El Sistema de Ahorro para el Retiro, bajo control de extranjeros

La empresa que realizó la búsqueda de los propietarios de los 20 mil millones de pesos por concepto de pensiones no reclamadas, que el gobierno federal tomó prestados para el gasto público, no solamente fracasó en su intento —ni siquiera pudo determinar a cuántos trabajadores pertenecen los recursos—, sino que, además, funciona con irregularidades
Se trata de Procesar, SA, la operadora de la Base de Datos Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que de manera ilegal tiene como socios a extranjeros y se convirtió en una institución de capital foráneo, a pesar de que la Ley de Inversión Extranjera y sus propios estatutos se lo prohíben
Los socios principales de Procesar son las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), propiedad de los bancos, la mayor parte de cuyos activos —87%— corresponde al capital extranjero
Además, la calidad moral de Procesar, SA, fue puesta en duda debido a que recurrió “a una serie de artilugios legales, a la falsificación de documentos, a la declaración en falsedad y al presumible soborno de peritos y autoridades” judiciales, para evitar el pago de una deuda aproximada de 17 millones de pesos a un particular, José Aviña Landgrave, a pesar de que la empresa fue condenada en sentencia definitiva dictada por el Poder Judicial
Inclusive, sus bienes y cuentas bancarias están en camino de ser embargadas, una vez que el noveno Tribunal Colegiado resuelva el trámite correspondiente
El 24 de septiembre pasado, en una carta dirigida a Pablo Magaña Arana, director general de Procesar, José Aviña le dice que el comportamiento de sus funcionarios pone en evidencia la calidad moral de la empresa, que “seguramente por esta circunstancia y por otras más obtuvo la importantísima concesión para manejar los datos a nivel nacional de los ahorros de los trabajadores”
La Base de Datos Nacional del SAR contiene la información de los ahorros de más de 28 millones de trabajadores, en cuentas individualizadas, y es propiedad del gobierno federal, pero la administra Procesar con base en una concesión que le otorgó la Secretaría de Hacienda en diciembre de 1996
Su finalidad es identificar las cuentas individuales de cada trabajador en las Afore y en las instituciones de crédito, certificar sus registros, controlar los procesos de traspasos y distribuir los fondos de la cuenta concentradora del Banco de México a las Afore Es algo así como el Renave (Registro Nacional de Vehículos) de los ahorros de los trabajadores
Desde que se creó Procesar en marzo de 1995, la Secretaría de Relaciones Exteriores condicionó su operación “a que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de exclusión de extranjeros prevista en el artículo 30 o el convenio que señala el artículo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera”
De acuerdo con sus estatutos, la empresa debe ser de nacionalidad mexicana y “sólo podrán participar en su capital social entidades receptoras y administradoras de nacionalidad mexicana”, para garantizar la confidencialidad e integridad de la información
Aunque la ley del SAR abre la posibilidad de que varias empresas administren la base nacional de datos, sólo se ha constituido Procesar, por iniciativa de los banqueros Durante sus siete años de existencia, su Consejo de Administración se ha ido modificando de acuerdo con la cambiante composición de la banca en México
Así, en marzo de 1995 tenía como socios a 25 bancos Para el 7 de abril de 1997, eran 15 Algunas instituciones ya desaparecieron y otras se fusionaron con bancos extranjeros, como Banamex con el grupo estadunidense Citigroup, y Bancomer con los españoles del BBVA, los cuales acaparan la mayor parte del mercado
Otras entidades de importancia fueron adquiridas por instituciones extranjeras: Serfin por la banca española Santander; Inverlat por los canadienses de Scotia Bank, y Banco Internacional (Bital) por los ingleses del Hong Kong Changai Bank Sólo 13% de los activos de la banca se encuentra en instituciones mexicanas: Banorte y 10 bancos pequeños
Los representantes de estas instituciones, por medio de sus Afore, integran la asamblea de accionistas, que es el órgano supremo de la sociedad
El 14 de octubre de 1996, Procesar introdujo en sus estatutos la cláusula de admisión de extranjeros, a pesar de tenerlo prohibido por la SRE y la Ley de Inversión Foránea “Si alguna de esas personas morales (instituciones de crédito, entidades financieras u otras empresas autorizadas) es extranjera, por el hecho de ser socio queda formalmente obligada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacional respecto de las acciones de esta sociedad de las que sea propietaria”, señalaba el capítulo VI de los estatutos
Tres meses después, en enero de 1997, la empresa modificó nuevamente los estatutos para incluir la cláusula de exclusión de extranjeros, sin matices:
“Ninguna persona extranjera, física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad Si por algún motivo alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento, llegare a adquirir una participación social o a ser propiedad de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada”
En 1995, la mayoría de las acciones de Procesar estaba en manos de Bancomer y Banamex Posteriormente, en 1997, los estatutos señalaron que “ningún accionista, sea entidad receptora o administradora, podrá ser titular de más de una acción, y las acciones de la serie ‘A’ sólo podrán ser suscritas, pagadas y adquiridas por Afore Las acciones de la serie ‘B’ sólo podrán ser suscritas, pagadas y adquiridas por entidades receptoras” (es decir, las instituciones que están autorizadas para recibir el pago de cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro, incluyendo las del ISSSTE
Procesar ha tenido varios presidentes en su Consejo de Administración En 1995, fue Adolfo Lagos Espinosa, de Bancomer En 1997, Manuel Reynaud Aveleyra, quien tuvo como director general a Pierre Jean Marie Emile Parmentier Vandenhende, originario de Ath, Bélgica Al parecer, su actual presidente es Marcelo Néstor Palacios González, pero la empresa informó que el cargo está vacante A partir del 4 de julio de 2000, su director general es Pablo Magaña Arana
De acuerdo con diversos informes, entre los consejeros se encontraban, por lo menos hasta abril de este año, Javier Espinosa Villarreal, hermano de Óscar Espinosa, el exregente de la ciudad y exsecretario de Turismo sujeto a juicio por fraude, y Gerardo de Prevoisin, exdirector general de Aeroméxico, también procesado por fraude
La demanda
Desde 1998, el empresario José Aviña Landgrave inició una serie de acciones legales contra Procesar porque no le quiso pagar un edificio que le vendió, y además se negó a pagar después las rentas y los daños que sufrió su propiedad “Ha sido una pesadilla”, asegura
El expediente del caso señala que en abril de 1997 ambas partes firmaron un contrato de compraventa por 1 millón 400 mil dólares por un edificio ubicado en la delegación Xochimilco Aviña Landgrave recibió un adelanto de 950 mil dólares; 450 mil se depositaron en un fideicomiso que se creó para pagar, del mismo inmueble, una hipoteca por 200 mil dólares a favor de Harris y un embargo a favor de Banamex, por 250 mil dólares
Procesar adquirió el edificio para instalar su centro de cómputo Unas semanas después, lo demolió parcialmente
En agosto de 1998, al no recibir el saldo por la adquisición del inmueble, Aviña interpuso una demanda mercantil contra Procesar La empresa alegó que el vendedor no le había informado sobre el estado que guardaba el juicio sobre la hipoteca de Harris, a pesar de que había mandado a hacer una investigación jurídica del inmueble antes de firmar el contrato de compraventa
El juicio hipotecario de Harris contra Aviña y siete personas morales era por más de 3 millones de dólares Si lo hubiera sabido, argumentó Procesar, “nunca habría firmado el contrato ni pagado el anticipo, ya que el bien hipotecado respondía a una cantidad muy superior al valor que se acordó”
Sin embargo, la empresa no permitió que declarara en el juicio el abogado externo de Procesar, Juan Carlos Soriano, quien realizó la investigación jurídica del inmueble
En noviembre de 1999, el Juzgado Sexto de lo Civil resolvió rescindir el contrato de compraventa, y condenó a Procesar “a la devolución del inmueble y a pagar las cantidades que se hubieren generado durante su ocupación y una indemnización por el deterioro que hubiera sufrido el mismo, y que se determinarán a juicio de peritos en ejecución de sentencia” Además, condenó a Aviña a devolver 500 mil dólares del anticipo
Procesar apeló, pero el Cuarto Tribunal Unitario ratificó la sentencia del juez sexto No obstante, solicitó un amparo, con el argumento de que fue engañada por Aviña, pero se lo negaron
En junio de 2001, Aviña solicitó al juez sexto fijar la cantidad que debía pagarle Procesar por la renta y el deterioro del inmueble Pero al mes siguiente ingresó al Reclusorio Oriente porque la empresa lo había denunciado por fraude Salió libre 15 días después, cuando el Juzgado Quincuagésimo Sexto Penal consideró que no se acreditó el delito
Aviña volvió a solicitar al Juzgado Sexto que fijara las cantidades que le debía pagar Procesar por rentas y daños al edificio Ambas partes presentaron sus peritajes El de Aviña señaló 7 millones 397 mil pesos por las rentas y 11 millones 984 mil pesos por el deterioro del inmueble, y el de la empresa 5 millones 386 mil pesos y 8 millones 591 mil, respectivamente
A pesar de que los peritajes de ambas partes no eran sustancialmente contradictorios, el juez sexto nombró a un perito tercero en discordia, a quien Procesar, presume José Aviña, sobornó para que dictaminara a su favor y confundir al juez
Al rendir su informe, el perito determinó las rentas en 2 millones 66 mil pesos y el deterioro del inmueble en 107 mil Aviña lo objetó e hizo saber al juez: “Se presume que mi contraparte le pagó el monto total de sus honorarios al perito tercero, y se presume que hubo parcialidad al rendir su peritaje hacia la parte que le cubrió sus honorarios, por lo que la pericial en valuación realizada por el perito tercero se encuentra viciada de origen y, por tanto, no debe surtir los efectos legales ni debe tomarse en cuenta”
En enero de 2002, el juez sexto de Distrito resolvió no fijar las cantidades que debía pagar Procesar, porque los dictámenes de los peritos no eran confiables
Aviña apeló y, en mayo de 2002, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil resolvió que el juez sexto sí contaba con facultades para definir el incidente planteado, pues los peritajes de ambas partes no eran sustancialmente contradictorios
Además, el tribunal elaboró una nueva sentencia, en la que condena a Procesar a pagar 6 millones 391 mil pesos por la ocupación del inmueble y 10 millones 287 mil pesos por concepto de indemnización por el deterioro, “las que deberán cubrirse en un término de cinco días, una vez que cause ejecutoria la presente resolución”
Procesar solicitó entonces al Primer Tribunal Unitario un amparo contra esa resolución “Era una argucia innecesaria de la empresa —dice Aviña—, ya que la sentencia definitiva está firme” Al aceptar la demanda de amparo, el magistrado fijó a Procesar una garantía por los posibles daños y perjuicios que pudiera causarle a José Aviña la suspensión de la sentencia mientras resuelve
El 7 de agosto de 2002, Aviña ofreció al Primer Tribunal Unitario una contragarantía para embargar propiedades y congelar las cuentas bancarias de Procesar Pero la empresa, mediante nuevos “artificios jurídicos y legales”, presentó el 19 de septiembre un recurso de queja y de revisión ante el Noveno Tribunal Colegiado, cuya resolución está pendiente
Como el objetivo de Procesar es demorar el pago, José Aviña tiene la certeza de que, tarde o temprano, se le concederá el derecho de embargar bienes y las cuentas de cheques de la empresa
Más irregularidades
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), encabezada por Vicente Corta Fernández, supervisa el funcionamiento de Procesar El vicepresidente jurídico de la Comisión, Ricardo Valdés, asegura que la empresa, si bien ha cumplido con las obligaciones que tiene establecidas tanto en la ley como en el título de concesión, fue multada en el ejercicio de 2002 con 1 millón 500 mil pesos por no entregar, de manera oportuna, la información a la que está obligada por ley
A pregunta expresa, el funcionario considera que si el conflicto con José Aviña afecta el prestigio y la probidad de Procesar, eso naturalmente será motivo de preocupación para la Consar: “Tendríamos que evaluar de manera concreta esta situación”
El reportero solicitó una entrevista con Pablo Magaña, pero en Procesar informaron que el director general estaba ocupado en obtener la certificación ISO-9002 por la “calidad de sus servicios”

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