Abren archivos inocuos, 2 de octubre: pura retórica

El martes 2 de octubre, el gobierno de Vicente Fox anunció la apertura de los archivos oficiales relacionados con el movimiento estudiantil de 1968, que no incluyen los que están en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, y las dos únicas instancias autorizadas por el momento para obtener copias de esos documentos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), no le ven a la medida ningún alcance de tipo legal.
Salvo la necesidad de “conocer lo que ocurrió en realidad” y de cerrar ese oscuro capítulo de la historia de México, José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, da por descontado de antemano que el hecho de quitar los candados a los expedientes del 68 arroje evidencias contundentes para proceder penalmente contra los presuntos responsables de la represión en Tlatelolco porque, según declaró el miércoles 3, no se trata de una “cuestión jurídica, sino política”.
Exdirigentes estudiantiles y organismos no gubernamentales de derechos humanos han calificado la matanza de Tlatelolco como crimen de lesa humanidad. Según Soberanes, por el contrario, los delitos cometidos en aquel entonces ya prescribieron. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no resuelve si es procedente investigar tales hechos.
Soberanes argumenta que la propia Ley Orgánica de la CNDH constriñe sus funciones para indagar asuntos después de un año de ocurridos, que, aclaró, por cierto, no es el caso de la investigación en curso sobre las desapariciones forzadas porque ese asunto -dijo- lo arrastra el organismo desde que dependía estructuralmente de la Secretaría de Gobernación.
Dice el artículo 26 del capítulo I de dicho ordenamiento legal: La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los Derechos Humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.
Soberanes explicó, de paso, que en la CNDH no existe denuncia alguna sobre los sucesos ocurridos hace 33 años en la plaza de las Tres Culturas, y en respuesta a quienes proponen que se haga cargo del asunto planteó la inconveniencia de que el organismo se convierta en una “comisión de investigaciones históricas”.
Un día después de que el presidente Vicente Fox reconoció en el movimiento estudiantil de 1968 “uno de los antecedentes más importantes” en la construcción de la democracia” y de que el secretario de Gobernación, Santiago Creel, dio a conocer la decisión del gobierno de poner a disposición de la CNDH y de la PGR la llave de los archivos del 68 que se encuentran en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que ameritó, insólitamente, una edición extra del Diario Oficial de la Federación, Soberanes restó potencia también al anuncio gubernamental al afirmar categóricamente que la CNDH conocía desde julio pasado la información concentrada en el Cisen, con los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales.
Dijo: “Si en el Cisen existen otros archivos específicos del 68 o sobre hechos ocurridos antes de la década 1970-1980 es algo que no nos ha sido comunicado todavía por las autoridades; en tal caso, será importante conocerlos e igualmente los que tengan la Defensa Nacional y el Archivo General de la Nación sobre los hechos ocurridos hace 33 años en Tlatelolco”. (Los documentos del Archivo General, procedentes casi todos de la Secretaría de Gobernación, están a disposición del público desde hace varios años.)
Soberanes advirtió que si no se abren los archivos de la Sedena, si no se tiene la información completa, la investigación sobre los hechos en Tlatelolco será algo así como, ironizó, “un tornillo sin tuercas o viceversa”.

La impunidad

Por tratarse el 2 de octubre de 1998 de un acto “planeado, dirigido, coordinado y ejecutado” por funcionarios civiles y militares de alto rango, un grupo de exdirigentes estudiantiles encabezados por Raúl Álvarez Garín presentó en la PGR una denuncia penal de hechos por delitos de lesa humanidad contra Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, Marcelino García Barragán, Alfonso Corona del Rosal y Fernando Gutiérrez Barrios.
Dirigida entonces por Jorge Madrazo, actual cónsul de México en Seattle, la PGR desechó por razones de “economía procesal” entrar al asunto. En el oficio DGMT “A”/170/98, adujo que ya había vencido el plazo legal para proceder penalmente contra los presuntos responsables de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas. La fecha límite era, según la PGR, el 1 de octubre de 1998; esto es, un día antes de la presentación formal de la querella.
El 25 de septiembre de 2000, Proceso publicó un texto de Carlos Castresana Fernández, fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de España y autor de las denuncias con que se iniciaron los procesos contra las juntas militares de Argentina y Chile ante la Audiencia Nacional de España, en el que sostenía que “para que un delito pueda ser calificado como crimen contra la humanidad se requiere la participación en la ejecución de un plan concertado, llevado a cabo en nombre de un Estado que practica en forma sistemática una política de hegemonía ideológica. La definición se adapta a la perfección a lo que ocurrió en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Y también a lo que ha venido ocurriendo, en todo México, antes y después de esa fecha”.
Además, Castresana deshace el argumento de la PGR al apuntar que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles por naturaleza, de acuerdo con la resolución 3074 de las Naciones Unidas de fecha 3 de diciembre de 1973. Según ese acuerdo, “los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.
Inconformes con la decisión de la PGR, los exdirigentes del 68 presentaron, el 1 de diciembre de 1998, una demanda de amparo ante el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, Miguel Ángel Aguilar López. El 29 de abril de 1999, el juez Aguilar López concedió el amparo.
Pero la PGR interpuso, en mayo, un recurso de revisión y el asunto quedó en manos del Cuarto Tribunal Colegiado. Posteriormente, el 30 de junio, el Tribunal Colegiado turnó el expediente 968/99 a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está integrada por los ministros Olga Sánchez Cordero, Humberto Ramón Palacios, Juan Silva Maya, Juventino Castro y Castro y Jesús Gudiño.
Del asunto no se volvió a saber nada, salvo el sentido del proyecto de sentencia que propuso entonces la ministra Olga Sánchez Cordero, quien, a partir de una interpretación del artículo 21 constitucional -que regula las atribuciones del Ministerio Público-, se pronunció a favor de revocar el fallo del juez de primera instancia (Proceso 1247).
Sin embargo, por lo menos tres de los ministros de la Primera Sala, Castro y Castro, Silva Meza, y Gudiño Pelayo, no respaldaron a su compañera. Adujeron, por el contrario, que debía confirmarse la resolución del juez de primera instancia para que la PGR motivara y fundamentara conforme a su derecho su negativa para investigar, la cual, recordaron, omitió desde un principio.
Después de que la Corte “congeló” el caso y a instancias de los exdirigentes del 68, el 21 de diciembre de 2000, el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Martí Batres, presentó una iniciativa para tipificar el delito de desaparición forzada en el Código Penal Federal, la cual fue aprobada.
Una vez que entró en vigor la reforma, un grupo de familiares de desaparecidos políticos, encabezados por Rosario Ibarra de Piedra, presentó un nuevo paquete de 61 denuncias penales contra quien o quienes resulten responsables por la desaparición forzada de 552 personas en distintos regiones del país.
Desde hace un año, Fox había ofrecido “abrir las fuentes de información” sobre lo ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y adelantó, incluso, que una comisión especial se encargaría de analizar los hechos y que, de encontrar responsables, se “haría justicia conforme a las leyes mexicanas.
“El que la hace la paga”, prometió.

Comentarios

Load More