ONU: “Esterilizaciones forzadas” en México

México, D F, 6 de marzo (apro)– El gobierno de México “reconoce” que funcionarios federales y estatales han realizado “esterilizaciones forzadas” en comunidades indígenas, las cuales “constituyen un delito particularmente grave” pues se asocian al “genocidio”
Así se expresó José Francisco Cali, relator del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 20 de febrero pasado, en plena sesión anual de dicho comité en Ginebra, sede europea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) En ese encuentro estuvo participó una delegación de 12 funcionarios mexicanos encabezados por María del Refugio González, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
En la sesión, Cali dio respuesta al informe CERD/C/473 que México presentó el 19 de mayo de 2005 ante dicho comité de la ONU Se trata de un documento de 47 cuartillas que detalla las acciones emprendidas por el gobierno federal para combatir la discriminación en su territorio Su contenido se basa en datos e información proporcionados por diversas dependencias gubernamentales, así como por organismos autónomos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
En un apartado “La CNDH y la protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas”, el informe de México incluye tres párrafos que llamaron la atención del relator Cali:

Párrafo 153: Para evitar la discriminación hacia los pueblos y comunidades indígenas, en particular sobre los derechos reproductivos, la CNDH emitió el 16 de diciembre de 2002 la Recomendación general No 4 en respuesta a las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto a la obtención del consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar
Párrafo 154: En este caso, con motivo de la atención de diversos expedientes de queja, así como de las múltiples visitas de trabajo realizadas a las comunidades indígenas, la CNDH observó que miembros del personal de las instituciones de salud pública, tanto estatales como federales, han realizado prácticas para la adopción de métodos de planificación familiar, que restringen el ejercicio de los derechos de los indígenas de decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos
Párrafo 155: La CNDH recomendó a las autoridades de salud federales y estatales que implementaran mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobierno, con la finalidad de que los usuarios ejerzan el derecho humano a la libre decisión y elección consagrado en el artículo 4 constitucional, además de que adoptaran las medidas administrativas pertinentes para la elaboración y difusión, en la lengua de las comunidades indígenas, de material informativo en el que se expusieran los derechos sexuales y reproductivos

“Genocidio”
Cali fue enfático: “Los párrafos 153, 154 y 155 del informe, sin ninguna duda, reconocen que en México ha existido (y, según organizaciones indígenas, persiste) una práctica de esterilizaciones forzadas de indígenas”
También manifestó que “el derecho internacional positivo califica las esterilizaciones forzadas como un delito particularmente grave”, pues se asocia al de “genocidio” Y citó a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en cuyo artículo II inciso d) se indica que “las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo” pueden ser tipificadas como propias de este delito
El relator advirtió que, contrario a lo que señala el informe, “el delito cometido contra hombres y mujeres indígenas no se resuelve con una recomendación de la CNDH, pues no se necesita una implementación de ‘mecanismos de coordinación interinstitucional a todos los niveles de gobierno’, sino una investigación independiente y, dado le caso, el enjuiciamiento y castigo de los creadores, de los responsables y de los implementadores de los programas de esterilizaciones forzosas”
Y subrayó: “Debe notarse que las autoridades gubernamentales mexicanas reconocen aquí la existencia de esterilizaciones forzadas cosa que han, rotundamente, negado en la OIT” (Organización Internacional del Trabajo)
A continuación, Cali solicitó a la delegación mexicana que revise el documento GB289/17/ con fecha de marzo de 2004, que contiene una querella en contra del gobierno de México presentada por varias organizaciones no gubernamentales dentro de la OIT, la cual creó un Comité Tripartito que ya emitió sus conclusiones y recomendaciones
En este documento, los denunciantes aseguran que “en las regiones indígenas los programas de ayuda llamados Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) y Programa de Capitalización del Campo (Procampo), están condicionados la esterilización o ingestión de falsas vitaminas que las mujeres deberían tomar delante de las personas encargadas de distribuir la ayuda Sostienen que si los productos fueran vitaminas, no obligarían a las mujeres a tomarlas en presencia de quienes distribuyen las ayudas Afirman que el fracaso en los programas de salud para los indígenas se debe a que en algunas comunidades las mujeres se esconden cuando llegan los representantes del programa”
Más aún, según el documento de la OIT, los denunciantes “también se refieren a esterilizaciones masculinas (vasectomías) en el estado de Guerrero, que se realizaron a cambio de ayuda Indican que los hombres que se quejaron no lo hicieron por la vasectomía, sino porque no les habían cumplido con la ayuda prometida a cambio de realizar dicha intervención Señalan que funcionarios de programas de ayuda entregaron 50 pesos a todos los que habían aceptado la vasectomía e hicieron pública la entrega de dicha suma para encontrar más voluntarios”
En el documento de la OIT, el gobierno mexicano se defiende Afirma que “no condiciona la prestación de los programas de desarrollo social que ofrece y que, en caso que una persona considere que se viola su derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de sus hijos, puede denunciar estas irregularidades ante la CNDH”
En este informe, el Comité Tripartito señaló que “no dispone de suficientes elementos para sacar conclusiones” Sin embargo, consideró que “la existencia de dichas alegaciones (sobre esterilizaciones forzadas) pone en evidencia el clima de desconfianza y sospecha creados por la tensión existente sobre el tema de los derechos indígenas en México, y ponen en relieve la necesidad de que el gobierno investigue tales alegaciones y sancione con severidad a todo aquel que pudiera estar implicado en tales acciones”
“Ofrecimiento”
De acuerdo con la práctica del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la delegación mexicana tuvo derecho a replicar los señalamientos del relator Cali Lo hizo un día después –martes 21–durante la sesión del Comité La encargada para hablar acerca de este punto fue María Antonieta Gallart Nocetti, titular de la Unidad de Planeación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Según una nota de la agencia France Press fechada en Ginebra, Gallart volvió a reconocer que existen esas prácticas en algunos de los estados de México, particularmente aquellos que padecen problemas de pobreza y marginación Afirmó, sin embargo, que el gobierno de México no impulsa esas prácticas, sino que las combate y seguirá luchando por erradicarlas
Consultado por Apro, el embajador Luis Alfonso de Alba, representante permanente de México en la sede de la ONU en Ginebra y miembro de la delegación mexicana que participó en las sesiones del comité, comentó que “se hizo el ofrecimiento de dar seguimiento al tema (de las esterilizaciones forzadas) directamente con la Secretaría de Salud, para tener datos precisos y que la información será enviada al comité” de la ONU
La nota de France Press informa que el comité también solicitó “investigaciones en los centros de salud para evaluar la envergadura del problema, así como medidas para frenar las campañas que denigran a los indígenas”
“Los expertos de la ONU agregaron que habían conocido sobre el miedo a las represalias contra indígenas cuando éstos denuncian las esterilizaciones forzosas Dijeron que ello les fue formulado por varias Organizaciones no Gubernamentales, entre las que se encuentra el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero (CNAB), que presentó un documento ante este Comité”, según la agencia francesa
La CNDH –cuya información en el documento CERD/C/473 atrajo la atención del relator Cali– emitió en diciembre de 2002 la recomendación general Número 4 en virtud de dos casos específicos en los que se acreditó que se violaron los derechos reproductivos de indígenas En ambos casos la CNDH emitió recomendaciones particulares, según informó Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, quien fuera primer visitador de la CNDH y actualmente se desempeña como director del Centro Nacional de Derechos Humanos
La primera recomendación particular –No 18/2001, emitida el 11 de septiembre de 2001– se refiere al caso –ya citado en el documento de la OIT– de las vasectomías practicadas en el estado de Guerrero Precisa que éstas se aplicaron a 16 habitantes de las comunidades indígenas La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero
Los responsables directos fueron el médico Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán Solís, miembros de la brigada de salud Tres de la Jurisdicción Sanitaria número 6 de los Servicios Estatales de Salud de Guerrero Pero este personal recibió órdenes de sus superiores para aplicar de manera errónea un programa de planificación familiar Sin embargo, ni los responsables directos ni sus superiores recibieron sanción alguna, reconoció Martínez Bulle Eso sí, los indígenas afectados fueron indemnizados con 20 mil pesos cada uno
La segunda recomendación –No 46/2002, emitida el 6 de diciembre de 2002– se refiere al caso de Hermelinda del Valle Ojeda, indígena chinanteca de la comunidad de Río Chiquito, municipio de Santiago Jocotepec, Oaxaca Personal de la Unidad Médica Rural Montenegro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le colocó –sin su consentimiento– un dispositivo intrauterino mientras le realizaba un estudio de papanicolau La indígena se dio cuenta tres meses después cuando sufrió una infección vaginal y asistió a una clínica particular Tampoco en este caso, hubo sanción alguna
Martínez Bullé señala que a partir de la recomendación número 4 emitida por la CNDH no se han presentado más denuncias que acrediten violaciones a los derechos de reproducción de indígenas
Sin embargo, la CNDH tiene registradas 27 quejas por “contracepción forzada” y una más por “violación al derecho a la libertad de procreación” Dichas quejas se presentaron del 1 de enero de 2000 a la fecha en 12 estados de la República Seis de ellas en la Ciudad de México y cinco en Oaxaca
Martínez Bullé afirma que se trata de denuncias de la población en general, tanto de zonas rurales como urbanas Afirma que los casos de violaciones a los derechos de reproducción no se presentan exclusivamente con indígenas Por tanto, señala, no se puede afirmar que exista una práctica sistemática con el objetivo de acabar con grupos o comunidades de indígenas, y mucho menos encuadrar estos hechos dentro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, tal como lo hizo el relator Cali

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