En democracias débiles naufragan derechos humanos

* Conferencia de Sergio García Ramírez, presidente de la CIDH, en la UNAM

México, D F, 2 de junio (apro)- Sergio García Ramírez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo hoy que “aún persiste una cultura insuficiente sobre la tutela de los derechos humanos, quizá porque las instituciones democráticas y la cultura de la legalidad no han arraigado en algunos Estados”

Añadió: “Ahí donde la democracia es débil o palidece, los derechos humanos también suelen naufragar”

Al dictar la conferencia “La defensa de los derechos humanos en el sistema interamericano”, en el auditorio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, García Ramírez señaló:

“En el caso del sistema interamericano, es necesario vencer algunas renuencias, porque si bien es cierto que se ha prosperado y avanzado, aún hay casos de resistencia en cuanto a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de sus facultades de observación y la ejecución de sus mandamientos”

Por ello, dijo, “es fundamental actuar con tenacidad, para lo cual será importante la prioridad política que sobre el tema asuma la Organización de Estados Americanos (OEA) Si se trata de uno de la más alta prioridad habremos ganado mucho y podremos evolucionar pronto, pero si en un momento dado se diluye, desvanece o se mediatiza, será difícil consolidar la tutela de esos derechos en el continente”

García Ramírez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió: “La amenaza que tenemos a la vista, no sólo en el sistema interamericano, sino al interior de los Estados, es la delincuencia, contra la que se debe luchar sin ninguna restricción”

Afirmó que “el sistema regional tutelar de los derechos humanos funciona y es visto no como una fuente de conflictos con las disposiciones internas de los gobiernos, sino como la culminación natural en un régimen internacional instituido convencionalmente por naciones libres y soberanas”

El exprocurador general de la República explicó que, en 1969, en San José, Costa Rica, se realizó una conferencia sobre derechos humanos, en la que se formuló un proyecto de convención americana, en cuya elaboración intervinieron organismos y juristas nacionales, países americanos y la ya existente Comisión Interamericana, que en aquel entonces presidía el mexicano Gabino Fraga

Dijo que en 1969 se creó la CIDH, y entró en vigor 10 años después, también conocida como Pacto de San José En esa reunión, agregó, “México modificó su posición inicial y, finalmente, aceptó que se instituyera un Tribunal Interamericano, en la inteligencia de que tendría un carácter subsidiario o complementario de la justicia nacional

“Sin embargo, se adhirió hasta los ochenta a la Convención Americana, integrándola así al orden jurídico nacional y también a otros grandes pactos internacionales sobre derechos humanos que estaban pendientes y que habían sido aceptados por otros países”, indicó

Señaló que la CIDH está integrada por siete magistrados, jueces electos por la Asamblea General de la OEA, de entre abogados y juristas de los miembros de la Convención Americana

Dijo que, “de los Estados americanos, 21 han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte; es decir, la posibilidad de que sean sometidos a esta instancia No obstante, está pendiente la incorporación de Estados Unidos, Canadá y de algunas naciones caribeñas”

García Ramírez explicó que “la Corte actúa mediante demanda, y para querellarse hay sólo dos sujetos legitimados No los particulares en forma directa Estos tienen que recurrir primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ésta trasladarla ante aquélla

“El otro facultado para presentar recursos es cualquier Estado que haya reconocido su competencia Sin embargo, en 25 años de vida, ninguna nación ha requerido a otra, quizá por prudencia o para evitar ser denunciado”, señaló

“Hasta ahora, México sólo ha recibido por parte de la CIDH algunas disposiciones conducentes al establecimiento de medidas provisionales, que son cautelares, precautorias, para que se proteja la vida, integridad y derechos de un presunto amenazado”, concluyó