México, D F (apro)- A tres días de que se venza el plazo para que el gobierno del presidente Vicente Fox informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sobre las medidas que haya adoptado para proteger la vida e integridad del general José Francisco Gallardo, la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene un silencio sepulcral en torno al caso El próximo lunes 14 se vence el plazo fijado por la Coidh el pasado 20 de diciembre, cuando decidió adoptar medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de quien osara proponer la creación de un "ombudsman" dentro de las fuerzas armadas En su resolución, el presidente de la Coidh, juez Juan Antonio A Cancado Trindade, consideró, entre otras cosas, que el Estado mexicano, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 23 de abril de 1982, y conforme al artículo 62 de la misma, reconoció la competencia de la Corte el 16 de diciembre de 1998 Conforme a los antecedes expuestos, se estableció que el caso era una situación urgente y de grave peligro para la vida e integridad del militar, debido a que las autoridades mexicanas habían hecho caso omiso a las recomendaciones de la CIDH Por ello, la Coidh resolvió que era responsabilidad del Estado mexicano adoptar medidas de seguridad para proteger a todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción Más aún, la presidencia de la Coidh consideró necesario escuchar en audiencia pública los alegatos del Estado y de la CIDH sobre el caso del general Gallardo, así como de las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos Por lo que convocó a la CIDH y a los Estados Unidos Mexicanos a una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, para el próximo 18 de febrero, a las 15:00 horas, para que la Corte escuche sus puntos de vista sobre los hechos y circunstancias que motivaron la solicitud de medidas provisionales 11/01/02