La prensa en Colombia: “objetivo militar”

Una delegación del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y de Reporteros Sin Fronteras (RSF), ambas organizaciones miembros de la “Red RSF”, viajó a Colombia, del 22 al 30 de octubre de 2001, para investigar sobre las condiciones de trabajo de los periodistas y sobre la impunidad que disfrutan los autores de los asesinatos de los profesionales de la información Esta delegación entrevistó a una cincuentena de periodistas, director de medios de comunicación y defensores de la libertad de prensa También se reunió con representantes del gobierno para hacer balance sobre las iniciativas adoptadas, así como con el presidente Andrés Pastrana, para trasmitirle unas primeras observaciones Y es que, los hechos son alarmantes para los profesionales de la información en ese país: una cuarentena de periodistas asesinados durante los diez últimos años, medio centenar secuestrados desde 1999 y cerca de otros treinta obligados al exilio Apro reproduce a continuación algunos fragmentos sustanciales del informe de la red RSF

“Ten mucho cuidado con lo que escribes…”
En un comunicado, publicado el 9 de noviembre de 2001, el grupo de las AUC del departamento de Nariño, acusa a Germán Arcos, camarógrafo de Caracol Televisión, Oscar Torres, jefe de redacción del periódico Diario del Sur, Cristina Castro, corresponsal del Noticiero RCN, y Alfonso Pardo, antiguo corresponsal del semanario comunista Voz y comisionado para la paz, de cubrir el conflicto “de manera deshonesta” El grupo armado exhorta a los periodistas abandonar la profesión en menos de 48 horas, de lo contrario serán “ajusticiados”
Tres semanas antes, la guerrilla de las FARC había acusado al diario El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser “enemigos del proceso de paz”, porque supuestamente criticaban la actitud del grupo armado sin explicar los problemas de fondo del país
Sospechosos de apoyar “al otro campo”, los periodistas se encuentran permanentemente en medio del fuego cruzado de los grupos armados, alguno de los cuales no ha renunciado a su poder para sembrar el terror Aparte de las AUC y las FARC, la guerrilla del ELN, el tercer grupo armado del país en cuanto a sus efectivos (5 mil hombres), en marzo de 1999 declaró “objetivo militar permanente” los medios de comunicación masivos que “(facilitan) sus recursos tecnológicos a la propagandización de la política paramilitar”
Lo mismo que los periodistas, las redacciones también son objeto de ataques: siete atentados, o intentos de atentados con bombas, contabilizados desde 1995 Dos de ellos tuvieron lugar en 2001: un intento, reivindicado por las AUC, dirigido contra el órgano del Partido Comunista; un atentado, atribuido al ELN, que destruyó los locales de Radio Caracol en Medellín
Los testimonios recogidos por IPYS y RSF dan cuenta de la intolerancia de los grupos armados en relación con la información publicada “Ten mucho cuidado con lo que escribes porque leemos lo que publicas”, se le ha advertido al corresponsal de un diario Desde el 1 de enero de 2001, 20 periodistas han sido declarados “objetivos militares”, o se han visto acusados de “apoyar a la guerrilla” A veces, la confusión es tal que los periodistas no pueden identificar a los autores de las amenazas A veces también, los grupos armados desmienten ser los autores de los atentados en comunicados que, sin embargo, llevan el emblema de su frente local El 29 de mayo de 2001, cinco periodistas de Cali fueron así declarados “objetivos militares” en un comunicado firmado por el “Frente Farallones”, el grupo local de las AUC Sin embargo, los jefes del grupo armado, contactados por la dirección de los medios concernidos, negaron la autenticidad del comunicado
En las salas de redacción
En un contexto tan complejo como hostil, a menudo los periodistas prefieren autocensurarse Sobre todo porque, al carecer de una organización fuerte de defensa de la libertad de prensa y de solidaridad profesional, se sienten aun más vulnerables Los medios de comunicación se movilizan muy raramente para defender a un colega, o seguir las investigaciones sobre asesinatos de periodistas
Como lamentaba el director de un periódico, “el conflicto ha llegado hasta las salas de redacción” Por ejemplo, algunos reporteros que están cubriendo el proceso de paz con la guerrilla se han visto calificados, con dudoso humor, por sus compañeros que cubren las fuentes militares de “jefes de prensa de la guerrilla” Sea como sea, la falta de movilización sólo puede servir para animar a los autores de la violencia
Según la asociación Medios para la Paz, que organiza talleres de formación, las prácticas y las actitudes de los periodistas también ponen en peligro su vida Algunos de ellos no respetan las más elementales reglas de la deontología en las relaciones con sus fuentes, habiendo llegado a la situación de ir a pasar sus vacaciones con los miembros de algún grupo armado “Por eso, el espíritu de Medios para la Paz es considerar la profesionalidad como la primera medida de protección”, explica Gloria Moreno, directora de la organización que también denuncia la responsabilidad de las redacciones que, ávidas de exclusivas, harían que sus reporteros corran riesgos desconsiderados Y cita el ejemplo de la corresponsal de un noticiero de televisión en Barrancabermeja a la que, después de despedirla, le propusieron volver a la redacción si conseguía encontrar los primeros rastros de un avión secuestrado por el ELN La periodista lo consiguió después de atravesar dos localidades en las que se enfrentaban el ejército y la guerrilla
Aunque fundadas, las denuncias de falta de profesionalidad de los periodistas, o la irresponsabilidad de algunos directores de medios de comunicación no deben, sin embargo, hacer olvidar que el uso de la violencia contra la prensa es injustificable e inaceptable Lo mismo que estas autocríticas sólo podrían desalentar la movilización del gremio en favor de sus representantes
Los paramilitares: primera amenaza
Desde 1999, veintisiete periodistas emprendieron el camino del exilio La mitad de ellos, las atribuyen a los paramilitares “Las Autodefensas ejecutan más fácilmente sus amenazas”, explica un reportero de la prensa escrita Entre los 14 casos de periodistas asesinados por razones profesionales desde 1999, ocho son imputables a ese grupo armado Uno de los casos de exilio más conocidos es el de Ignacio Gómez Entre febrero y mayo de 2000, el periodista de El Espectador recibió, al menos, cincuenta y seis cartas amenazadoras En un artículo, había revelado que una masacre de cuarenta y nueve campesinos fue cometida por paramilitares, con el apoyo de miembros del ejército
Muchos profesionales de los medios de comunicación, preguntados por RSF e IPYS, coinciden en decir que la violencia de las AUC se ha convertido en el principal impedimento para la libertad de prensa Carlos Castaño, buen comunicador, se prodiga desde hace dos años en entrevistas en la prensa nacional e internacional De esta forma intenta convencer de que las masacres cometidas por sus hombres están justificadas por su objetivo: defender a la clase media contra la guerrilla En una entrevista concedida al diario francés Le Monde, en la primavera de 2001, reconocía que las AUC habían ejecutado “a dos periodistas locales que eran, de hecho, guerrilleros” “No puedo aceptar que el periodismo se convierta en un arma al servicio de uno de los actores del conflicto”, explicaba Pocos días después de la publicación de este artículo, la policía conseguía neutralizar una bomba de 250 kilos de TNT (Trinitrotolueno), colocada ante el local del semanario comunista Voz, en Bogotá Una acción reivindicada, poco después, por Carlos Castaño
En sus relaciones con la prensa, la guerrilla está muy lejos de demostrar la misma voluntad para convencer Como respuesta a las preguntas de enviados especiales, llegados para preguntar sobre la presencia de su grupo armado en el Putumayo, un subcomandante de la guerrilla se limitó a exhibir un comunicado oficial e invitó a los periodistas a que lo copiaran Encerrada en su retórica, la guerrilla desconfía de los patrones de la prensa “al servicio de los grandes monopolios”, y acusa a los medios de comunicación de ser “los principales causantes de gran parte de los males de Colombia” El comunicado del 18 de octubre, en el que las FARC acusan a El Tiempo, y a los grupos RCN y Caracol, de ser “enemigos del proceso de paz”, es también testimonio de que el grupo armado se siente maltratado por los medios de comunicación
En febrero de 2001, Nicolás Rodríguez Bautista, jefe del ELN, justificaba los secuestros de periodistas por la discriminación de que, afirma, es víctima su grupo en los medios Varios observadores, preguntados por IPYS y RSF, cuentan que, en efecto, la prensa nacional denuncia con más interés las exacciones cometidas por la guerrilla que las de los grupos paramilitares Aunque menos grave que el de los paramilitares, el balance de las FARC y del ELN en materia de represión de la libertad de prensa, no resulta menos elocuente: tres periodistas asesinados desde 1999 y otros seis amenazados, obligados a exilarse En total, las FARC y el ELN han secuestrado, a veces solamente durante algunas horas, a 56 periodistas desde 1998 Normalmente con el objetivo de obligar a los medios de comunicación a difundir un comunicado de prensa, o a denunciar las exacciones cometidas por el ejército o los paramilitares En el caso de Henry Romero, secuestrado por el ELN en octubre de 1999, el grupo armado lo que quería era juzgar al fotógrafo de la agencia Reuters por haber publicado imágenes en las que aparecían los guerrilleros con la cara descubierta Fue liberado después de siete días de detención
Los reporteros que cubren el conflicto cuentan que, en ocasiones, las fuerzas del orden son igual de intolerantes que los grupos armados en relación con la prensa “¿Y este? ¿Está con nosotros o con los otros?”, preguntó un oficial refiriéndose a un periodista La organización Human Rights Watch, en varias ocasiones ha acusado a determinadas brigadas del Ejército, de colusión con los grupos paramilitares Un coronel acusó a Carlos Pulgarín, corresponsal del diario El Tiempo en Montería, de ser un “vocero de la guerrilla”, antes de verse agredido por presuntos miembros de las AUC El periodista había publicado informaciones sobre las pérdidas sufridas por ese grupo, en los combates
Además del ejército, a veces se cuestiona a la policía y a los guardias de las cárceles El 25 de mayo de 2000, Jineth Bedoya, de El Espectador, fue secuestrada en la misma entrada de la cárcel La Modelo, de Bogotá, ante los ojos de los vigilantes Un año y medio después, todavía no se conocen las conclusiones de la investigación efectuada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) La periodista quedó en libertad unas diez horas más tarde, después de haber sido golpeada, drogada y después violada Algunos días antes, había publicado un artículo sobre asesinatos cometidos en la cárcel por miembros de las AUC, detenidos en ese establecimiento
Zonas peligrosas
Es sin duda mucho más difícil la situación en las provincias, por tres razones fundamentales Ante todo, porque los periodistas de los medios pequeños están más aislados Después, porque los grupos armados están mucho más presentes Algunas regiones se encuentran completamente bajo su control, como es el caso de la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba (Noroeste), feudo de las AUC, o de la zona desmilitarizada concedida a las FARC, en el departamento de Caqueta (Sur) Finalmente porque, en numerosos lugares, los grupos armados se disputan el control de la región: departamentos de Nariño (Suroeste), de César (Noreste), de Magdalena (Norte), del Putumayo (Sur), de Norte de Santander (Norte), de Arauca (Este), etétera
Dos regiones se han distinguido tristemente, durante los últimos meses, por sus múltiples atentados contra la libertad de prensa: el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, y el de Caqueta
El departamento de Nariño, situado en la frontera con Ecuador, con una larga costa en el océano Pacífico, es estratégico para el tráfico de armas y de droga Grupos paramilitares, guerrillas y narcotraficantes se disputan el control de esta provincia y, en particular, del puerto de la región, Tumaco En septiembre de 2000, los paramilitares llegaron a la ciudad portuaria y emprendieron “limpiarla” Un artículo publicado en El Espectador, cuenta que, después de haber asesinado a los delincuentes y los mendigos, los paramilitares se dedicaron a perseguir a los líderes obreros y a las voces independientes Carlos Lozano, director del semanario Voz y miembro del Partido Comunista, revela que entonces recibieron amenazas los militantes de izquierda de la región Varios de ellos abandonaron la región a comienzos del año 2001 El 27 de abril, Flavio Bedoya, corresponsal de Voz en Tumaco, fue asesinado después de haber publicado un artículo denunciando las exacciones de ese grupo armado También había recibido amenazas Colaboraba igualmente en una publicación local, El Faro, en la que denunciaba asuntos de corrupción El responsable de esta publicación también se vio obligado a abandonar la región Un programa de radio, “La Caja de Pandora”, conocido por su independencia, ha desaparecido de la parrilla de programación En ocho meses, en la ciudad se han cometido 39 asesinatos políticos
Las fuerzas de La Marina, presentes en la región, están acusadas de encubrir esos atropellos Los periodistas que intentan investigar se exponen a recibir amenazas En el aeropuerto, un militar filma a los recién llegados cuando bajan del avión La prensa de Pasto, la capital del departamento, también ha sido atacada El 19 de abril, fue objeto de un atentado el semanario El Otro Dos granadas, lanzadas contra sus locales, destruyeron una parte de las instalaciones
En la zona desmilitarizada de 42 mil kilómetros cuadrados, concedida a las FARC, la problemática es diferente Paradójicamente, los periodistas que han trabajado en San Vicente del Caguán, principal localidad de la “zona de distensión”, fueron amenazados antes por las AUC que por las FARC Estas últimas, responsables de la zona, se han mostrado relativamente respetuosas con la libertad de prensa, en el interior de su territorio En cambio, varios periodistas llegados para cubrir el proceso de paz, han sido señalados como sospechosos de hacer el juego a la guerrilla Amenazados, al menos tres ellos se han visto obligados a abandonar el país: Martín Movilla y William Parra, del canal Caracol Televisión, y Eduardo Luque Díaz, de RCN Radio Los dos primeros fueron acusados, en llamadas anónimas, de ser “amigos de la guerrilla” También recibió amenazas Hollman Felipe Morris, por sus reportajes en el canal de televisión RCN TV
Actualmente, los periodistas más amenazados son los originarios del departamento de Caqueta que están cubriendo el proceso de paz desde sus inicios Definitivamente, han sido equiparados con “portavoces de la guerrilla” por las AUC María Luisa Murillo, corresponsal de El Tiempo, Luis Alfonso Altamar Gaitán, colaborador de varios medios y director de su propia estación de televisión, y Efraín Jiménez, corresponsal de RCN Radio y periodista de la radio comunitaria Ecos del Caguán, no pudieron acudir a una entrevista concertada con los representantes de RSF e IPYS porque los paramilitares controlan las carreteras que unen San Vicente con Bogotá El asesinato de “Lelo”, el 10 de octubre de 2001, fue considerado como una advertencia Era el chófer habitual de los corresponsales de la prensa internacional, llegados para informar de las negociaciones
Los asesinatos del 2001
Al 22 de noviembre de 2001, el balance de lo que va de año es de doce periodistas asesinados IPYS y RSF estiman que, en cuatro de los asesinatos, no se puede hablar de atentado a la libertad de prensa, en la medida en que las víctimas, aunque poseedoras de un título de periodismo, no trabajaban para un medio de comunicación Por otra parte, continúan investigándose los casos de otros cinco periodistas, a falta de poder establecer una relación con el contenido de sus programas o artículos En los tres casos restantes, es más creíble la hipótesis de un asesinato motivado por el trabajo del periodista Se trata de los siguientes casos:
Flavio Bedoya, corresponsal del semanario Voz en Tumaco (Departamento de Nariño, sudoeste del país), fue asesinado por sicarios el 27 de abril de 2001 De cincuenta y dos años de edad y padre de tres hijas, el periodista del órgano del Partido Comunista Colombiano había recibido amenazas de muerte tras publicar, el 4 de abril, un artículo sobre las exacciones cometidas cerca de Tumaco por los paramilitares, acompañado de una entrevista con un comandante de las FARC
El 8 de julio, Jorge Enrique Urbano Sánchez, fue asesinado, de cuatro disparos, por dos desconocidos en moto Un amigo del periodista también resultó herido durante la agresión Jorge Enrique Urbano Sánchez había denunciado la inseguridad imperante en Buenaventura, una ciudad portuaria del departamento del Valle (Oeste) Trabajaba para la radio Mar Estéreo, perteneciente al grupo Todelar, y en el programa “Amanecer Porteño”, emitido por el canal de televisión local Telemar Sus denuncias estaban estrechamente relacionadas con su trabajo de responsable de una organización encargada del mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad
Dos días antes, había sido asesinado José Duviel Vásquez Era entonces el tercer periodista de La Voz de la Selva, una emisora de la ciudad de Florencia (Caqueta), asesinado en el espacio de ocho meses También fue el último La Fundación Jorge Eliecer Gaitán, propietaria de la radio, decidió vender la emisora
La impunidad
En Colombia, el índice de impunidad es mayor del 95% “Un nivel tal, que después del narcotráfico, la impunidad se ha convertido en el segundo factor de criminalidad”, constata amargamente un magistrado Un porcentaje que, desgraciadamente, también es válido para los asesinatos de periodistas Sin embargo, durante los últimos cinco años, se multiplican los ejemplos de investigaciones que han permitido identificar, e incluso detener a los asesinos
Sólo en un caso de asesinato, el de Ismael Jaime Cortés, director del diario La Opinión, ocurrido el 6 de mayo de 1992 en el departamento del Magdalena (Norte), algunos de los autores materiales de la muerte fueron condenados de forma definitiva, con una pena de cárcel confirmada en segunda instancia En otros cinco casos, los presuntos asesinos fueron detenidos, pero no han sido juzgados o el proceso se encuentra todavía en curso Por otra parte, tres casos han sido reasignados a otros servicios, porque los asesinatos no guardaban ninguna relación con un trabajo periodístico En los 21 casos restantes, a los que hay que añadir otros casos de asesinatos de periodistas muertos a causa de su trabajo, pero que no han sido entregados a esta sub-unidad, no se ha detenido a ningún sospechoso
Varios factores contribuyen a explicar el mantenimiento de una impunidad casi generalizada El elevado nivel de la criminalidad: con quince asesinatos diarios solamente en la ciudad de Cali, los fiscales tienen la sensación “judicializar la guerra”, o sea de estar tratando una situación de guerra con los medios judiciales de un país en paz Se lamentan de la falta de medios y creen que la respuesta del Estado es insuficiente Así, en algunos departamentos, un único juez tiene que pronunciarse sobre todos los casos Es, entre otros, el caso de Valledupar En esta ciudad, capital del departamento de César (Noreste), el proceso de Libardo Prada Bayona, presunto asesino de la periodista Luz Amparo Jiménez Payares, ultimada el 11 de agosto 1998, se retrasó en siete ocasiones para iniciarse finalmente el 10 de julio de 2001, casi dos años después de la primera fecha fijada Antigua periodista de la televisión, Luz Amparo Jiménez Payares había informado, en 1996, de la expulsión por los paramilitares de los campesinos que ocupaban la propiedad de un antiguo ministro, Carlos Arturo Marulanda
Al problema de los medios hay que añadir las presiones e intimidaciones a que se ven sometidos los magistrados, los testigos y los abogados Citado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo de la Hoz, abogado de la parte civil en el caso de Luz Amparo Jiménez Payarés, afirma que cinco o seis abogados de Libardo Prada Bayona han renunciado a la defensa, después de recibir amenazas
Según Diana Calderón, responsable de la Unidad de Reacción Rápida, una unidad de la SIP encargada de investigar los asesinatos de periodistas, las presiones sobre los testigos amenazan tanto las instrucciones porque las demostraciones de los investigadores se basan normalmente en testimonios “Existe una gran debilidad en el aporte de pruebas materiales o basadas en expertizajes”, precisa Una afirmación compartida por el Fiscal General de la República, Luis Camilo Osorio
Prácticamente jamás se molesta a los autores intelectuales Algunos de ellos se han convertido en intocables, como Carlos Castaño, el jefe de las AUC Se han dictado contra él varias decenas de órdenes de detención, pero el hombre se encuentra al frente de un verdadero ejército de 8 mil hombres Entre otras, es objeto de una orden de detención desde julio de 2000, por haber ordenado el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón Hasta el momento, sólo han sido detenidos el presunto asesino y el hombre acusado de conducir la moto
La impunidad cierra, sobre la prensa, el círculo vicioso de la violencia y el miedo Los periodistas, no sólo pueden difícilmente publicar o difundir sus informaciones, sino que ni siquiera pueden denunciar las presiones de que son víctimas, para acabar con ellas Son muy loables los esfuerzos del gobierno para garantizar la protección de los periodistas o reforzar los medios de la Fiscalía, pero continúan siendo muy limitados, especialmente en el aspecto financiero
En este contexto, los periodistas no tienen más opciones que la autocensura o poner en peligro su vida

Comentarios

Load More