Guerra Sucia Global

Mientras que la comunidad mundial busca mecanismos para impedir que queden impunes los crímenes que se llevan a cabo desde el poder, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, la guerra contra el terrorismo declarada por Estados Unidos ha dado ya muestras de caminar en sentido proporcionalmente inverso, sobre todo en los criterios de la aplicación de justicia
Desde que, como primera reacción, la administración Bush bautizó a su campaña por los atentados del 11 de septiembre como “Justicia Infinita”, traslució un enfoque que mucho se acercaba a la venganza o a la ira divina Cambiado el infortunado nombre por el mucho más cívico de “Libertad Duradera”, su orientación inicial, sin embargo, no se modificó en esencia, como lo han ido demostrando los acontecimientos sucesivos
Tanto en el flanco militar internacional como en el doméstico judicial, Washington se ha comportado conforme a lo que denomina como una “situación de guerra”; pero ciertamente tampoco ha respetado las convenciones vigentes que rigen en esta materia, alegando una excepcionalidad que, desafortunadamente, todavía no está debidamente normada Así, la reglamentación entre un conflicto armado -interno o internacional- y la lucha contra el terrorismo, deja un hueco legal que permite múltiples interpretaciones, no pocas de ellas violatorias de los derechos humanos
Desde esta perspectiva, la simple decisión de bombardear Afganistán es ya cuestionable El argumento es que el gobierno local, en este caso el de los Talibanes, dio cobijo y, de hecho, mantuvo complicidad con Osama Bin Laden y la red de Al Qaeda, principales acusados de haber llevado a cabo los atentados en Washington y Nueva York, además de otros previos como los bombazos en las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania y el ataque al portaviones USS Cole
El problema empieza desde que se argumenta que no se trata de una guerra entre Estados, pero, en los hechos, un Estado ataca a otro Estado: es decir, su territorio, su gobierno, su población, su infraestructura económica, etcétera Por ello mucho insistieron los operadores del área de seguridad de la administración Bush en subrayar que sólo se atacarían objetivos militares y que, por el contrario, a la población civil se le prestaría todo tipo de ayuda humanitaria
Sabemos ya que no fue así Como era de esperarse, las bombas “inteligentes” no lo fueron tanto y cayeron sobre hospitales, almacenes de la Cruz Roja y zonas residenciales, entre otros blancos equivocados Hasta el momento, dado el caos prevaleciente, no se sabe cuántos civiles murieron en esas circunstancias; pero una revisión a vuelapájaro de los reportes de prensa, permite calcular que fueron varios miles, sin distinción de edad, sexo, estado de salud u otras variables que se toman en cuenta por motivos humanitarios
Otra vez los estrategas de la Casa Blanca, particularmente el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, hicieron hincapié en minimizar los daños, a los que en este caso se define como “colaterales” Es decir, que en cualquier enfrentamiento armado es de esperarse que resultarán afectados aun aquellos que no tienen nada que ver con él A los que así les tocó, mala suerte Es, presuntamente, por una causa superior Una visión sin duda muy laxa para aplicar la justicia
Pero, como también sabemos, la acción punitiva no paró en los bombardeos Por tierra se llevó a cabo una campaña militar que, si bien fue conducida medularmente por la llamada Alianza del Norte y otras fuerzas opositoras, contó todo el tiempo con el apoyo logístico y aéreo de la coalición y, a partir de cierto momento, inclusive de fuerzas terrestres Y, como se fue revelando, esta campaña resultó una verdadera carnicería
Asesinatos en masa de prisioneros en escuelas y cárceles, como ocurrió en Mazar-e-Sharif; ejecuciones y detenciones extrajudiciales, torturas, violaciones, venganzas, saqueos, destrucción Y no sólo entre las partes en conflicto, que ya es bastante grave, sino también entre la población civil que quedó entre dos fuegos, en una tierra de nadie Para la ONU hay elementos suficientes para abrir, ya, un juicio por crímenes contra la humanidad, tanto contra los talibanes como contra sus opositores No se ha mencionado qué justicia correspondería a sus patrocinadores foráneos
Queda además, otra vez, la interrogante sobre el derecho que tienen un Estado o un conjunto de Estados a ejercer acciones punitivas sobre otro(s), al considerar sus políticas como agresivas o inconvenientes En este caso, Estados Unidos y sus aliados esgrimieron el derecho de “legítima defensa”, lo cual no necesariamente corresponde a la normativa internacional, dado que se está hablando de una guerra contra el terrorismo en general, como fenómeno, y no contra un país en particular
Lo real es que se atacó a un país y se derrocó a su gobierno Muy pocos, sin duda, llorarán por la caída del delirante régimen Talibán, pero Bush ya anunció acciones “devastadoras” contra otras naciones que apoyen el terrorismo A saber, según una lista del Departamento de Estado: Corea del Norte, Cuba, Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia y Sudán Y, si mucho los aprietan, también otros países donde hay grupos integristas islámicos como Argelia, Egipto, Filipinas, Indonesia, etcétera No es difícil imaginar lo que esta lógica unilateral podría desatar a nivel internacional
Esto, por lo que corresponde a las acciones de represalia en el exterior
La forma en que se está llevando a cabo el combate al terrorismo en los circuitos judiciales, también motiva más que preocupación entre los que defienden los derechos humanos y civiles Es difuso lo que está ocurriendo en varios países, como Alemania, España o Francia, donde se ha detenido a varios sospechosos de estar vinculados con la red de Al Qaeda Pero todo indica que serían entregados a la justicia de Estados Unidos, aunque ya ha empezado a haber divergencias en materia de extradiciones
Y esto, sobre todo, porque la justicia en Estados Unidos, en relación con los atentados, está operando de manera más que irregular La legitimación de las medidas de excepción para combatir al terrorismo se dio con la aprobación de la llamada “Ley Patriota”, que prevé “flexibilidades” como la interferencia de telecomunicaciones, detenciones y allanamientos sin orden previa, prisión preventiva de inmigrantes sospechosos, incomunicación, secrecía, escucha de las conversaciones entre los detenidos y sus abogados, congelamiento de cuentas y transacciones dudosas, etcétera Todas violatorias de los procedimientos judiciales convencionales
Desde el 11 de septiembre existe un número indeterminado –va de 800 hasta 1,200– de detenidos, de cuyas circunstancias se sabe poco No se ha proporcionado una lista con sus nombres ni con los cargos que se les imputan No se sabe si han tenido acceso a abogados, quiénes los orientan en los procedimientos judiciales ni las condiciones de su encarcelamiento Lo que sí ha trascendido es que la mayoría son extranjeros, muchos con una situación migratoria irregular o, simplemente, que tuvieron proximidad casual con presuntos sospechosos, como vivir en un mismo edificio o asistir a una misma mezquita
Estas detenciones han arrojado hasta ahora pocos resultados, probablemente porque las más eran injustificadas o, según los cuerpos de seguridad, porque los detenidos “se han negado a cooperar” Para superar esta negativa el FBI ya ha considerado, públicamente, utilizar la tortura o la aplicación de drogas La forma en que, según un video, fue interrogado por agentes de la CIA el joven estadunidense metido a Talibán, John Walker, puede dar una somera idea de lo que le puede esperar a los sospechosos y, peor, si no son ciudadanos norteamericanos
Este estado de cosas se agrava aún más con la aprobación de los tribunales militares, hecha el 13 de noviembre Estos tribunales permiten juicios rápidos y secretos que se pueden realizar en cortes especiales en el país, en territorio extranjero o aun en naves estadunidenses en altamar Los acusados no pueden apelar el fallo de los tribunales y el desahogo de pruebas es, formal y sustancialmente, mucho menor que en las cortes civiles El juicio, condena y ejecución incluida, puede durar menos de un mes Las autoridades militares no tienen obligación de proporcionar información mayor sobre el caso
Lo más preocupante de estos tribunales, sin embargo, es que solamente están previstos para extranjeros Dados el racismo y la xenofobia que prevalecen en la sociedad norteamericana, no es difícil suponer que muchas personas pueden ser enjuiciadas tan solo por su nombre, su apariencia, su lengua, sus costumbres o su religión Lo que, de hecho, ya ha pasado con los “sospechosos” que se ha detenido hasta ahora
Mucho antes de los atentados, Amnistía Internacional ya reportaba que hombres jóvenes y, sobre todo, pobres, de las comunidades negra, latina, árabe y asiática eran considerados automáticamente como potenciales sospechosos También el índice de los encarcelados y sentenciados a muerte es proporcionalmente más alto en función de su origen nacional y racial Pensar lo que puede pasar al calor de la actual guerra contra el terrorismo da escalofríos
Para el vicepresidente Dick Cheney, los terroristas (extranjeros) no merecen, ni siquiera, ser tratados como prisioneros de guerra, mucho menos acogerse a los beneficios que la ley otorga a cualquier ciudadano estadunidense Los terroristas, simplemente, dijo, no deben contar con protecciones legales De ahí, a la “Guerra Sucia” con torturados, desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, como la que tanto promovieron en otros países, durante la “guerra contra el Comunismo”, hay sólo un paso
Así, tal vez, al igual que a los Pinochet y a los Videla, dentro de algunos años tendremos la oportunidad de ver comparecer a los actuales paladines de la lucha contra el terrorismo, como los Bush, los Rumsfeld o los Cheney, por crímenes de guerra o de lesa humanidad, ante tribunales ad hoc o ante la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto Estados Unidos precisamente no ha querido firmar, ante el temor de que se lleva ante ella a sus ciudadanos Por algo será

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