“Inversión” para la paz El gobierno de Colombia acabaría financiando a la guerrilla

BOGOTÁ.- Franco Londdo Pulixi, un sacerdote italiano de 71 años de edad, párroco de Mesetas (Meta), puede ser la clave para demostrar que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) mantienen secuestrados en la zona de despeje a los niños Clara Oliva Pantoja Mahecha, de nueve años, y Andrés Felipe Navas Suárez, de tres años.
El secuestro de ambos infantes -que ha escandalizado a la sociedad colombiana- es una tragedia que se suma a los 3 mil secuestros que las autoridades calculan que en este año perpetrarán los grupos guerrilleros colombianos para financiar buena parte de sus actividades.
Lo grave es que 71 casos, según las autoridades colombianas, han tenido relación con la llamada zona de “despeje”: una amplio territorio cuyo control fue cedido a las FARC como parte de las negociaciones para avanzar en el proceso de paz. Familiares de 54 de esas víctimas tuvieron que pagar millonarios rescates y dos fueron asesinados. Los restantes 19 siguen en cautiverio.
El secuestro de Clara Oliva y Andrés Felipe -negado por los altos mandos de las FARC- revivió, además, el debate sobre la ausencia de mecanismos de verificación de los acuerdos para la zona de despeje y mostraron la vulnerabilidad del proceso de paz en Colombia.

Más aún: trajo a colación un tema que por ahora este país no quiere enfrentar: cómo sustituir, durante el proceso de paz, los ingresos que las guerrillas obtienen mediante los secuestros, los impuestos a empresarios y el narcotráfico.
Y es que, según los expertos, financiar a la guerrilla durante dicho proceso costaría a Colombia no menos de 3 mil millones de dólares.

Los buenos oficios de Dios

El sacerdote Franco Londdo llegó a Colombia en 1961 en misión evangelizadora y encontró a un país que ya estaba sumido en la violencia política. Conoció de primera mano el surgimiento y la consolidación de las FARC, pues durante cuatro décadas ha sido el guía espiritual de buena parte de lo que hoy es la zona de distensión, la zona histórica de ese grupo guerrillero.
En 1984, cuando era párroco de Vistahermosa, tuvo que abandonar la región porque los paramilitares lo acusaron de ser simpatizante de la guerrilla. Entonces fue trasladado a Tibú, norte de Santander, otra zona de conflicto y el típico ambiente donde siente que se justifica su labor pastoral.
Después de que se inició el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, el padre Londdo volvió al Meta como vicario apostólico de Mesetas. En la región es famoso porque le hace honor a su nombre: “Es un hombre franco y bueno”, dicen los habitantes del municipio. Ha sido amenazado de muerte por quienes no entienden su labor, y aunque se le han presentado varias oportunidades para regresar a Italia y recuperar una vida tranquila y cómoda, ha preferido quedarse en medio de la pobreza y de la guerra. Considera que “esta linda tierra” se ha convertido en su patria.
Ganaderos, hacendados, campesinos, comerciantes y funcionarios públicos oyen sus consejos. Las FARC lo respetan porque lo conocen desde siempre. Ha bautizado a la mayoría de los guerrilleros de la zona. Son muchas las historias de campesinos que cuentan que los comandantes de las FARC han tenido que aguantar sus regaños cuando cometen excesos contra la población civil. “Él es capaz de meterle un puñetazo a un guerrillero que se meta con un campesino”, cuentan.
Éstas, fueron razones más que suficientes para que las familias de Clara Oliva Pantoja y Andrés Felipe Navas acudieran a él a través de su superior, el obispo del Ariari, monseñor Héctor López.
Con el visto bueno de sus superiores y el conocimiento de las autoridades, el padre Londdo hizo contacto con las FARC y logró que los comandantes del frente 43, a quienes se señala de tener a la niña, lo recibieran en compañía de dos familiares de la víctima.
Clara Oliva ha hablado dos veces con sus padres. Una de las llamadas fue detectada por los grupos Gaula antisecuestro como hecha desde un lugar cercano al municipio de Granada, ocho kilómetros adentro de la zona desmilitarizada y donde se llegó a planear un operativo de rescate. La segunda comunicación se realizó desde la estación de Telecom de Piñalito, jurisdicción de Vistahermosa. En los dos casos, los interlocutores fueron hombres que se identificaron como Rómulo y Sergio de las FARC. Estos hombres hicieron cuatro llamadas desde celulares y una desde un teléfono fijo, todos localizados en Granada.
Con base en esos datos, entre el jueves 22 y el viernes 23 de junio se diseñó el viaje de una hermana y un cuñado de Clara Mahecha, la madre de la niña, en avión hasta Villavicencio y luego, en compañía del párroco, en un vuelo chárter hasta San José del Guaviare. Allí los estaban esperando contactos de las FARC que los llevaron en una lancha ‘voladora’ durante una hora y media, por el río Ariari hasta un brazo del Meta llamado Charco Danto. Allí los recibieron dos comandantes que se identificaron como Agustín y Nacho. Un tercero, “gordo y con pinta de burgués”, según reveló una de las personas que estuvo con ellos, no se quiso identificar pero después se supo que lo llaman John 40. La madre de la niña ha dicho que tiene la certeza de que fue John 40 el que coordinó el secuestro. “Él tiene que responderme por la vida de mi pequeña”, insiste la señora de Pantoja.
El encuentro duró tres horas. Los secuestradores reconocieron que tienen a la menor y Agustín les dijo que el rescate no podía bajar de los mil 500 millones de pesos. Nacho, por su parte, reconoció que fue él quien, a comienzos del año pasado, estuvo a cargo del secuestro de don Manuel Pantoja, el abuelo de la niña y quien, según conocedores de la región, es un hombre que se hizo a pulso, primero en Mesetas y luego en Granada, donde lo secuestraron. Una vez liberado y tras pagar un multimillonario rescate que dejó quebrada a la familia, todos se trasladaron a vivir a Bogotá con la promesa de las FARC de que los dejarían en paz en los próximos tres años. Sin embargo, un año después, el 22 de marzo de este año, la pequeña Clara Oliva fue secuestrada en el norte de Bogotá cuando acababa de salir de su casa para el colegio. La familia les ha dicho a los secuestradores que sólo le queda una casa hipotecada y tres carros. Pero los hombres de las FARC no ceden.
Los familiares de la pequeña dicen que durante el encuentro en Charco Danto, los guerrilleros les aseguraron que la niña está en perfectas condiciones en compañía de otros niños, sin la presión de hombres armados y bajo el cuidado de una señora. Por eso, aseguraron los secuestradores, en las dos oportunidades en las que Clara Oliva habló por teléfono con sus padres no lloró y sólo se quejó del calor. “La tenemos tan bien que nos está saliendo muy costosa. Vamos a tener que cobrar más por eso”, dijeron.

Vivir del secuestro

Todos estos detalles son los que hacen que la madre de Clara Oliva y el padre Londdo no puedan creerle al vocero de las FARC, Raúl Reyes, quien la semana antepasada negó que las FARC secuestren niños para llevarlos a la zona de distensión. “Está probado técnicamente y en todas las formas que ellos la tienen -afirma la madre-. Pero así me la entreguen gracias a la presión de todo el país, nunca van a aceptar que son los culpables”.
Y el sacerdote dice: “Me causa maravilla la negativa de Reyes. No pueden negar que la zona de despeje es una guarida de secuestrados”. Sin embargo, le concede el beneficio de la duda al vocero de las FARC, por “posible ignorancia”.
En el caso del niño Andrés Felipe Navas, el padre Londdo tomó contacto con los comandantes del frente 40 de las FARC, y con una delegada de la Defensoría del Pueblo y el personero de Mesetas se reunieron en la primera semana de julio en una zona rural de la vereda La Julia. El viaje fue largo pero finalmente hablaron los comandantes Rubiel y Lucas. Los dos negaron tener al pequeño, pero conocidos del padre Londdo dentro de las FARC le aseguraron más tarde lo contrario.
Un día después de la reunión en La Julia, Lucas llegó al pueblo para averiguar por qué se había descubierto que desde la casa del barrio Providencia se habían hecho las llamadas a la casa del niño en Bogotá. Con esa actitud parecía ratificar la versión según la cual las FARC eran las responsables del secuestro del pequeño.
Otros guerrilleros conocidos como Rogelio, Tirso, Argemiro Castaño y Cañizales han sido identificados como los negociadores del secuestro y se sabe que exigen 8 millones de dólares por la liberación. Marisol Suárez, la madre de Andrés Felipe, le dijo a Cambio que no tiene dudas de que las FARC tienen a su hijo porque todas las llamadas han sido hechas desde la zona de distensión.
Una de esas llamadas fue interceptada y las autoridades establecieron que fue realizada desde la casa de Patricia Sánchez, en el barrio Providencia de Mesetas. El número telefónico de Sánchez resultó ser el mismo desde el que secuestradores han hecho exigencias de dinero a varias familias de ganaderos y comerciantes de Granada, Villavicencio y Bogotá, secuestrados desde el año pasado.
En su defensa, voceros de las FARC han manifestado que el hecho de que las llamadas para cobrar rescates hayan sido hechas desde la zona de despeje, no necesariamente indica en forma automática que los niños estén ahí. Según las FARC, cualquier persona podría cometer un delito fuera de la zona y hacer las llamadas desde dentro para implicarlos y confundir a las autoridades.
Ante el fracaso de las gestiones del padre Londdo para que los pequeños fueran devueltos a sus padres, la Iglesia le envió hace pocos días una carta a Martín Villa, ‘el Abuelo’, uno de los fundadores de las FARC con Manuel Marulanda, y reconocido como un hombre ecuánime y con influencia en el estado mayor de la organización. Aun no se conoce su respuesta.
El obispo del Ariari, monseñor López, comentó que muchas familias de secuestrados llevados a la zona de despeje se han ido a desahogar a las parroquias y que por eso la Iglesia no dejará de denunciar estos excesos.
Para las FARC, sin embargo, nada está probado y aseguran que lo que se busca con estas denuncias es romper el proceso de paz.  “Cualquiera puede venir del Huila y hacer una llamada -dijo-. Las FARC no tienen como política secuestrar niños ni tienen secuestrados en la zona desmilitarizada”, dijo Raúl Reyes la semana antepasada a un programa de radio. Y aseguró que el caso estaba en manos de una comisión de guerrilleros a la que el estado mayor había comisionado para recorrer la zona y entregar un informe definitivo antes de dos semanas.

Los costos de la paz

Este escándalo y los ataques realizados por las FARC recientemente contra municipios del Tolima y el Huila, con guerrilleros que según el general Fernando Tapias -comandante de las Fuerzas Militares- se desplazaron desde el Caguán, profundizan la discusión sobre la zona de despeje.
Una vez más, la ausencia de mecanismos de verificación impide establecer si los términos pactados para el despeje se están cumpliendo y demuestra la vulnerabilidad del proceso. Por lo pronto, y ante la presión cada vez mayor de la opinión pública, el gobierno y las FARC acordaron trabajar en “la definición de mecanismos adecuados para solucionar las dificultades que se puedan presentar”. De la prontitud con la que se definan esos mecanismos y de la eficacia que muestren en esclarecer episodios como los de estos secuestros, dependerá en buena medida el apoyo de los colombianos al proceso de paz.
Expertos de Planeación Nacional calculan que se necesitarían 150 millones de dólares anuales para sostener a la guerrilla, FARC y ELN, si hay cese del fuego y mientras se llega a un acuerdo de paz.
El secuestro de niños para obtener millonarios rescates y la notificación a los principales empresarios del país de que tienen que pagar a las FARC un impuesto de 10%, trajeron a colación nuevamente un tema que por ahora el país no quiere enfrentar: la financiación de la guerrilla durante el proceso de paz.
El primero en hacer la propuesta fue el ELN (el segundo grupo guerrillero más importante en el país) durante la reunión con la sociedad civil en Maguncia, Alemania, en julio de 1998. Entonces, a través de su vocero Pablo Beltrán, el ELN se mostró dispuesto a suspender los secuestros y extorsiones si el gobierno, con el apoyo de sectores económicos del país y la comunidad internacional, les garantizaba su manutención mientras negociaban la paz.
El hecho desató un debate y la primera reacción fue de rechazo. Mientras funcionarios como el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, opinaron que el tema ameritaba un estudio detenido, otros lo descartaron de plano porque consideraron que sería como permitir una extorsión general a todos los colombianos.
Ahora el tema ha vuelto a cobrar fuerza, porque las FARC han disparado los niveles de secuestro de 2 mil casos a 3 mil que se calculan para este año, en busca de recursos para responder a lo que ellos consideran la amenaza del Plan Colombia.
Pero si el proceso de paz avanza, si se da un cese del fuego y de las hostilidades con miras a lograr unos acuerdos de paz, no cabe duda de que el país tendrá que analizar el asunto con cabeza fría.
Teniendo en cuenta esta coyuntura, el Departamento Nacional de Planeación elaboró unos cálculos sobre cuánto le costaría al país sostener a la guerrilla en tregua. El punto de partida fueron los estimados de las Fuerzas Armadas, los organismos de seguridad y la Consejería Presidencial para la Defensa y la Seguridad. Se calcula que desde 1991 la guerrilla -FARC y ELN- recibe ingresos anuales que fluctúan entre 370 y 680 millones de dólares. “Del tráfico de drogas derivan 41% de los ingresos; por robos y extorsión, 28%; por secuestros, 19%; por ingresos relacionados con corrupción, 4% y por inversiones, 6,5%”, dice el documento.
En la actualidad se calcula que, como mínimo, la guerrilla recibe ingresos anuales por 576 millones de dólares que, distribuidos entre 20 mil hombres en armas, arrojan un promedio individual de 28 mil 800 dólares por año. De esa cifra dedujeron “los costos asociados con la actividad guerrillera”, como la dotación inicial por guerrillero, que calculan cercana a los mil dólares y que debe reponerse cada tres años. Según los expertos de Planeación, esto supondría que los costos anuales por dotación ascienden aproximadamente a 6 millones de dólares.
Otro factor de análisis fue el del sueldo promedio de los guerrilleros. En total, calculan los expertos, el mantenimiento básico de 20 mil guerrilleros le costaría al país no menos de 150 millones de dólares anuales, unos 300 mil millones de pesos. Es decir, 25 mil millones de pesos al mes.
El 5 de julio, el diario El Tiempo publicó un artículo basado en fuentes del Ejército que calcularon que sostener a las FARC costaría 3 mil 240 millones de pesos mensuales, es decir, 180 mil pesos mensuales por cada uno de los 18 mil alzados en armas. El cálculo, sin embargo, se aleja bastante del que ha hecho Planeación Nacional.
El documento de Planeación explica que los 150 millones de dólares anuales son una cifra sensata, porque el negocio de la guerrilla es demasiado rentable. La cifra sería mayor si se calcula el costo de hacer la paz en el país. Según los expertos, “la única forma de cuantificar el costo de restablecer la paz es considerar cuánto sería necesario invertir para acabar con un negocio que tiene tantos rendimientos”. Por eso la conclusión es que para todo el proceso se requieren por lo menos 7 mil millones de dólares, casi el mismo monto del valor del controvertido Plan Colombia.
También calcularon que para “dirimir el conflicto en cinco años, el valor de recursos demandados llega a 2.4 billones de pesos”. El estudio dice, sin embargo, que las cifras pueden variar a favor del gobierno si las fuerzas del orden mejoran su efectividad en la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, caso en el cual “se puede esperar que esta inversión reduzca a la mitad el costo del conflicto armado”.
Según se desprende del análisis de Planeación, independientemente de cuál sea el acuerdo a que lleguen el gobierno y la guerrilla, si la etapa que viene es la discusión del cese del fuego y las hostilidades, es urgente la consolidación de un fondo nacional para la paz con un capital mínimo de 3 mil millones de dólares.
Para senadores como Juan Manuel Ospina, de la Comisión de Paz del Senado, el asunto financiero va a estar sobre la mesa en cuestión de poco tiempo, porque “las FARC no se van a desmovilizar de un día para otro, y entre un cese del fuego y la firma de unos acuerdos de paz habrá un período de manutención que alguien tiene que pagar”. (Reportaje reproducido con la autorización de la revista Cambio de Colombia)

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