Acapulco, Gro (apro)- La negativa del juez cuarto de Distrito de Monterrey de emitir órdenes de aprehensión contra los exdirectores de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) Miguel Nazar Haro y Luis de la Barrera Moreno, así como del exdirector de la Policía Judicial de Nuevo León en 1974, Carlos Solana, sienta un precedente de lo que podría ocurrir con los casos relacionados con la “guerra sucia” de los años setenta y principios de los ochenta, investigados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) Representantes legales de familiares de desaparecidos durante el combate a las guerrillas urbana y rural de los setenta coincidieron en que la resolución del juez podría repetirse al no estar incorporados elementos jurídicos del derecho internacional en materia de derechos humanos y ante un “deficiente trabajo de la Fiscalía” La resolución, sin embargo, no sorprendió a los abogados Luis Enrique González Ruiz y Jorge Fernández Mendiburu, de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (Afadem) y del Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez”, signatarios de un informe entregado al secretario de Gobernación Santiago Creel en febrero pasado, en el que advertían de los riesgos de que no se hiciera justicia en la atención de los crímenes del pasado El documento también fue firmado por dirigentes de la Fundación “Diego Lucero”, de Michoacán, y la Asociación de Madres de Desaparecidos de Chihuahua En el documento entregado a Creel el 11 de febrero, los organismos civiles se quejaron de que la Fiscalía no llevaba acabo investigaciones, sino que las probanzas las estaba dejando a los familiares; que el personal no estaba capacitado para conocer estos casos; que los pocos recursos de la Fiscalía se distraen en casos más recientes, como la masacre de Aguas Blancas, cuando el sentido de la creación de esta oficina fue esclarecer crímenes del pasado; que se estaba dejando en manos de la justicia militar la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos por militares como Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, y que se carecía de los elementos jurídicos necesarios como la ratificación de convenciones internacionales en materia de derechos humanos, sin restricciones, para garantizar justicia González Ruiz y Fernández Mendiburu coincidieron en entrevistas por separado en que fue “una mala integración de la averiguación previa” lo que ocasionó la respuesta del juez de Monterrey “El deficiente trabajo no es gratuito, hay una intención de la Fiscalía de que los casos no se resuelvan, que se achaque a los jueces que no haya justicia en estos casos y librar al gobierno federal y a Vicente Fox de la responsabilidad de cumplir con su compromiso de campaña de saldar cuentas del pasado“, acusó González Ruiz, exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que presentó más de 200 casos de desaparecidos a la Femospp Añadió que la negación de las órdenes de aprehensión, pudieron deberse a “una falta de sensibilidad del juez, que como un cuerpo, protege al sistema” Fernández Mendiburu advirtió que, además de las deficiencias del personal de la Femospp, “que dejan en manos de los familiares de las víctimas y sus abogados las probanzas”, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto, “cayó en el error de llevar a juicio un caso más político que fundamentado jurídicamente” En el caso de Jesús Piedra, consideró, “se ve que lo que le interesaba al fiscal era decirle a la señora Rosario Ibarra que los responsables de la desaparición de su hijo ya estaban en la cárcel, sin tener los elementos suficientes para someterlos a juicio, cuando hay otros casos muy fundamentados, en los que los familiares han presentado pruebas contundentes, pero que no corresponden a casos políticos” El abogado, miembro del equipo jurídico del Centro Pro, lamentó que en el curso de las investigaciones, el fiscal Carrillo esté buscando “meter a gente a la cárcel antes que cumplir con la demanda fundamental de los familiares de las víctimas del pasado, que es saber qué pasó con sus seres queridos, si fueron asesinados, dónde están los cuerpos; es importante, sin duda, que se castigue a los responsables, pero de nada va a servir si la acción de la justicia no va acompañada de la verdad; parece que el objetivo único del fiscal era meter a Nazar Haro y olvidó hasta en su discurso el objetivo de la creación de la Fiscalía” González Ruiz acotó que la reciente resolución, revés que se suma al que tuvo la Fiscalía el 14 de abril pasado con una conclusión similar en Puebla, referente al asesinato de Joel Arriaga Navarro, justifica que “se retome la propuesta de organismos civiles de crear una comisión de la verdad con facultades judiciales para que se haga justicia en los crímenes del pasado y se esclarezca ese periodo vergonzoso de la historia de México, y sobre todo se tomen mediadas para que nunca más se repitan actos de esa naturaleza” Anunció que las organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas promoverán una reunión con el secretario de Gobernación Santiago Creel, para manifestarle su preocupación; “él se ha negado a crear una comisión de la verdad porque dice que existen elementos suficientes en las instituciones para hacer justicia, pero con lo de Nazar vemos que las instituciones están tronando ante un paquete tan grande como es el de los crímenes del pasado” Ambos abogados advirtieron que de no hacerse las modificaciones legislativas necesarias y los jueces no se sensibilicen ante los crímenes de lesa humanidad, no habrá más remedio que recurrir a las instancias internacionales, para denunciar que en México no hay justicia La justificación para recurrir a estas instancias, sentenció Jorge Fernández, está en que si la Fiscalía “no puede consignar adecuadamente a uno de los responsables de un sinnúmero de desapariciones forzadas, mucho menos va poder decirle a la familia qué fue lo que pasó con su ser querido, que es lo que ocurriría en cualquier Estado democrático” 23/04/03