Pese a que la Ley Federal para el Control del Tabaco fue aprobada desde finales de 2007, lo mismo que la de la Ciudad de México –más radical incluso, pues prohíbe al 100% el consumo de cigarros en lugares públicos–, legisladores, cabilderos y representantes de la industria tabacalera aún forcejean para que los impuestos sean reducidos. Un estudio exhaustivo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) detalla los avatares del gobierno federal en su intento por normar el consumo de tabaco.

MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (Proceso).- El 2 de octubre de 2007, cuando los integrantes de la LX Legislatura federal sesionaban en el recinto de San Lázaro, la perredista Ruth Zavaleta Salgado los interrumpió: “Señores diputados, quien esté fumando puro o cigarro aquí adentro, le rogamos salir del salón…”

Si bien desde el año 2000 estaba prohibido fumar en edificios públicos, incluido el del Poder Legislativo, la petición de la presidenta de la Cámara de Diputados desencadenó una protesta entre los 500 legisladores de ese recinto, justo cuando debatían una nueva iniciativa para restringir todavía más el consumo de tabaco.

El problema no es menor si se considera que en el país se consumen 38 mil millones de cigarros al año y donde dos de cada tres médicos y más de una cuarta parte de los adolescentes son fumadores. De hecho, México es el tercer mercado más grande de América Latina en este rubro, por lo que las empresas tabacaleras lo consideran importante tanto por el consumo como por la influencia política que ejerce en la región.

En mayo de 2004 México firmó el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un instrumento global de salud pública que exige a los gobiernos adherentes un duro control de la industria del tabaco y de los fumadores.

Hoy, el Distrito Federal tiene la ley más severa del país en la materia, pues la norma correspondiente, aprobada a finales de 2007, prohíbe fumar en espacios cerrados. Y aun cuando en las dos últimas décadas el número de fumadores adultos en el país disminuyó de 26 a cerca de 16%, según datos oficiales, todavía se tienen problemas para controlar a los consumidores.

A las autoridades federales les llevó casi 30 años restringir la publicidad relacionada con el producto; 20 para lograr espacios libres de humo, y casi 10 para incluir leyendas en las cajetillas de cigarros para advertir a los consumidores sobre los riesgos que implica fumar.

El alza a los impuestos sugerida por la OMS ha encontrado resistencia en el Legislativo; además, la vigilancia sigue siendo débil, pues son 10 los inspectores de Salud federales que se encargan de vigilar que las cigarreras y otras industrias se ciñan a la norma.

México tiene 11 millones de fumadores. Y aun cuando el consumo disminuyó, las ganancias de las compañías tabacaleras se elevaron. Hoy, por ejemplo, venden más volumen de sus marcas de lujo. Ante este panorama, expertos en salud pública anticipan que cada año morirán hasta 60 mil mexicanos por enfermedades provocadas por el tabaco.

Para ellos, el enfoque mexicano “de avanzar con cambios graduales” es un mal ejemplo para otras naciones latinoamericanas. “No me sorprendería ver en otros países lo que ya vimos en México”, comenta el antiguo asistente del director general de la OMS, Derek Yach, quien ahora encabeza la Iniciativa de Salud Global de PepsiCo.

“Un gobierno capturado”

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) trabajó durante ocho meses para conocer el modus operandi de las empresas globales del tabaco. La investigación permitió conocer el tortuoso camino que recorre México en su intento por reducir el consumo del producto.

La organización, con sede en Washington, encontró una relación inusualmente cercana entre empresas y reguladores, así como una industria tabacalera pródiga en regalos y donativos “altruistas” a sus aliados políticos; cabilderos expertos en debilitar las medidas antitabaco, y argucias legales por parte de los empresarios del ramo, mediante las cuales se benefician de las “excepciones a las leyes antitabaco” que se lograron con tanta dificultad.

Alejandro Madrazo Lajous, integrante del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se queja: “El gobierno de México es un gobierno capturado en su intento por  empujar la agenda de las tabacaleras”.

El investigador sostiene que la Secretaría de Salud deberá impulsar regulaciones más severas y compara a los abogados del gobierno con los asesores legales de las compañías. Comenta: “Nunca he visto a ningún abogado de empresa defender con tanto ahínco los intereses de una empresa como (los) del jurídico de la Secretaría de Salud”.

Durante muchos años, las autoridades federales tuvieron más razones para defender los intereses de las tabacaleras que motivos para proteger la salud pública. Una de las razones es que entre 1972 y 1990 el gobierno federal tenía el monopolio de la industria de la hoja de tabaco que producían miles de campesinos y vendía la producción a los empresarios del ramo.

Hasta hace una década, la presencia de las firmas Philip Morris, distribuidoras de Marlboro, y British American Tobacco (BAT), productora de Camel y Pall Mall, era más o menos similar en el mercado nacional. Hoy, Philip Morris controla casi dos terceras partes del negocio del cigarro, y BAT sólo la tercera parte, de acuerdo con un reporte de mercado de Euromonitor International que incluye datos hasta 2008. No obstante, ninguna de las dos figuran entre las firmas más grandes de México, aun cuando Philip Morris tiene en su estructura corporativa al dueño de Grupo Carso, Carlos Slim Helú.

Slim Helú es algo más que un barón del tabaco; es el hombre más rico del mundo. Su fortuna asciende a 54 mil millones de dólares, según la revista estadunidense Forbes, que cada año publica la lista de los   principales magnates del orbe; además, ha incursionado en las telecomunicaciones y hoy su inigualable poder llega a la médula del sistema político mexicano.

Por muchos años, Slim Helú fue dueño de Cigarros La Tabacalera Mexicana y aún guarda un cariño particular por las marcas mexicanas Delicados y Faros. Y aun cuando en 2007 su holding redujo de 50 a 20% la participación en Philip Morris de México, su negocio en la rama del tabaco le redituó 284 millones de dólares durante 2009, según la estimación hecha por el ICIJ en su estudio a partir de los reportes a la Bolsa Mexicana de Valores.

Entre 1997 y 2006, Slim fue miembro de la junta directiva de Altria Group, la compañía matriz de Philip Morris International. En la actualidad sólo es consejero de la tabacalera, cuya marca Marlboro tiene casi la mitad del mercado mexicano.

Quienes critican el lento avance en materia de control del tabaco arguyen que la influencia de Slim a favor de Philip Morris y el intenso cabildeo de BAT persuadieron al gobierno federal de que era mejor llegar a acuerdos con la industria que pelear con ella.

Cuando se buscó a Slim para conocer su opinión sobre el tema, el   magnate se negó.

En documentos de la Secretaría de Salud consultados por el ICIJ consta que entre mayo de 2003 y junio de 2004 los representantes de Philip Morris y de BAT asistieron al menos a 30 juntas con funcionarios; algunos de ellos incluso las recuerdan como “agradables charlas”.

Durante mucho tiempo, el gobierno le confirió a la industria un gran margen de maniobra en el diseño de las regulaciones para el tabaco. El 24 de junio de 2003, por ejemplo, los funcionarios estuvieron de acuerdo con BAT y Philip Morris, e hicieron a un lado a la directiva de la OMS que prohibía usar las palabras light, “suave”, o ultralight en las cajetillas de cigarros.

Ellos optaron porque sólo se imprimiera la leyenda de que ningún cigarro es seguro. Además, las autoridades dejaron que la industria tabacalera “valorara” la propuesta de ampliar la advertencia sanitaria para que ocupara 40% del reverso de las cajetillas y que les respondiera después.

Un peso por cajetilla

En 2004, 21 días después de que México ratificó el convenio de la OMS, las autoridades violaron una promesa central en el pacto: mantener a las compañías tabacaleras lejos del proceso de discusión acerca de cómo implementar el tratado.

En una reunión realizada en agosto de ese año en Los Pinos con el presidente Vicente Fox, el director de BAT en México, el entonces secretario de Salud, Julio Frenk Mora, y Slim sellaron un acuerdo –llamado Peso por Cajetilla– para posponer los mandatos de la OMS y la imposición de nuevos impuestos especiales, aseguran los activistas del control del tabaco.

Las tabacaleras aceptaron cobrar a los consumidores un importe por cajetilla y depositarlo en un fondo especial de la Secretaría de Salud. El propósito de Frenk era recabar 350 millones de dólares para cubrir parte del gasto público destinado a la atención de personas con enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

El gobierno acordó que no elevaría los impuestos al tabaco durante los 29 meses que duraría el convenio. Las empresas, a su vez, se comprometieron a retirar su publicidad de medios electrónicos y de los anuncios espectaculares, así como a suspender el patrocinio de eventos públicos.

María Vargas, quien cabildeó para el BAT, recuerda que el director de Asuntos Corporativos de la compañía, Carlos Humberto Suárez Flores, fue quien presentó la propuesta; pero Ernesto Enríquez, que en ese tiempo encabezaba el órgano de control de tabaco en la Secretaría de Salud, asegura que la idea surgió después de varios viajes y largas discusiones con sus contrapartes en España y Brasil.

Y en Philip Morris, un exejecutivo afirma que fue Francisco Espinosa de los Reyes, el veterano director de Asuntos Corporativos, quien diseñó el acuerdo. “La manera en que él llevó el proceso de negociación no se había hecho en ninguna parte del mundo”, dice. Otro excompañero suyo recuerda que hubo abrazos y sonrisas en las oficinas de la compañía el día que se firmó el acuerdo.

Relata incluso que Espinosa de los Reyes y Antonio Sánchez García, otro ejecutivo de la empresa, recibieron el galardón President’s Award. Según él, ese convenio “permitió controlar durante tres años el incremento de impuestos”.

Espinosa de los Reyes comentó: “Había acuerdos; eso era muy satisfactorio”. Y añadió: “Lejos de encontrar barreras, oposición o aceptación, siempre había una base de diálogo y entendimiento”.

Los activistas del control del tabaco insisten en que la industria supo aprovechar los huecos en el acuerdo. Dicen que Camel bajó sus anuncios de los espectaculares y los instaló en las paradas de autobuses, y que Marlboro patrocinó conciertos musicales, incluso en 2009. Ellos critican que se haya retrasado la puesta en marcha de controles y la opacidad con la que se manejaron los fondos de la industria.

Mauricio Hernández Ávila, que en aquel tiempo dirigía el Instituto Nacional de Salud Pública y que ahora es subsecretario de Salud, relata que el convenio Peso por Cajetilla “fue negativo porque limitó a la política fiscal y se ablandaron los controles de publicidad. Ahí hubo claramente una pérdida de nuestra actividad rectora”.

En el extranjero, el convenio fue tan controvertido que, según exdirectivos de la OMS, descarriló la candidatura de Frenk a la dirección de esa organización internacional. “Él era el mejor candidato; incluso debió ganar, pero (ese convenio) lo lastimó”, comenta Gro Harlem Brundtland, exdirector general de la OMS.

Tras su fracaso, Frenk se convirtió en presidente del Instituto Carso de la Salud, una fundación de Slim dedicada a la promoción de campañas en la materia. Hoy Frenk es rector de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Cuando se le solicitó una entrevista para que abordara el tema, dijo que su apretada agenda se lo impedía.

La conexión Slim

El acceso e incluso la cooptación de funcionarios por parte de los corporativos tabacaleros ha sido clave en sus esfuerzos por controlar la industria en México. Los expertos dicen que ninguno ha tenido más éxito que Carlos Slim y sus ejecutivos.

Sin embargo, resulta difícil verificar las ligas del grupo Slim con los órganos del gobierno encargados del control de tabaco. El ICIJ hizo más de una docena de solicitudes de acceso a la información sobre las  reuniones, correspondencia y encuentros de Slim y los representantes de las tabacaleras con funcionarios. No tuvo éxito.

Las secretarías de Economía, Agricultura y Salud, así como la Tesorería y la Presidencia de la República, respondieron que no existía tal información. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que en 2009 destruyó las cajas que contenían documentos de archivo, por considerar que era material obsoleto. Y arguyó que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información autoriza a las dependencias a destruir los registros cuando estimen que ya no son pertinentes.

Sin embargo, documentos que salieron a la luz en los procesos judiciales contra la industria en Estados Unidos sugieren que la gente de Slim tenía línea directa con funcionarios del gobierno. En 1997, por ejemplo, unas semanas antes de que él fuera nombrado miembro del consejo de administración de Philip Morris International, la compañía recibió copia de una nota manuscrita del titular de la Profeco, Fernando Lerdo de Tejada, dirigida a Slim, que aludía a los “inminentes controles al tabaco”:

“Carlos –decía el mensaje– considero que lo más conveniente para el consumidor y para la industria sería anticiparnos a las reacciones que puedan tener estas medidas en México. Tomar algunas acciones inteligentes y oportunas podría ahorrar muchos dolores de cabeza y servir a los consumidores”.

Para los activistas del control del tabaco, ese texto es un ejemplo de la relación tan cercana que tenían Slim y los funcionarios encargados de regular el consumo de tabaco en México. En ese entonces el gobierno analizaba más de 100 medidas distintas que restringirían la publicidad y el consumo de cigarros.

Lerdo de Tejada discrepa. En una entrevista dijo que la interpretación que le quieren dar a ese episodio “es dolosa”. Y alegó que se trató de “una nota muy visionaria”. “Lo que quería decirle a la industria es: ‘Señores, actualícense a lo que está pasando a nivel internacional’. Cartas de este tipo mandaba yo a muchas industrias”, expuso.

Luego de salir de Profeco, Lerdo de Tejada fundó Estrategia Total, una compañía de cabildeo que asesora al Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, patrocinado en parte por la empresa farmacéutica Pfizer, que produce un medicamento para dejar de fumar. Un primo suyo, Sebastián Lerdo de Tejada, es legislador del PRI y antes fue cabildero de las cigarreras; algunos activistas aseguran que aún es cercano a ellas.

El poder de Slim en México es legendario. El profesor Michael Layton, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, analizó los reportes de donativos que hacen organizaciones y encontró que 41% de las donaciones altruistas que se hicieron en 2007 vinieron de alguna de las fundaciones de Slim.

Entre las instituciones que se beneficiaron destacan la Secretaría de Salud, según admitió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Mauricio Hernández Ávila. De acuerdo con el funcionario, la Fundación Telmex financió programas públicos de trasplantes y cirugías; el Instituto Nacional de Salud Pública, aun cuando investiga las enfermedades ligadas al tabaco recibió 816 mil 633 dólares de las fundaciones de Slim en 2008 y 2009, de acuerdo con documentos obtenidos en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).

Ese dinero financió iniciativas para combatir el cáncer de mama y realizar estudios de bioética. Hernández Ávila dice que las fundaciones de Slim aseguran a la Secretaría de Salud que los fondos no provienen de las ganancias por la venta de cigarros. No obstante, reconoce que “es difícil” garantizar que eso sea verdad.

Carreras y computadoras

México tuvo que transitar por un arduo camino para elaborar una ley que regulara el consumo de tabaco en 2007. El anterior convenio del Peso por Cajetilla sólo fue provisional; en los hechos sólo atrasó la llegada de cambios de mayor alcance, como los que prometió el gobierno federal al firmar el convenio de la OMS. Aún faltaba la parte más difícil: imponer impuestos más altos y crear espacios libres de humo.

En octubre de 2005, el diputado panista Miguel Ángel Toscano anunció que la industria cigarrera estaba sobornando a legisladores;  incluso acusó a María Vargas y a Karem Caballero, ambas cabilderas de BAT. Toscano afirmó que BAT había invitado al menos a 30 legisladores a carreras de Fórmula Uno en Brasil, Hungría y en la ciudad de Barcelona, España, cuando se discutía una nueva ley para regular el consumo de tabaco.

Y aunque no presentó ninguna prueba, las declaraciones del legislador sembraron la duda.

Consultada al respecto por el ICIJ, Vargas, quien ya no trabaja para BAT, envió un correo electrónico desde España, donde ahora vive, en el que confirma que las compañías invitaron a los legisladores a una carrera de autos durante un viaje al extranjero:

“(BAT) organizó un viaje a Paraguay y a Brasil con legisladores y funcionarios de Aduanas para mostrar el problema de contrabando y piratería”… “Y otro, creo que a China, organizado por Philip Morris con el mismo propósito… En uno de esos viajes coincidió que había una carrera de Fórmula Uno y la compañía les ofreció boletos de cortesía (a  los legisladores) para que asistieran, eso es todo”.

Las autoridades nunca investigaron a los legisladores ni a las compañías sobre ese asunto. Los diputados aislaron a Toscano y vencieron su propuesta encaminada a restringir el consumo de tabaco. Sin embargo, el tema volvió a surgir poco después.

El cabildeo en el Congreso es relativamente nuevo en México. El PRI controló al Legislativo durante casi siete décadas. Las cámaras autorizaban sin chistar las iniciativas del Poder Ejecutivo. Pero eso cambió en 1997, cuando la oposición ganó posiciones importantes. Diez años más tarde, la industria cigarrera agrupó a sus fuerzas en el Congreso, justo cuando los integrantes de la LX Legislatura federal estaban a punto de votar una ley para controlar el consumo de tabaco.

En una reunión realizada a finales de 2007, la diputada perredista  Ruth Zavaleta se sorprendió cuando los integrantes de las comisiones de Justicia, Educación y Hacienda, que no ven temas de salud, le pidieron “turno” para analizar la propuesta de ley para la protección de los no fumadores. Zavaleta comenta que más tarde se enteró de que los ejecutivos de la industria cigarrera estaban detrás de esa petición.

El exdiputado Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación de la LX Legislatura, recuerda que recibió la visita de Daniela Ortiz, entonces subdirectora de Relaciones Gubernamentales de Philip Morris, cuando se debatía la iniciativa en el pleno.

 Ortiz, dice, le ofreció donar a nombre suyo un aula de cómputo a la escuela pública que él indicara. Un año más tarde, Bravo Padilla, representantes de la empresa y del gobierno federal entregaron en una ceremonia 15 computadoras usadas a una escuela de la ciudad de Guadalajara, cuenta el exlegislador jalisciense.

Ese mismo año Philip Morris donó equipo de cómputo a 10 escuelas públicas más. Los donativos continuaron. Entre 2006 y 2008 éstos ascendieron a 52 mil dólares, de acuerdo con Únete, una organización civil que promueve este tipo de actividades altruistas entre compañías.

Al final, Bravo Padilla votó en favor de la ley, y en el último minuto propuso una cláusula en la que abogaba porque en las universidades y los espacios públicos se instalaran áreas exclusivas para fumadores. De último momento, los legisladores introdujeron también otro misterioso cambio a la iniciativa. El texto original establecía que los negocios podrían crear áreas exclusivas para fumar –donde no se servirían bebidas ni alimentos–, pero el texto aprobado sólo se mencionaba que podrían abrirse áreas “exclusivas” para fumar. A ello se debe que ahora muchos restaurantes usen esa cláusula para atraer clientes a balcones y terrazas donde pueden fumar sin problema.

Ningún diputado o funcionario de cámara que participó en la redacción de la ley recuerda quién autorizó ese último cambio. Cuando funcionarios de Salud quisieron corregir el texto, intervino el área Jurídica de la Presidencia.

“Tampoco ellos te dicen: ‘Esto no’”, comenta Justino Regalado, jefe de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, quien participó en la discusión entre abogados de la Presidencia. Y agrega: “Ellos te dicen: ‘Hazlo. Nada más que después a ver quién le va a pagar al abogado que nos defienda”.

El dictamen de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobado a finales de 2007, tuvo otro episodio, inusual en cualquier proceso de cabildeo. Diputados del pequeño Partido Socialdemócrata (PSD) hicieron una petición concreta a los ejecutivos de BAT: que financiara la campaña de sus legisladores a favor del derecho a fumar.

Los ejecutivos de la firma la rechazaron, pero sus abogados ofrecieron revisar el texto que promovían los legisladores ante la ciudadanía para solicitar un amparo a favor de los fumadores, asegura Jorge Carlos Díaz Cuervo, diputado del PSD hasta 2008. Fue él quien habló con BAT a nombre de su partido.

Golpes a la nueva ley

La Ley General para el Control del Tabaco fue aprobada con 308 votos a favor, seis en contra y 22 abstenciones a finales de 2007. El decreto correspondiente fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2008. Los promotores del control a los fumadores la consideran débil, sobre todo cuando la comparan con la ley que la capital aprobó de manera simultánea.

De acuerdo con la iniciativa aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todos los espacios públicos de la Ciudad de México son 100% libres de humo. Los detractores de la norma presentaron casi 50 amparos en contra de la ley federal, con el argumento de que no protege el derecho de los mexicanos a un ambiente sano.

Los activistas aseguran que la verdadera prueba de fuego es ponerla en práctica. Según ellos, algunas cláusulas importantes serán ignoradas o no se cumplirán puntualmente. El abogado general de la Secretaría de Salud, Bernardo Fernández del Castillo, por ejemplo, tardó un año en publicar el reglamento de la ley de 2007, si bien el plazo legal para hacerlo era de 180 días.

Además, le llevó dos años enviar la autorización por escrito que permitirá a los inspectores de los gobiernos estatales vigilar que se cumpla y se castigue a los infractores. Hasta septiembre pasado, los inspectores de Nayarit salían a la calle sólo a girar recomendaciones y repartir copias de la ley, pero no podían obligar a nadie a cumplirla.

El gobierno federal también se tardó en hacer cumplir otro artículo de la ley que obliga a la industria tabacalera a imprimir imágenes de advertencia en el empaque de sus productos.

En medio de esta vorágine legislativa, BAT y Philip Morris en México se apresuraron a lanzar una gran variedad de nuevas marcas, así como versiones de diseños y colores distintos; hay incluso cigarros con chile. Al mismo tiempo, las cigarreras y sus aliados emprendieron una batalla legal en contra de las leyes antitabaco.

El gobierno federal enfrenta actualmente 13 demandas por parte de esas firmas. Dos cadenas de casinos del norte del país lograron que un juez ordenara una suspensión que los protege temporalmente de la ley federal.

Y la revista TvNotas, una de las publicaciones con más circulación en el país, logró que un juez le permitirá publicar anuncios de tabaco. Sanborn’s, la cadena de restaurantes propiedad de Carlos Slim, también interpuso un recurso legal.

Con todo, los observadores creen que sí ha habido avances para restringir el consumo de tabaco. El 19 de octubre último, los legisladores retomaron un asunto pendiente: el aumento de impuestos a los cigarros.

Ese día, a las 7:30 de la mañana comenzaron a discutir el asunto en el recinto de San Lázaro. Algunos proponían elevar hasta 16 pesos el precio de la cajetilla. Había más activistas antitabaco que cabilderos de la industria del ramo en la Cámara de Diputados.

“Que hablen del gran cabildeo de las tabacaleras cuando las ONG financiadas por quién sabe quién tienen por lo menos tres veces (más) gente”, se quejó la cabildera de Philip Morris, Blanca Romano. Incluso envió un mensaje por Twitter. Su firma y BAT amenazaron con cancelar futuras inversiones en México si aumentaban los impuestos.

Para el mediodía había gran apoyo para que el aumento fuera de 6.2 pesos. “No era lo que buscábamos, pero es un muy buen avance, pues la votación fue abrumadora”, dice Juan Núñez, director de Aliento, una organización que promueve mayores controles al tabaco; “vimos que mucha gente del PRI que el año pasado estuvo en contra, ahora cambió su voto”.

Por la tarde, el diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada dijo a sus compañeros: “Con su permiso, me voy a fumar mi último cigarro barato”. A esa hora el apoyo a la propuesta de aumento al impuesto ya estaba amarrada. Sus colegas sonrieron y él abandonó el salón rumbo a un corredor envuelto en el humo de su cigarro.   l

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* Alejandra Xanic von Bertrab es una periodista de investigación independiente con base en la Ciudad de México. Julieta Gutiérrez colaboró para este reportaje.