Acapulco, Gro - Una semana después de conocerse el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre desaparecidos de las décadas de los setenta y principios de los ochenta, organizaciones no gubernamentales advierten que "si hay voluntad política" en el gobierno de Vicente Fox se deberán abrir los expedientes del Ejército Mexicano para esclarecer el paradero de centenares de personas En tanto, en la capital mexicana alrededor de veinte miembros de ONG y grupos armados ya disueltos se reunieron con diputados perredistas en la Cámara de Diputados En dicho encuentro coincidieron en que la recién creada fiscalía especial para desaparecidos "nació muerta", por lo que es necesario crear una "comisión de la verdad" El motivo principal de la reunión giró en torno a la exigencia de presentar a los desaparecidos y acabar con la impunidad Y en la capital guerrerense, el Comité Ejecutivo de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP) ?en la que están integrados excombatientes de organizaciones armadas-- resolvió, el pasado fin de semana, exigir la apertura de expedientes castrenses, toda vez que la recomendación de la CNDH contiene "escasa información militar", aun cuando "altos mandos de esa época han reconocido que el Ejército Mexicano conserva íntegros esos expedientes" En ello coincidió la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), agrupación que además insiste en la necesidad de crear una "comisión de la verdad" que operaría antes que la fiscalía especial recomendada por el organismo gubernamental y acatada por el presidente Fox Antonio Hernández Fernández, exmiembro del Partido de los Pobres e integrante del CEN de la UGOCP, manifestó en entrevista que dado que militares como el general retirado Alberto Quintanar Alvarez han aceptado que el Ejército Mexicano tiene registro de cada una de las detenciones ocurridas en la época de la guerra sucia, "no hay ningún obstáculo para que las autoridades competentes, llámese PGR o la misma CNDH, exijan a la Sedena el acceso a esos archivos, pues el informe que presentó Soberanes se trunca ahí Se advierte que no se dio acceso a ese tipo de información, por lo que no hay forma de que se den pistas sobre el paradero de cientos de personas que fueron detenidas y de las que no sabemos hasta ahora nada" Amnistiado político, detenido en dos ocasiones, una de ellas por Mario Arturo Acosta Chaparro, Hernández Fernández reconoció que el informe de la CNDH "marca un nuevo punto de partida, no obstante el silencio que guardó el propio organismo durante once años, cuando interpusimos denuncias por desaparición forzada y ayudamos a la misma CNDH a realizar las investigaciones" Para el exguerrillero, a pesar de que todavía hay preguntas que resolver, la resolución de la CNDH "es un avance en el reconocimiento de que la desaparición forzada de personas, la tortura y ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política de Estado, como parte de una supuesta estrategia de seguridad nacional, lo que fue negado durante cinco sexenios anteriores, y es lo que precisamente nosotros hemos señalado desde siempre" Aun cuando la CNDH no lo dice, añade Hernández Fernández, "del informe debe desprenderse la responsabilidad jurídica por el cúmulo de delitos cometidos por los funcionarios públicos involucrados, así como la responsabilidad política que abarca a expresidentes de la República, exsecretarios de Estado, exprocuradores de Justicia, exgobernadores, entre aquellos que dieron órdenes, y naturalmente a quienes fueron los operadores policiaco-militares de la guerra sucia De todo esto también resultan cómplices aquellos que, ante la gravedad de lo que sucedía en el país, guardaron silencio por interés o cobardía" Por las dos experiencias que tuvo como preso político ?en 1974 y en 1978--, Hernández Fernández recordó que al ser torturados "se nos obligaba a relatar nuestra vida, desde la niñez, y a señalar los nombres de nuestros familiares y amigos, o sea que al expediente de cada uno se le agregaban otras referencias, y esto lo afirmo porque al platicar con más sobrevivientes de las mazmorras hemos encontrado estas coincidencias, por eso ahora no pueden decirnos que esos expedientes no están o que no pueden servir para definir el paradero de los detenidos y desaparecidos Esos expedientes los tiene el Ejército y a esa institución habría que pedírselos" Tita Radilla Martínez y Julio Mata Montiel coincidieron por separado en la urgencia de "destrabar los obstáculos que pone el Ejército para conocer sus archivos, y que de una vez por todas nos diga qué hizo de los desaparecidos" Tras anunciar la conformación de comités regionales de Afadem en Guerrero, los dirigentes manifestaron que "si hay voluntad política del presidente Vicente Fox, va a dar cumplimiento a su promesa de campaña de crear la comisión de la verdad" Radilla Martínez aseguró que de conformarse dicha comisión, tendría que operar antes de que entre en marcha la fiscalía especial, "con el objetivo de que de manera independiente y de forma imparcial se hagan señalamientos claros para que la fiscalía actúe para el efectivo ejercicio de la justicia" Mata Montiel destacó que "la reticencia de juristas para participar en la fiscalía especial se debe precisamente a que no hay garantías, desde el poder Ejecutivo, para que quien encabece la fiscalía lo haga de manera independiente, sin intereses de por medio" Por ello, ambos insistieron en que se buscarán los mecanismos necesarios para que a través del Poder Legislativo se forme la "comisión de la verdad" "Hay una iniciativa de la senadora Leticia Burgos, en la que no coincidimos totalmente porque en ella se habla de incluir a miembros del Legislativo en dicha comisión; lo que queremos es que la formen personajes ajenos a cualquier tipo de interés político o económico, que su único compromiso sea saber qué ocurrió durante la guerra sucia, para que situaciones como esa no se vuelvan a repetir" Finalmente, Radilla Martínez anunció que en marzo llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 20 casos de desapariciones forzadas, que se sumarían al que el 15 de noviembre se presentó ante esa instancia internacional "Son casos en los que ya se han agotado los cauces legales; ya se interpusieron denuncias en el fuero común y en el federal, y no ha habido respuesta Estos mismos casos no tienen una respuesta satisfactoria en la resolución de la CNDH, pese a que hay testimonios claros sobre los presuntos responsables de las detenciones En todas ellas se habla de Mario Arturo Acosta Chaparro como autor intelectual, y no hay hasta ahora una respuesta del Estado mexicano" Las denuncias próximas a presentarse serían las primeras de alrededor de 200 que Afadem pretende llevar a la CIDH10/12/01