Washington, 27 de julio (apro-cimac) - Human Rights Watch (HRW) informó que, con base en una investigación exhaustiva realizada en Estados Unidos, cerca de 16 millones de adultos, niñas y niños, incluidos ciudadanos estadunidenses, han sido separados de sus cónyuges y padres, debido a la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, aunque sea un delito menor Según el organismo, lo anterior ocurre por los cambios que hicieron en 1996 a las leyes migratorias de Estados Unidos, que establecen "duras e inflexibles políticas de deportación" En el informe Forced Apart: Families Separated an Immigration Harmed by US Deportation Policy, se advierte que migrantes documentados, que durante décadas han vivido con sus familias en el país, están siendo sumariamente deportados cuando infringen la ley o cometen algún delito, así sea éste menor "Las leyes no sólo son crueles en su rigidez, sino también insensatas", dijo Alison Parker, investigadora principal del Programa de Estados Unidos de HRW y autora del informe "¿Cómo se le explica a una niña que su padre fue enviado a miles de kilómetros lejos de ella y nunca podrá volver a casa simplemente por haber falsificado un cheque?", se preguntó Del total de deportados en el marco de esa ley, las cifras proporcionadas por HRW son de casi medio millón de personas compelidas a abandonar el país desde 1996 por delitos no violentos, contra poco más de 140 mil, por delitos violentos La investigadora explicó que 93 por ciento de los deportados vuelve a países de América del Norte, América Central y el Caribe, y es México el que mayor número de personas recibe por esta causa, seguido por Republica Dominicana, El Salvador, Honduras, Colombia, Jamaica, Guatemala, Canadá, Haití, y Brasil Antes de 1997, a inmigrantes que habían cometido un crimen se les permitía comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadunidense o la posibilidad de sufrir persecución si los retornaban a su país de origen La deportación ocurre después de que la persona no ciudadana ha cumplido el plazo de la sentencia impuesta para el crimen El informe, de 88 páginas, indica que en el año fiscal 2005, y con datos divulgados por la Oficina de Inmigración y Aduanas de finales de 2006, 64 por ciento de inmigrantes fue deportado por delitos no violentos, incluido robo no violento; 209 por ciento, debido a delitos que involucran violencia contra personas, y 147 por ciento a causa de "otros" crímenes no especificados Así, contrario a lo que comúnmente se piensa, las políticas de Estados Unidos sobre deportación no ponen en la mira sólo a inmigrantes indocumentados; también se aplican a residentes permanentes, portadores de la "green card" o tarjeta verde, que han vivido por largo tiempo en el país Lo más trágico, dice HRW, es que se obliga a las niñas, niños y cónyuges que tienen ciudadanía estadunidense y que son residentes permanentes documentados, a enfrentarse a la vida sin sus padres, madres, hijas, hijos, esposos y esposas El estudio añade que, si bien la deportación es una parte necesaria en la aplicación de las leyes inmigratorias de cada país, en Estados Unidos el poder de deportar debería ser regido por leyes justas, diseñadas para proteger intereses nacionales legítimos Señala que puede ser razonable, por ejemplo, deportar a una persona que llegó por primera vez a Estados Unidos y se ha involucrado en crímenes terribles después de haber cumplido su sentencia No obstante, numerosos inmigrantes que están siendo deportados desde este país distan mucho de ser los peores y más violentos criminales Personas no ciudadanas han sido obligadas al exilio permanente apenas por el delito de robar artículos en una tienda, por recibir propiedad robada o poseer pequeñas cantidades de narcóticos El estudio indica, además, que el derecho humanitario debe tener un enfoque equilibrado Y para ello, menciona la declaración que el presidente George W Bush hizo el pasado 9 de abril: "Los valores familiares no se detienen en el Río Grande"