México, D F (apro)- Organismos no gubernamentales y familiares y amigos de desaparecidos durante la llamada “guerra sucia”, demandaron al Senado de la República no solapar la impunidad de quienes ordenaron y ejecutaron un sinnúmero de desapariciones forzadas durante las décadas de los setenta y principios de los ochenta Antonio Hernández, de la UGOCP, y Graciela Mijares, excombatiente y esposa de Ignacio Salas Obregón, uno de los principales dirigentes y fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, denunciaron que el Poder Legislativo hasta ahora ha fingido defender la causa de los detenidos desaparecidos y de las ejecuciones extrajudiciales Precisaron que aunque ahora la fracción del PRD ante el Senado de la República promueve dos iniciativas para eliminar las reservas y la declaración interpretativa que en su momento el Senado aprobó con relación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se soslaya que los legisladores hicieron caso omiso a la propuesta de ley que organizaciones no gubernamentales plantearon sobre desapariciones y delitos de lesa humanidad, en las que se advertía la importancia de la no-inclusión de las restricciones que conscientemente aprobó el Senado El 10 de diciembre del 2001, el Senado ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada, adoptada en la ciudad de Belem, Brasil, el 9 de junio de 1994 Sin embargo, precisó que “las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención” La reserva hecha por el gobierno de México, establece que la Constitución reconoce el fuero de guerra, cuando el militar haya cometido algún acto ilícito encontrándose en servicio “El fuero de guerra no constituye jurisdicción especial en el sentido de la Convención, toda vez que, conforme al artículo 14 de la Constitución Mexicana, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho” Frente a tales obstáculos, señalan que tales restricciones no permiten llegar al fondo para que se imparta justicia Añaden que quienes conocen de tales hechos --y el Senado lo sabía--, precisan que todas las investigaciones y denuncias sobre los desaparecidos conducen hacia las instalaciones militares Quiérase o no, subrayan, las cámaras y sus partidos han sido cómplices, han impedido que se establezca el paradero de los detenidos desaparecidos y se imparta justicia, Por todo ello, demanda que el Senado de la República convoque a un foro público a los familiares y organizaciones no gubernamentales para consensuar un proyecto de reformas que resuelvan de una vez por todas la indefensión en la que se encuentran sus “esposos, hijos nietos, hermanos, y padres desaparecidos” En los hechos, puntualizan, es evidente la connivencia entre las cámaras, el Ejecutivo, los partidos políticos, las elites, el Ejército y policías para la impunidad 06/05/03