Monterrey, N L (apro)- Si los campesinos de San Salvador Atenco consiguieron doblar al gobierno federal, en Nuevo León, los campesinos del ejido San Nicolás, en Escobedo, anunciaron que lucharán hasta que el Gobierno del estado les regrese sus tierras Los propietarios de 204 hectáreas de ese ejido ubicado al norte de Monterrey, fueron notificados en 1990 de que deberían entregar sus tierras, a cambio de una indemnización, para la construcción en ese terreno de una central de autobuses y un parque recreativo de uso público Los dueños de los terrenos entregaron las parcelas Ahora, doce años después, en el sitio de la expropiación, donde se prometió la construcción de edificaciones de servicio público, hay un desarrollo habitacional, un centro comercial en construcción y complejos de oficinas Nada de lo que se argumentó para la expropiación Sergio Garza Elizondo, representante de los 49 ejidatarios que reclaman la restitución de su patrimonio, señala que el gobierno de Jorge Treviño los despojó del terreno, y no hicieron nada para impedirlo las administraciones sucesivas de Sócrates Rizzo, Benjamín Clariond y ahora Fernando Canales "Nosotros queremos lo que legítimamente nos pertenece En San Salvador Atenco funcionó la presión, aquí también debe funcionar No vamos a sacar machetes, pero sí vamos a enseñarles los documentos para que nos regresen las tierras", señaló Garza El 4 de abril de 1990, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente, en el Diario Oficial de la Federación apareció el decreto de expropiación "para causa de una utilidad pública, una superficie de riesgos de uso individual y colectivo, del ejido San Nicolás de los Garza y su anexo El Canadá" El ejido, que le fue entregado a los campesinos en 1934 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, fue expropiado por instancias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y en el decreto se señalaba que la propiedad de los terrenos era transmitida al Gobierno de Nuevo León para cumplir sus programas de desarrollo Pero después de los cinco años de plazo que fueron estipulados para que se cumplieran los acuerdos expropiatorios, no fue así La comisión de Avalúos de Bienes Nacionales determinó que los terrenos les fueron pagados a razón de 277 pesos el metro cuadrado En total les fueron saldados 5 mil 660 millones de viejos pesos Doce años después, cada metro tiene un precio de mil 700 pesos Ocho meses después de que el Gobierno del estado tomara posesión de los terrenos, y pese al acuerdo de que no serían enajenados, fueron subastadas 106 de las 204 hectáreas a razón de 67 pesos el metro cuadrado, lo que significó un aumento de más del 2 mil 500 por ciento del precio al que fueron adquiridos Sobre el terreno no fueron construidos bienes de utilidad pública No existe el parque que habían prometido, ni mucho menos la central de autobuses Solamente ha sido construido el Consejo Tutelar para Menores, aunque, señalan, los afectados, ese edificio no es de utilidad pública Elizondo señaló que desde 1999 los ejidatarios obtuvieron un amparo para que no fuera levantado "ni un ladrillo más" en los terrenos del ejido San Nicolás, pero este año inició la construcción del centro comercial Sendero, que es considerado desde ahora el más grande del norte del país, con una superficie de 170 hectáreas Antonio Morales Méndez, ejidatario afectado, señaló que el Gobierno del estado incurre en múltiples violaciones al decreto expropiatorio, al contravenir el artículo 58 de la Ley general de Asentamientos Humanos que señalaba que "no podrán enajenarse porciones a favor de promotores privados" Sin embargo, en el mismo contrato fue establecido que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) efectuaría desarrollos de programas de desarrollo habitacionales a través de empresas privadas Según el decreto 163 el Fifonafe "cuidará el exacto cumplimiento y, en su caso, demandará la reversión de la totalidad o de la parte de los bienes que no hayan sido destinados a los fines para los cuales fueron expropiados, sin que proceda la devolución de las sumas o bienes que el núcleo afectado haya recibido por concepto de indemnización" Para Garza Elizondo, quien en el Congreso del Estado es asesorado por diputados del Partido del Trabajo, en la enajenación de sus territorios puede haber hasta el delito de delincuencia organizada, ya que antes de que fuera dado a conocer el decreto expropiatorio, el agua que recibían anualmente para regar sus parcelas donde sembraban maíz, sorgo y trigo, fue cortada, con la intensión evidente de obligarlos a vender Los campesinos consideran que los gobiernos sucesivos, desde Jorge Treviño, incumplieron su obligación de hacer cumplir los acuerdos pactados en 1990 "Todos los gobernadores que han estado, desde Jorge Treviño para acá, nos han fallado y no han hecho cumplir la ley, porque claro se ve que hubo una grave ilegalidad cuando nos dieron las tierras No se cumplieron los acuerdos y ahora debe restituírnoslas porque después de cinco años, como dice el decreto no se hizo lo que se tenía planeado", señaló Garza 02/08/02