México, D F (apro) - La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem-Fedefam), solicitó el miércoles al procurador general de Justicia Militar, Jaime Antonio López Portillo, decline seguir con la averiguación contra los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, así como de otros militares que pudieran estar involucrados en delitos relacionados con la guerra sucia Por otra parte, advirtió que la intención de no aplicar los instrumentos jurídicos generados por la propia comunidad mundial, para perseguir conductas que dañan a la humanidad entera, como es la desaparición forzada de persona, en los hechos se convierte en un "certificado de impunidad" Más aún, demandó que toda la información sobre la guerra sucia que obre en su poder sea turnanda a la PGR, por ser a la que compete conocer de los mismos En una carta abierta dirigida al general Antonio López Portillo, con fecha 2 de octubre, los apoderados legales de Afadem, Julio Mata Montiel y José Enrique González Ruiz, sostienen que la institución castrense no tienen competencia para conocer del caso "No admitimos que usted tenga competencia para conocer de la denuncias que hemos presentado ante la Procuraduría General de la República y desconocemos cómo es que sabe de su existencia", apuntaron Más aún, señalaron que "sería muy lamentable que la fiscalía especial designada por el procurador Rafael Macedo de la Concha le hubiese entregado información de forma irregular" Legal o ilegalmente, la Procuraduría de Justicia Militar consignó a un juzgado castrense a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, quienes ayer mismo fueron declarados formalmente presos como presuntos responsables de al menos 143 homicidios De acuerdo con las leyes vigentes en el tiempo en que se produjeron los crímenes, cada uno de los oficiales podrían alcanzar una pena máxima de 40 años de prisión En la misiva dirigida al procurador militar, los representantes legales de Afadem señalan que se enteraron a través de los medios, y no por las autoridades correspondientes, que la fiscalía militar integraba una averiguación por hechos relacionados con la guerra sucia Además, que la indagatoria se realizaba por el delito de homicidio calificado y que la consignación se hará ante tribunales militares, debido a que "los presuntos delitos ocurrieron cuando los generales estaban en servicio" Precisaron que los medios señalaban que el procurador militar aseguraba que 143 personas que son reclamadas como detenidas-desaparecidas fueron asesinadas y tiradas al mar, pero sin precisar sus nombres ni la forma como se les habría identificado Igualmente, que esa fiscalía propondría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "que ambas instituciones acudan al lugar de los hechos, en Guerrero, para facilitar que las víctimas rindan sus testimonios y se fortalezca la indagatoria" Los representantes de Afadem señalan que de ser cierto lo anterior, esa fiscalía estaría extralimitando los alcances del fuero de guerra que reconoce el artículo 13 de la Constitución federal Ese precepto establece: "Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares, en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda" Precisan que esa disposión es acorde con el orden jurídico internacional, conforme al cual los crímenes de lesa humanidad no deben nunca ser juzgados en el fuero castrense Es la justicia civil (en el sentido de no pertenencia a las fuerzas armadas) la que debe ocuparse de estos asuntos, debido a su trascendencia para la sociedad 02/10/02