* Sí se procederá en contra de 11 médicos por "irregularidades administrativas" Tuxtla Gutiérrez, Chis (apro)- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deslindó de responsabilidad penal alguna al personal médico del hospital regional de Comitán por la muerte de 33 bebes en el mes de diciembre, pero la Contraloría General Estatal procederá en contra de 11 de ellos por "irregularidades administrativas" detectadas en ese lugar En el informe final por el fallecimiento entre diciembre y enero de los recién nacidos en el hospital de Comitán, leído por el Secretario de Gobierno Emilio Zebadúa González, quien estuvo acompañado del Secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, rechazó que la muerte de los 33 se deba a un brote intrahospitalario como afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud del gobierno federal Estas muertes se debieron a la conjunción de causas de prematurez, parto prolongado o parto complicado, así como infecciones de diverso origen", apunta el informe extenso En su informe, el gobierno de Chiapas insistió en los rezagos "heredados" de administraciones pasadas Repitió que este "fenómeno extraordinario" rebasó la mortalidad promedio del Hospital, por la escasez de espacios, pues este lugar cuenta con 90 camas y atiende a nueve municipios de la Jurisdicción Sanitaria No III, pero en realidad recibe a enfermos y personas que requieren atención médica en distintos niveles de gravedad de una zona que incluye a más de 25 municipios de las regiones Selva, Fronteriza y Sierra Con la infraestructura que se cuenta, se traduce en que, "en casos de emergencia, no exista posibilidad real de ampliar la atención ante un incremento de demanda extraordinaria" Para el gobierno de Salazar la multiplicidad de causas de muerte significó que "no se trató de un brote intrahospitalario asociado a una causa específica, como lo confirmó la Secretaría de Salud Federal y la Organización Panamericana de la Salud, sino a la conjunción de causas de prematurez, parto prolongado o parto complicado, así como infecciones de diverso origen" Pero ante las constantes denuncias por padres de los bebes muertos, la PGJE abrió una línea de investigación para determinar la posible existencia de responsabilidad penal en los sucesos del hospital Por ello la dependencia inició averiguaciones previas y se tomaron las declaraciones de los familiares de los niños, así como de los médicos y del personal que atendió a los recién nacidos; la Coordinación General de Servicios Periciales, elaboró los dictámenes en materia de medicina legal En este mismo sentido, la PGJE efectuó siete exhumaciones con el propósito de determinar la causa de la muerte de los recién nacidos y corroborar el resultado con el diagnóstico final de cada uno de los expedientes médicos realizado por el médico legista Los familiares de 18 de los menores fallecidos no autorizaron a la dependencia que dirige Mariano Herrán Salvatti, llevar a cabo las exhumaciones respectivas "De la evaluación de los resultados de las diversas diligencias practicadas por el Ministerio Público de fuero común, se determina que no existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal del personal del Hospital General, por lo cual la Procuraduría General de Justicia del Estado acordó enviar al archivo de reserva las indagatorias", dijo Zebadúa al leer el informe en un acto en el que no se aceptó responder a preguntas de los reporteros Según el informe, además de las investigaciones de la PGJE se integró un grupo interinstitucional en el que participan el Instituto de Desarrollo Humano y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas, además de la colaboración del Ayuntamiento de Comitán, para brindar una atención psicológica, médica, jurídica y económica a los familiares de los recién nacidos fallecidos Por ello, tras un análisis de cada caso y con fundamento en la Ley para la Protección de Víctimas del Delito en la entidad se llevó a cabo la entrega de un total de 500 mil pesos a los familiares, "a manera de ayuda humanitaria" Entre tanto, el 9 de enero la Contraloría General dio inicio a la auditoría número 065/2003 con personal comisionado de esa dependencia Con esta auditoría se revisó el control de asistencia del personal adscrito a las diversas áreas de hospitalización para conocer el grado de ausentismo en el mes de diciembre de 2002 Personal de la Contraloría que dirige Muna Dora Buchaín, realizó entrevistas y cuestionarios selectivos a los familiares con el objeto de conocer los acontecimientos que se suscitaron durante la atención médica en el hospital, previos al deceso y todo lo referente al servicio que recibieron de otras instituciones de salud Así mismo, explican que se evaluó el desempeño de los médicos adscritos al hospital Para hacer esta evaluación la Contraloría constató el nivel de equipamiento y el estado que guarda el existente, a través de verificación física, efectuando de igual forma, inspección ocular a los depósitos de desechos tóxicos hospitalarios y el taller de mantenimiento, procediendo a efectuar un inventario físico selectivo, para constatar los controles utilizados en las áreas de almacén y farmacia Como resultado de estos procedimientos de auditoría, la Contraloría General encontró "a falta de supervisión y de un estudio de las necesidades del Hospital, lo que ocasionó que el área de gineco-obstetricia de una plantilla autorizada de 7 especialistas en esa materia, cuente únicamente con dos" También se observó que durante ese periodo, se dio la saturación en la demanda de servicios en la recepción hospitalaria y escasa supervisión a los médicos adscritos, esto "provocó que la valoración médica en las áreas de admisión dependientes estuviera a cargo de médicos internos de pregrado, quienes tomaron decisiones sin la asesoría del médico especialista adscrito" A través de las investigaciones se detectó un número de inasistencias indebidas en las diferentes áreas de servicios de hospitalización, y se encontró que médicos que trabajan en el Hospital General, también prestan sus servicios en otras instituciones de atención médica, provocando ausencias y abandono del trabajo Se descubrieron además "insuficiencias en el servicio preventivo de mantenimiento al equipo médico, lo que originó su deterioro en la utilización de los mismos" Ante estas irregularidades, la Contraloría General emitió ya una serie de recomendaciones a las autoridades superiores de la Secretaría de Salud estatal "con el fin de establecer medidas correctivas y normativas inmediatas para fortalecer la atención de los servicios hospitalarios" Adicionalmente a lo anterior y en función de los resultados obtenidos en la auditoría administrativa aplicada por la Contraloría General se acreditó que existen "irregularidades administrativas" previstas por el artículo 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, en contra de once médicos contra quienes se determinó proceder aunque no se especifica en qué sentido, puesto que ese artículo que habla de las obligaciones de los servidores públicos es amplio en sus doce fracciones Los médicos contra los cuales se procedió son José Juan Solórzano, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria III de la ciudad de Comitán; Raúl Belmonte Martínez, director del hospital; el subdirector médico y asistente médico de quienes no se dio su nombre; Arturo Pinto Astudillo, Jefe de Servicios de Pediatría Así mismo, contra el Jefe de Servicios de Gineco-obstetricia; el Jefe de Servicios de Enseñanza; y cuatro médicos adscritos al área de Gineco-obstetricia del mismo hospital, de quienes, tampoco se proporcionaron nombres 20/02/03