles del cuerpo, ejecuciones simuladas con arma de fuego, amenazas a familiares—, de cuya conducta se desprenden de manera natural una serie de responsabilidades de carácter penal en contra de exservidores públicos y exjefes policiacos, en particular aquellos que tuvieron bajo su responsabilidad entre 1970 y 1980 la seguridad nacional
En primer término, destaca el nombre de Miguel Nazar Haro, director de la DFS de 1978 a 1982, a quien se atribuye la paternidad de la Brigada Blanca, grupo parapoliciaco clandestino que, según testimonios de víctimas y familiares de éstas, estaba compuesto por agentes de la DFS, la Policía Judicial Federal, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, así como por militares y por diferentes policías estatales y municipales
Al frente de la Brigada Blanca, Nazar Haro, uno de los pocos sobrevivientes de esa época, que actualmente brinda asesoría a diversas corporaciones policiacas y empresas de seguridad, se encargó de desmembrar a la Liga 23 de Septiembre y a todo lo que oliera a guerrilla y grupos subversivos entre las décadas de 1970 y 1980
Dentro de las 2 mil hojas de conclusiones del informe de la CNDH, aparecen también tres exdirectores de la DFS: Fernando Gutiérrez Barrios, Javier García Paniagua y José Antonio Zorrilla Pérez Gutiérrez Barrios falleció en octubre de 2000; García Paniagua murió el 24 de noviembre de 1998 y Zorrilla purga sentencia en el Reclusorio Norte por el asesinato del periodista Manuel Buendía, ocurrido en 1993
En la lista que José Luis Soberanes dará a conocer a la opinión pública en los próximos días e inmediatamente después entregará al presidente Vicente Fox, con el propósito de que las autoridades competentes hagan los deslindes legales correspondientes, aparecen excomandantes de la DFS, entre ellos José Salomón Tanús, Jesús Miyazawa Álvarez, Jorge Obregón Lima, Rafael Chao López, Rafael Rocha Cordero y Raúl Mendiolea Cerecero
Ahí están también los jefes de la DIPD del Distrito Federal, Arturo Durazo Moreno y Francisco Sahagún Baca El primero murió hace poco y el segundo desapareció
Las mentiras
El primer intento por poner punto final a ese oscuro capítulo en la historia de México, ocurrió durante el gobierno del presidente José López Portillo Sin embargo, a pesar de comprometerse a realizar una “búsqueda honesta, profunda” para dar con el paradero de los desaparecidos, sus colaboradores se burlaron de los familiares de las víctimas
Por ejemplo, en 1979, en vísperas de la llegada del Papa Juan Pablo II y frente a los reclamos de Amnistía Internacional, el entonces procurador general de la República, Oscar Flores Sánchez, dio a conocer a la prensa nacional y extranjera el primer informe oficial sobre una lista de 314 desaparecidos políticos El funcionario aseguró, categórico, que 154 personas habían fallecido en enfrentamientos con la policía; del resto, comentó que se fugaron o murieron sin identificación
Después de haber realizado 45 mil interrogatorios e investigado el paradero de cada uno de los 314 desaparecidos, Flores Sánchez dijo, ufano: “En México ya no hay desaparecidos políticos; lo que hay son desconocidos”
Según el procurador, de los 160 que no fueron identificados como muertos en enfrentamientos, tres estaban sentenciados y recluidos en diferentes cárceles; 89, prófugos; 18 fueron ajusticiados por compañeros de sus propios movimientos; 26 no tienen antecedentes delictivos; 20 murieron en riñas entre grupos antagónicos; dos fallecieron al tratar de escapar en prisión; uno murió cuando elaboraba una bomba casera y otro más por enfermedad
Afirmó que no existía la Brigada Blanca; que en el Campo Militar Número Uno no había presos civiles; que en México no existían cárceles clandestinas, y que la policía y el Ejército no torturaban a los detenidos
Con la amnistía a presos políticos, López Portillo pretendió entonces congraciarse con las madres y esposas de los desaparecidos, encabezadas por Rosario Ibarra, pero ni así pudo acallar las voces que desde aquel tiempo exigían justicia
En 1982, el procurador General de Justicia del estado de Guerrero, Edmundo Olguín Rodríguez, cerró de plano el capítulo de los desaparecidos en esa entidad “Es mejor decirlo así, aunque sea doloroso: será difícil encontrar a los desaparecidos por motivos políticos; no hay esperanzas de hallarlos Hemos buscado en los archivos, pero no hay nada”
Con el país hecho trizas y las principales corporaciones policiacas contaminadas por el narcotráfico y la corrupción, Miguel de la Madrid no hizo mayor cosa por la causa de los familiares de los desaparecidos, salvo realizar una por encimita en los aparatos de seguridad, con la desaparición de la DFS y de la DIPD
En su libro La Charola, una historia de los servicios de inteligencia en México, Sergio Aguayo Quezada cita una declaración de De la Madrid que da idea de cómo se manejaron las cosas entonces: empecé a recibir noticias, información y chismes de que la DFS andaba mal Bartlett siempre defendía a Zorrilla Cuando se da el asesinato de (Enrique) Camarena y la fuga de Rafael Caro Quintero, Bartlett estuvo de acuerdo en que había que quitar a Zorrilla Sin embargo, me dijo que ya que era un elemento tan informado que le abriéramos una oportunidad política Y así fue como llegó de candidato a diputado por el estado de Hidalgo Al mes regresa Bartlett para decirme que había descubierto una gran cantidad de irregularidades y que no se le podía tener confianza a Zorrilla Que había que quitarlo de candidato
Además de eso nos enteramos de que extorsionaban a gobiernos locales, que sus análisis eran pobres y sesgados y que recibían dinero de gobiernos locales lo que dividía sus lealtades Reiteré la instrucción que había dado a Bartlett para que se creara una nueva entidad que no fuera de policías, sino de agentes de inteligencia
A partir de entonces, los servicios de inteligencia del gobierno mexicano quedaron en manos de Jorge Carrillo Olea, en cuya gestión floreció el espionaje político En el siguiente gobierno, Carrillo Olea llegó a la gubernatura de Morelos, pero no pudo terminar su gestión al descubrirse que la ola de secuestros desatada en la entidad estaba a cargo de la policía estatal, cuyo jefe era entonces Jesús Miyazawa, uno de los viejos sobrevivientes de la DFS
El segundo intento por esclarecer los hechos de la guerra sucia en México surgió en 1992 Con los archivos heredados de la dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, donde se habían acumulado las primeras denuncias formales de personas presuntamente desaparecidas en esa época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con Jorge Carpizo al frente, comenzó a trabajar sobre el asunto
Se tuvo que partir de cero porque los expedientes entregados por Gobernación estaban incompletos e intocados “Los expdientes contaban con una hoja de denuncia o formato sobre el presunto desaparecido, que incluía dos o tres datos generales de donde ocurrió la desaparición; a veces, incluía la ciudad y el nombre de alguna corporación”
Así, con el apoyo de dos agentes del Ministerio Público Federal y de 12 agentes judiciales, el organismo se dedicó a indagar el paradero de personas desaparecidas entre 1971 y 1974 en el estado de Guerrero, pero los resultados del denominado Informe de la Investigación sobre Presuntos Desaparecidos en el Estado de Guerrero durante 1971 a 1981 —dado a conocer en Proceso número 835, el 2 de noviembre de 1992— no convencieron a Carpizo por su debilidad Debido a esa situación, el documento se invalidó y se archivó
Los sucesores de Carpizo en la CNDH, Jorge Madrazo y Mireille Roccatti mantuvieron bajo llave los expedientes
En manos de Fox
Con el fin del priismo en las elecciones del 2 de julio de 2000, se fue también el temor de aclarar los casos de los desaparecidos Unos meses después de hacerse cargo de la CNDH y declarada su autonomía del Ejecutivo, José Luis Soberanes reactivó el Programa Especializado de Técnicas de Identificación Facial (Predes) y asumió el compromiso de desempolvar las denuncias sobre 480 casos vinculados a la llamada “guerra sucia”
“Conocer la verdad nunca daña; por el contrario, libera Es lo que necesitamos para reconciliarnos con el pasado”, declaró Soberanes en julio pasado
Y aclaró de paso: “No estamos aquí para hacer un ajuste de cuentas, sino para hacer justicia”
Después de casi 19 meses, Soberanes tiene listos los resultados, los cuales comprenden 180 mil hojas De los 532 casos investigados, poco más de 330 corresponden a hechos ocurridos en el estado de Guerrero y el resto en 17 entidades, entre ellas el DF, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Chiapas, Chihuahua, Baja California y Nuevo León
Antes de agregarse a última hora 50 expedientes más, 308 desapariciones tenían su origen en zonas rurales y 174 en zonas urbanas El 90% de los casos en la zona rural están vinculados con acontecimientos registrados en Guerrero, particularmente en la Sierra de Atoyac
He aquí el relato de una de las víctimas retenidas ilegalmente en cárceles clandestinas, cuyo testimonio forma parte del informe final de la CNDH:
Me llevaron a un lugar que no sabía cuál era, me golpearon, interrogaron y amenazaron, dándome luz del motivo por el cual estaba ahí; vendado de los ojos me trasladaron a una celda, que creo ocupaba el primero o segundo piso de una construcción, ya que subí algunas escaleras y posteriormente al bajar a identificar a una persona, no solo bajé la distancia que recordaba sino a un lugar que aparentemente era un sótano
El segundo día de cautiverio me sacaron; durante mi cautiverio estaba en otra celda con un muchacho de 20 o 30 años, con el que en alguna oportunidad, en la que se fue la luz, pude intercambiar algunas palabras, ya que todo el tiempo se escuchaba un radio a todo volumen Posteriormente, cuando me bajaron a identificar a una persona, luego de bajar tres pisos, llegué a un lugar donde me quitaron la venda, donde me percaté de que era un sótano porque la oscuridad era más densa y había movimiento inusitado; que antes de proceder a liberarme en las mismas condiciones que me atraparon, pidieron que me sacaran de la celda sin venda, que el último día de cautiverio me sacaron de la celda nuevamente, en esa ocasión el vendaje no era tan apretado y pude ver sobre mi ceja un ambiente con espacio alto en el que había postes de luz con luminarias; era un estacionamiento; me sacaron del lugar de cautiverio acostado en la parte de atrás de mi coche
En el lugar en el que me tenían detenido al bajar del coche caminé en una área plana, no subí ni bajé escaleras y comencé a sufrir el interrogatorio; luego me subieron a mi celda, supe que subí porque ascendí escalones, no sé si uno o dos pisos, era una escalera quizá de las comunes, que un edificio normal, quizá con algunos ocho o 10 escalones, con un descanso, no sé cuántos descansos eran, no recuerdo un pasamanos porque las tres veces que bajé y subí ( tres veces, interrogatorio, buscar domicilio de una persona, identificar una persona y la última cuando me sacaron de mi vehículo), quienes me llevaban iban a mi lado, las escaleras eran lo suficientemente anchas para que cupiéramos los tres No puedo ser preciso en cuanto a las dimensiones del lugar, en el que reinaba la oscuridad Era un cuarto oscuro, nada más
Las recomendaciones que se desprendan de los resultados de la investigación de la CNDH se harán públicas en medio de un clima de hostigamiento contra defensores de derechos humanos, y se entregarán, en sobre cerrado, al presidente Vicente Fox y éste decidirá si las canaliza a las instancias legales competentes para que se deslinden las responsabilidades correspondientes
Y esa tarea tiene que hacerla, por ley, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, con quien la CNDH no mantiene, por cierto, buenas relaciones

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