México, D F, 19 de junio (apro)- El Gobierno del Distrito Federal, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sus argumentaciones jurídicas en favor de las reformas que despenalizan el aborto en la Ciudad de México durante las 12 primeras semanas del embarazo y obligan a la red hospitalaria capitalina a atender a las mujeres que decidan hacerlo En 144 cuartillas, la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, a cargo de Leticia Bonifaz Alfonso, desestimó las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), contra las reformas al Código Penal y la Ley de Salud locales El documento, firmado por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, fue presentado a las 13:10 horas en la Oficialía de Partes de la SCJN Acumula en una sola argumentación las refutaciones a las dos acciones presentadas --147/2007 y 147/2007-- y que fueron aglutinadas en una sola por la misma Corte De entrada, el gobierno capitalino solicita a la SCJN determinar la "legitimación activa" de la CNDH, ya que su presidente, José Luis Soberanes Fernández, actuó de manera personal, sin tomar en cuenta al Consejo Consultivo de la Comisión, además de que presentó la acción sin el logotipo de la institución Tales acciones, asegura, "ponen en evidencia que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos actuó por sí mismo, motivado por su creencia personal más que como un auténtico garante de los derechos humanos de México" Pide a la SCJN que "se pronuncie en relación a, si el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede, como si se tratara de una institución unimembre o unipersonal y, sin consultar a su Consejo incoar demandas de acción de inconstitucionalidad" Cuestionada la actuación de Soberanes Fernández, el documento presentado por Bonifaz Alfonzo desacredita en diez puntos las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la CNDH y la PGR Rechaza la pretensión de la PGR de negar atribuciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para legislar en materia de aborto Señala que el procurador Eduardo Medina-Mora "confunde las atribuciones del órgano legislativo local con el federal, y como consecuencia de ello, pretende despojar de sus atribuciones a la Asamblea Legislativa, que tiene facultades constitucionales para ?legislar en materias civil y penal?" Puntualiza que en el Distrito Federal se "ha despenalizado el aborto de facto, ya que no sólo no existen denuncias de dicho delito, sino más bien honda preocupación por los altos índices de muertes y daños por abortos clandestinos" Además, aclara que en "materia de derechos humanos, ninguno de los tratados suscritos por el Estado mexicano prohíben la interrupción del embarazo ni reconocen el derecho a la vida desde la concepción" En el texto se abunda sobre el debate que sostienen tanto la CNDH como la PGR sobre la presunta protección constitucional del "derecho a la vida", al destacar que ese derecho sólo es jurídicamente aplicable a la persona viva "En suma, si el embrión no cuenta con ninguno de los atributos de la persona o individuo, ello obedece a que no lo es, por lo que no puede hacerse una equiparación jurídica Esa diferencia entre persona y embrión es importante para entender y explicar el porqué no cuenta con la protección constitucional", señala el documento Con esa premisa, se mencionan tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, en los cuales se habla del derecho a la vida de la persona más no del embrión, por lo que "ningún instrumento internacional obliga a penalizar el aborto, por lo que mucho menos impone la obligación de que, en caso de sancionarlo, se tipifique de manera determinada" El texto del gobierno capitalino destaca que a pesar de que tanto la CNDH como la PGR aluden a tratados internacionales, no incluyen aquellos artículos que se refieren a la no discriminación de la mujer, por lo que interpretan "cada uno de ellos (los tratados) de manera aislada y no integral" Puntualiza las facultades que tiene la ALDF para legislar en materia de aborto De ser ello contrario constitucionalmente, tendrían que calificarse de esa manera "todos y cada uno de los artículos de los códigos penales de las entidades federativas" que lo contemplan y que ponderan la salud de la mujer Así, la ALDF "determinó la regulación jurídica del aborto de modo tal que se alcance un equilibrio entre la eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres y la protección del embrión, dejando la decisión a la mujer, que, seguramente, atenderá su moral individual Ninguna mujer está obligada a aborta ni el Estado establece una moral social obligatoria impropia de un Estado laico" "En este sentido, queda claro que, contrario a lo afirmado por el actor (CNDH y PGR), existe un privilegio del derecho a la vida de la mujer como nacida, y en consecuencia, con valor superior al embrión en su protección jurídica", agrega En su argumentación el Gobierno del Distrito Federal rechaza que las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud sean discriminatorias, porque dicho concepto se refiere a "personas no a los embriones" Recuerda que a partir de las violaciones a las garantías individuales de la niña Paulina del Carmen Ramírez Jacinto --a quien el gobierno de Baja California le impidió abortar a pesar de que su embarazo fue producto de una violación, asunto que fue llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 4 de abril de 2006--, gobierno federal, a través de la entonces directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Patricia Uribe Zúñiga, instruyó a los gobiernos locales a "prestar oportunamente los servicios de interrupción de embarazo en los casos, términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación aplicable en cada entidad federativa" El documento niega que se invadan facultades del Congreso de la Unión en las definiciones de aborto y embarazo que hizo la ALDF en las reformas, porque los aplicados en el Código Penal local "tienen por objeto establecer los elementos normativos de un tipo penal, y no fijar conceptos para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud" De la supuesta violación al artículo 4 constitucional porque supuestamente el derecho a decidir el número y espaciamiento de hijos corresponde a la pareja y sólo antes de la concepción, el gobierno capitalino rechaza que la reformas consideren el aborto como método anticonceptivo, así como que tenga que consultarse con el hombre, ya que en la decisión de la interrupción del embarazo "prevalecerá el derecho de la mujer en virtud de que en su cuerpo se habrá de desarrollar el proceso de gestación" Sobre el cuestionamiento que se hace de la temporalidad permitida para interrumpir un embarazo, las primeras 12 semanas, el gobierno capitalino puntualiza que "no es aleatorio, sino se sustenta en elementos de tipo científico", además de que "es acorde con los señalamientos de organismos internacionales más importantes para disminuir el grado de mortalidad y morbilidad de las mujeres a través de lo que se denomina como aborto seguro" Rechaza que las reformas van contra la objeción de conciencia de los servidores públicos que estén en contra del aborto, pues en "la Ciudad de México se ha establecido un precedente internacional para reconocer la figura de la objeción de conciencia, ya que en la propia Ley de Salud del Distrito Federal se estatuye" el precepto en el artículo 167 bis En el documento el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pide a la SCJN desestimar las argumentaciones de la CNDH y la PGR contra las reformas aprobadas por la ALDF y aplicadas por su gobierno En conferencia de prensa, Leticia Bonifaz Alfonzo aseguró que la aplicación de las reformas han beneficiado a las clases más marginadas, y que de su aplicación a la fecha se han practicado 560 interrupciones de embarazo, 120 de ellas en la delegación Iztapalapa y 96 en Gustavo A Madero, y puntualizó que ya no se han presentado casos de mujeres que llegan a las clínicas de salud desangrándose por abortos mal practicados o clandestinos Este miércoles se espera que la ALDF entregue a la SCJN su argumentación contra las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR y la CNDH