México, DF - Ante diputados de la Asamblea Legislativa, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, señaló que la dependencia a su cargo ha concluido que la abogada Digna Ochoa no fue protegida en sus derechos humanos de forma adecuada por parte de la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública Al presentar su primer informe de labores ante diputados locales, el cual fue divulgado por escrito la víspera, Alvarez Icaza dijo que luego de analizar todos los documentos que en su momento formaron parte de las averiguaciones previas del caso Digna Ochoa, desde 1996 hasta el 2000, se ha concluido que existieron "prácticas administrativas" que "no ayudaron" a proteger los derechos humanos de la abogada ni de otros activistas Refirió que desde el 24 de octubre del año pasado, a pocos días del asesinato de la abogada, la CDHDF inició una investigación sobre la forma en que se manejó el caso de las amenazas de muerte recibidas En dicha investigación, dijo, se recabaron todos los documentos que en su momento manejaron la PGJDF y la SSP respecto de la averiguación previa y el cumplimiento de las medidas de protección que se le concedieron a Ochoa De todo ello se concluyó que hubo deficiencias en la protección a la abogada, señaló Por otro lado, destacó que el 40 por ciento de las quejas recibidas por violaciones a los derechos humanos, el último año, van en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Porcentajes importantes de las quejas también señalan a la Secretaría de Seguridad Pública y al sistema de reclusorios de la capital, informó El funcionario señaló, al dar lectura a su informe, que gracias a las quejas presentadas ante la CDHDF, un importante número de funcionarios han sido sancionados de diversas formas, desde la amonestación hasta la prisión, pasando por el cese de funciones y la multa La mayoría de funcionarios castigados pertenecen a la Procuraduría capitalina Entre las quejas más frecuentes se encuentran la negativa, suspensión o prestación ineficiente del servicio público; violación a los derechos de los reclusos; ejercicio indebido del servicio público; la irregular integración de la averiguación previa, y la dilación en la procuración de justicia También hubo, puntualizó, quejas relativas a tortura En el último año se ha sancionado a 236 funcionarios, de los cuales 117 son de la PGJDF y 95 de la SSP, detalló Además, se encuentran en proceso 781 procedimientos administrativos, 624 averiguaciones previas y 75 procesos penales en contra de funcionarios públicos Estos procesos son vigilados por la CDHDF, dijo Asimismo, informó que se realizaron diversas actividades, como impartición de cursos y talleres en materia de derechos humanos; asesoría a grupos vulnerables en diversas materias, como violencia familiar, abuso sexual, detenciones arbitrarias, tutela de menores y otras25/03/02