El gobierno está decidido a hacer justicia agraria a los indígenas, afirma Gálvez

México, DF – En abierta contradicción con lo que ocurre en San Salvador Atenco, donde se decretó la expropiación de numerosas tierras ejidales por un precio ínfimo, la titular de la oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, destacó que la administración foxista está decidida a hacer justicia agraria a las comunidades indias

En entrevista, Gálvez expresó que el panorama para las comunidades es halagador, pues los tribunales y la Procuraduría Agraria trabajan por aplicar el estado de derecho en torno de los viejos conflictos de tierra que involucran a comunidades indígenas

Las autoridades judiciales agrarias, señaló, ya no privilegian a quienes tengan más poder, como ocurría cuando en un conflicto se favorecía a empresarios ganaderos sobre una comunidad indígena, dijo

En lo que va del presente gobierno, manifestó, se han hecho dos restituciones de tierras en zona huichol a comunidades indígenas que peleaban con ganaderos de la zona Asimismo, aseguró que cuando se tengan que aplicar estas medidas se hará “con seriedad y mano dura”

Se aplicará estrictamente la ley y se dará preferencia al diálogo y a la conciliación, pero cuando haya que aplicar la ley, se hará con “seriedad y mano dura”, puntualizó

Gálvez destacó que en diversos estados del país hay graves y añejos conflictos agrarios en los que están involucrados indígenas En Sonora, dijo, se intentó expropiar la cuchilla de los Yaquis, pero este grupo se amparó y actualmente el asunto está en los tribunales correspondientes

Obviamente, no mencionó la similitud que este caso tiene con el de los ejidatarios de Atenco, donde el gobierno federal pretende construir un nuevo aeropuerto en tierras de cultivo que durante años fueron propiedad comunal

Y aunque también los campesinos de Atenco se han amparado, diversos funcionarios federales del rubro de Comunicaciones y Transportes han declarado que la construcción de la terminal aérea se hará pese a todo, con lo que se hace evidente que, al menos en este proyecto –por el cual compiten 25 empresas, 16 de ellas extranjeras–, el gobierno federal no privilegia los criterios agrarios21/05/02

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