México, D F, 20 de febrero (apro)- A una semana de la expropiación del predio La Fortaleza, enclavado en el barrio de Tepito, las complicaciones para desalojar a los habitantes no han acabado para el gobierno de Marcelo Ebrard, quien insistió en la legalidad de su actuación Al poner en marcha el Programa de Módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Ebrard Casaubón sostuvo que el objetivo de la expropiación fue evitar "se siga envenenando a los jóvenes con las drogas", y que incluso en la campaña rumbo al GDF recibió quejas de los pobladores de Tepito en contra de los narcomenudistas Ebrard insistió en que tomar esta acción forma parte del cabal cumplimiento de sus promesas de campaña, ya que los vecinos reclamaron espacios para guarderías, educación, actividades culturales y artísticas, lo que se consolidará con la reconstrucción del inmueble Y como prueba de la afectación al narcomenudeo, el jefe del GDF aseguró que después de la expropiación de La Fortaleza, se incrementó el precio de las dosis de droga, al dificultarse su distribución En tanto en la madrugada de este martes, unos 600 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comenzaron el desalojo de los habitantes de los predios marcados con los números 40 de la calle Tenochtitlan y 33 de Jesús Carranza, lo que generó inconformidades incluso del ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza Y es que pese a quejas de vecinos y al envío de visitadores de la CDHDF, los uniformados capitalinos les impidieron el paso Fue hasta el mediodía --después que Álvarez Icaza hiciera pública su queja y se comunicara con el secretario Joel Ortega Cuevas-- que se permitió el acceso a cinco enviados de la CDHDF para verificar que en el desalojo no se trasgredieran los derechos de sus habitantes Los policías arribaron a Tepito con un centenar de vehículos y 80 unidades del departamento de limpieza para transportar los muebles de los habitantes de la vecindad, que fueron llevados a depósitos del gobierno capitalino, ubicados en la delegación Azcapotzalco El operativo no fue fácil Con pancartas en que se leía: "La inseguridad no se resuelve con la expropiación", los habitantes buscaron resistir el desalojo Previamente, el comité de vecinos de la Unidad Tenochtitlan 40 rompió pláticas con el gobierno capitalino, que ofrecía dar a cada familia 2 mil 500 pesos para alquilar provisionalmente una vivienda Ya en la mañana de este martes uno de los líderes, Manuel Arana, ingresó a la zona de conflicto en compañía de Alberto Paniaya, visitador adjunto de la CDHDF, pero los uniformados les impidieron el paso A pesar de ello, los enviados de la CDHDF recibieron quejas de los vecinos La primera de las denuncias fue de la señora Marina Gómez, que habitaba el departamento K-2001 de Jesús Carranza 33, a la que los policías le indicaron que podía recuperar sus pertenencias en el 356 de la avenida Jardín, colonia Del Gas, pero que al llegar al lugar no se encontraban sus muebles Denunció que entre lo objetos extraviados se encontraba un tanque de oxígeno, con el que se auxilia su madre, Guadalupe Hernández Hernández, de 74 años, quien padece diabetes y la que dormía cuando llegaron los policías Otras denuncias hacían referencia a que los enviados del gobierno capitalino no exhibieron los oficios de expropiación antes el desalojo Por su lado, el ombudsman capitalino se abstuvo de fijar una postura sobre la expropiación, tema que, anunció, será parte del análisis que haga la CDHDF, pero sí opinó que fue "un hecho grave" el que no se facilitara el paso a los visitadores Sin embargo, después de la queja del titular de la CDHDF, el secretario de Seguridad Pública envió al director adjunto de Operaciones, Julio César Amaya, a fin de permitir el acceso a los visitadores del organismo Empero a una semana de la expropiación la dudas legales persisten En su oportunidad, el diputado federal Obdulio Ávila Mayo, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, consideró que el gobierno de Marcelo Ebrard "fue poco cuidadoso en el aspecto jurídico" En entrevista dijo que compartía las preocupaciones de Ebrard sobre la inseguridad, pero que "en la definición constitucional de utilidad pública no se contempló el combate al narcotráfico como causal de expropiación" Incluso opinó que la acción legal que puedan tomar los vecinos de La Fortaleza podría revertir la expropiación Abogado de profesión, Ávila Mayo destacó que "al recurrir al amparo, los vecinos podrían ganar en una primera instancia el juicio, tal vez en un plazo de seis meses, aunque el gobierno puede pedir revisión, y ello llevarlos a un laberinto legal que, al término de un año, probablemente, se puede echar abajo la expropiación" Finalmente, consideró que la acción de Ebrard parecería más una "acción mediática que una calculada en todas sus consecuencias legales"