Por ningún lado aparecen los archivos de la DIPD

México, DF (apro) – Además de los faltantes que puede haber en los archivos que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) entregaron al Archivo General de la Nación, en la documentación de la “guerra sucia” hay un acervo fundamental perdido: el de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), corporación secreta de seguridad de la Ciudad de México involucrada en numerosos casos de desapariciones

La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 26/2001 –relativa a los casos de desaparecidos en la “guerra sucia”–, consigna la imposibilidad de ubicar esta documentación, al señalar que las denuncias de desapariciones a cargo del gobierno que en su momento se presentaron, “terminaron en archivos que, para colmo, a la fecha no se pueden localizar, tal es el caso de la hoy extinta Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia del Departamento del Distrito Federal”

Estos archivos son el tercer acervo documental que, según el decreto presidencial del 27 de noviembre –titulado “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”–, debería ser entregado al Archivo General de la Nación (AGN) para el esclarecimiento de los sucesos relacionados con la “guerra sucia”

En teoría, los archivos deberían estar en el Centro de Control Documental de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que fue la dependencia que absorbió las funciones de la extinta Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), a la que desde 1976 y hasta 1982 estuvo adscrita la DIPD

Sin embargo, Leonel Godoy, exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y actual secretario de Gobierno de Michoacán, mediante el oficio SSP/9366/2001, informó el año pasado a la CNDH que la dependencia a su cargo carecía de dato alguno sobre la ubicación de los archivos de ambas direcciones (DIPD y DGPT)

“…Actualmente –escribió Godoy– en los archivos de esta Secretaría no obra ningún documento de las Direcciones en referencia, toda vez que, de acuerdo al Catálogo de Vigencias Documentales (…) el término máximo se refiere de doce a quince años para su depuración, así como el término mínimo es de un año, según el tipo de documental pública que se trate, razón por la cual no es obligatorio para ninguna dependencia conservar los archivos documentales de áreas desaparecidas, como es el caso de las Direcciones antes señaladas, que desaparecen en mil novecientos ochenta y dos y mil novecientos ochenta y cuatro, respectivamente”

Peor aún, en su oficio, Godoy informa que de lo que sí encontró datos es de una presunta orden para “dar de baja” algunos documentos de dicha corporación

“De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Construcción, Mantenimiento y Servicios Generales de esta Secretaría –dice Godoy– se advierte que sólo se encontró en los archivos de esta Secretaría el oficio número SSG-007/89, girado por el subdirector de Servicios Generales a la Unidad de Control de Administración de Documentos del Distrito Federal, de fecha 9 de enero de 1989, a través del cual solicita la baja de algunos documentos, entre ellos varios paquetes de la Secretaría General de Protección y Vialidad”

En el oficio, Godoy sugiere a la CNDH acudir a la Oficialía Mayor del Distrito Federal para que, a través de la Unidad de Control de Administración de Documentos, puedan encontrar la documentación requerida

En su recomendación, la CNDH no indica que haya seguido la sugerencia de Godoy, y simplemente da por perdidos los archivos, los cuales, dice, “a pesar de haberse tratado de ubicar, ello no fue posible, pues de las investigaciones realizadas se pudo corroborar que no existía referencia escrita que permitiera establecer su destino final, lo cual impidió determinar el nivel de intervención que tuvo la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia en diversos hechos”

Un día después de la publicación del decreto presidencial, en noviembre pasado, Godoy señaló a los medios que “todos los archivos que correspondieron a la DIPD están desde principios de la década de los noventa en el Archivo General de la Nación (AGN)”

Pero la semana pasada, Soledad Villafuerte, encargada en el AGN de recibir los acervos documentales, informó a la agencia “Apro” que de la DIPD no han recibido archivos, y que, en general, ahí no guardan documentación del Distrito Federal, ya que ésta se encuentra, casi en su totalidad, en la Unidad Central de Administración de Documentos del Distrito Federal y en el Archivo Histórico de la Ciudad de México

Sin embargo, ahí tampoco están Alfonso Echegaray, encargado del citado Archivo de Concentración, dijo a “Apro” que ya otras personas habían preguntado por los documentos de la DIPD, pero que él no tenía idea de dónde podrían estar Y Martín Barrón, responsable del Archivo Histórico, comentó que, por estructura institucional, el lugar que les corresponde es el Centro de Control Documental de la SSP; y en la Secretaría tampoco están, como –además de lo que dijo Godoy– informó la encargada, Marisela Vázquez

Ramón Sosamontes, exsubsecretario de Seguridad Pública y expreso político, justamente en los separos de la DIPD (antes ubicada en Tlaxcoaque, en el centro del Distrito Federal), informó a “Apro” que al llegar a su cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una de sus primeras acciones fue, precisamente, acudir al Centro de Control Documental de la SSP a buscar esta documentación Sin embargo, se queja, la búsqueda fue infructuosa

Sosamontes, que como asambleísta en 1989 participó en la clausura de las instalaciones de lo que antes fue la DIPD, descarta en entrevista que la corporación no hubiera dejado archivos, y comenta que, más bien, lo que pudo haber sucedido es que los trasladaran a la Sedena, o que los hubieran recuperado los militares involucrados en la “guerra sucia”, como Arturo Acosta Chaparro o Miguel Nazar Haro

“Habría incluso –dice– que solicitar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos militares aún vivos entregaran también la documentación que tienen, o que catearan sus casas”

–También cabe la posibilidad de que hubieran sido destruidos –se le comenta

–No creo Incluso, los torturadores quieren dejar huella de su trabajo Es como parte de su perfil psicológico

Comentarios