México, D F, 12 de julio (apro)- Pese a resolver que la masacre de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco fue un genocidio, el principal acusado de los hechos, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, fue exonerado por la justicia federal El magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, determinó que sí hubo un genocidio planeado y ejecutado por el gobierno de la época, pero que no quedan responsables de los hechos, de los que exculpó a Echeverría, de 85 años de edad Luna Altamirano, quien en 2001 autorizó la extradición a España del represor argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de represión y terrorismo, había dicho en 2004, en el libro La extradición en México y otros países, que los delitos de lesa humanidad no debían quedar impunes Incluso, dedicó al texto a las víctimas de la represión del 68 Pero al resolver el amparo contra la formal prisión dictada en contra de Echeverría en noviembre pasado y que desde entonces cumplía en su domicilio, el magistrado explicó que decidió la absolución porque al momento de la detención del expresidente, "no había ninguna prueba" que lo inculpara como responsable de los hechos ocurridos cuando el acusado era secretario de Gobernación En un hecho poco usual en el Poder Judicial, el magistrado convocó a una conferencia de prensa para explicar su resolución Apoyado en una presentación computarizada, dijo al inicio de su presentación: "Antes que nada, quiero destacar que esta resolución se encuentra completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentalistas, humanitarias, ideológicas, sociales y políticas La sentencia está basada única y exclusivamente en razones estrictamente jurídicas" Aseguró haber revisado "hoja por hoja" las 58 mil 725 fojas que integran los 42 tomos del expediente integrado por la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) El extitular de ésta fiscalía, Ignacio Carrillo Prieto, formuló la acusación de genocidio contra el expresidente no sólo por los hechos de 1968, sino también por la otra matanza de estudiantes ocurrida el 10 de junio de 1971, cuando Echeverría ya era presidente de la República De ésta última acusación, la justicia federal, a través del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal, no sólo exoneró a Echeverría en agosto de 2005, sino que su titular, la magistrada Herlinda Velasco, estableció que la fiscalía no pudo acreditar la existencia del delito de genocidio Casi dos años después, Luna Altamirano determinó lo contrario: que sí hubo genocidio en los hechos del 2 de octubre de 1968, pero que Echeverría no es culpable La resolución del magistrado coincidió con la declaración ministerial del expresidente sobre los hechos de Tlatelolco: "Si algo pasó, yo no supe nada" En esa misma lógica, Luna Altamirano estableció: "Si bien está acreditado el genocidio? absolutamente ninguna de las pruebas aportadas por la PGR (a través de la Femospp) justifica siquiera de manera presuntiva la participación de Luis Echeverría Álvarez en la preparación, concepción o ejecución del genocidio" Luna Altamirano justificó así el genocidio: "Las autoridades del gobierno de aquella época realizaron de manera conjunta una acción concertada, preparada y coordinada encaminada a exterminar a un grupo nacional, constituido por estudiantes de diversas universidades" Quienes pudieron haber declarado sobre lo que ocurrió ya están muertos, dijo, al disculpar a la fiscalía por la imposibilidad de recabar pruebas después de más de 30 años de los hechos Entre los fallecidos mencionó al expresidente Gustavo Díaz Ordaz; al exsecretario de la Defensa, el general Marcelino García Barragán; al exjefe del Estado Mayor Presidencial, el general Luis Gutiérrez Oropeza; al exregente de la ciudad de México, el general Alfonso Corona del Rosal, y al exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el capitán Fernando Gutiérrez Barrios El magistrado resolvió de esa manera el amparo promovido por la defensa de Echeverría contra la decisión del magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal, que le ordenó al juzgado Décimo Quinto de Procesos Penales Federales otorgar la orden de detención de Echeverría, por lo que el expresidente padeció prisión domiciliaria durante más de ocho meses El magistrado se negó a establecer el número de muertos del delito, aunque, según la consignación que hizo Carrillo, 21 personas perdieron la vida la noche del 2 de octubre de 1968 Luna Altamirano rechazó el argumento de la defensa de Echeverría, de que el delito de genocidio, de acuerdo con la legislación de la época, ya había prescrito pues habían pasado más de 30 años de los hechos Explicó que, a partir del 1 de diciembre de 1976, Echeverría perdió el fuero constitucional, por lo que el delito prescribía hasta el 30 de noviembre de 2006 Pero como fue detenido el 1 de julio de 2006, la prescripción se interrumpió cinco meses antes de que ocurriera Pero en descargo del presidente negó que haya tenido a su mando a las tropas del Ejército, los elementos del Estado Mayor Presidencial o los integrantes del "grupo paramilitar" Batallón Olimpia que participaron en los hechos Tampoco se acreditó, dijo, que hubiera manipulado a Díaz Ordaz para ordenar la represión y ni siquiera que, a través de la Dirección Federal de Seguridad, que estaba a su cargo, hubiera informado directamente sobre el desarrollo del movimiento estudiantil El magistrado calificó estos señalamientos hechos por la Femospp como "meras conjeturas" producto de las apreciaciones "subjetivas" de la fiscalía, pues, a su juicio, lo que ocurrió fue que a Díaz Ordaz "se les escapó de las manos el movimiento estudiantil" "No se puede enjuiciar a un inocente por un delito que no cometió", remató La PGR tiene 10 días a partir de mañana para inconformarse con la resolución y solicitar su revisión, pero Echeverría recuperó su libertad desde la mañana de hoy La defensa de Echeverría, llevada por Juan Velásquez y Heraclio Bonilla Velásquez, obtuvo la libertad de su cliente, pero no pudo evitar la acusación en su contra de genocida Bonilla, aseguró que, con la resolución, "se puso fin a cinco años de persecución política" y al "trabajo sucio" que hizo Carrillo Prieto Velásquez insistió que se trató de un asunto político y recordó una entrevista de Carrillo Prieto con Proceso, en abril pasado, en la que el exfiscal aseguró que le pidió apoyo al expresidente Vicente Fox para consignar a Echeverría