La simulación castrense

 Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en su guerra contra el narcotráfico han hundido en el desprestigio a esta institución dentro y fuera del país. Conscientes de ello, las Fuerzas Armadas realizan campañas para congraciarse con la sociedad civil: abren museos y montan exposiciones para tener “mayor acercamiento con el pueblo”. En opinión del coronel en retiro Jorge Carrillo Olea, estas acciones “no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada” para restaurar dicho prestigio.

 

Con el reconocimiento social a la baja por el incremento desmesurado de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos durante el actual sexenio, el Ejército emprendió una campaña para mejorar su imagen pública. Una de las acciones para lograrlo consiste en permitir que los civiles “se acerquen” a algunas de sus instalaciones en la Ciudad de México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprovecha que febrero es el mes de celebraciones militares para organizar actividades sociales y deportivas enmarcadas en el programa “La gran fuerza de México”. De esta manera pretende “fomentar la convivencia de las familias mexicanas y un mayor acercamiento del pueblo de México con sus Fuerzas Armadas”.

La “apertura” del Ejército hacia la sociedad pasa por la puerta 8 del Campo Militar Número 1 ubicado al norte de la Ciudad de México, muy cerca de la prisión militar donde cientos de civiles, no sólo militares, han sido encarcelados en separos y galeras conocidas como las negras. Se les llama así porque sus estrechas paredes, techo y piso están pintados de negro, sin más luz que la que se cuela por unas diminutas ventanas y algunos agujerillos de las puertas.

Los domingos de febrero la Sedena abrirá esa puerta para que en los tres primeros fines de semana “los civilones” –como llaman los militares a los civiles– practiquen ciclismo, y en el último participen en una carrera atlética que organiza la empresa Total Running.

Las celebraciones del miércoles 9, Día de la Marcha de la Lealtad; del jueves 10, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, y del sábado 19, Día del Ejército, son el marco de una exposición inédita sobre la organización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, organizada en el antiguo Colegio Militar Popotla, en el Distrito Federal. 

El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, inauguró el viernes 4 la exhibición, que según el director de Comunicación Social de la Sedena, coronel Ricardo Trevilla, tiene el objetivo de demostrar que “las Fuerzas Armadas no son, no han sido y nunca serán ajenas a la ciudadanía”.

Aunque el funcionario dijo en un breve discurso que el Ejército busca “convivir con la sociedad en un ambiente de franca camaradería”, lo que en realidad pretende la Sedena es revertir el deterioro de su imagen, tanto en México como en el extranjero.

Organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, han difundido en todo el mundo informes sobre abusos y violaciones a la dignidad humana por parte del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón.

Los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra el Estado mexicano desde finales de 2009 se han debido precisamente a violaciones cometidas por elementos castrenses contra la población civil en décadas pasadas.

Ahora la “guerra” contra el narcotráfico en que Felipe Calderón metió a las Fuerzas Armadas ha ocasionado que el Ejército sea una de las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos en México.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los cuatro años de este gobierno se han presentado 4 mil 944 quejas por violaciones a los derechos humanos; entre éstas asesinatos, tortura y desaparición forzada. De ese total se han emitido 72 recomendaciones.

 

Incapacidad

 

El propio gobierno de Estados Unidos contribuyó al deterioro de la imagen del Ejército al cuestionar su capacidad operativa contra el narcotráfico. Ello se supo en diciembre pasado al difundirse uno de los cables enviados por el embajador estadunidense Carlos Pascual al Departamento de Estado en enero de 2010, y filtrado por WikiLeaks a la prensa internacional.

“Hay una necesidad del presidente, de las Fuerzas Armadas y de las clases pensantes de un acercamiento entre civiles y militares, cuya relación ha sido casi nula debido a la cerrazón histórica tanto del Ejército como de la Marina”, asegura en entrevista con Proceso el coronel en retiro, Jorge Carrillo Olea.

“Nunca ha habido una apertura y comunicación y ahora lo que se está haciendo es una simulación”, dice en relación con las actividades de “La gran fuerza de México”.

Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Luis Echeverría y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Carrillo sostiene que la apertura de los museos y de una parte del Campo Militar Número 1 “no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada”. 

Para esta campaña “les sobró buena voluntad, pero les faltó conocimiento. De repente vimos en los periódicos fotos de niños pintados, portando armas”, comenta a propósito de las imágenes de menores que al inaugurarse la exposición en Popotla fueron pintados con betún, por personal de la Sedena, como efectivos en campaña. Además, se les acercaron las armas utilizadas por el Ejército contra la delincuencia organizada.

El también exgobernador de Morelos considera que la campaña corre el riesgo de resultar contraproducente: “Algunos acabarán haciendo daño al interés de la Defensa cuando quieran pedir la apertura de la prisión en el Campo Militar Número 1 (CM1). Qué necesidad había de abrirlo antes de cualquier cosa, con todo lo que se ha dicho de esa instalación”.

El CM1 pasó a la historia como centro de reclusión de civiles durante los movimientos sociales del siglo pasado, en particular del movimiento estudiantil de 1968 y de la guerrilla en los años sesenta y setenta.

 

Infierno carcelario

 

El general brigadier José Francisco Gallardo, recluido en la cárcel de ese campo militar entre noviembre de 1993 y mayo de 1999, asegura: “Las detenciones de civiles también han ocurrido en tiempos recientes y seguramente en la actualidad.

“La percepción es que en el Campo Militar Número 1 hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, no sólo hubo gente encerrada”, dice Gallardo, quien después de su encierro de seis años en la prisión militar y dos en cárceles civiles se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como doctor en administración pública.

El penal militar está debajo del cuartel general de la Policía Judicial Militar, en el campo 1J, atrás del cuartel general del Primer Cuerpo del Ejército, cerca de la puerta 8, por donde entrarán los civiles invitados por la Sedena.

“Cuando me encarcelaron, me metieron a una celda y me dijeron: ‘aquí estuvieron tus compañeros’. ¿Cuáles?, pregunté. ‘Los estudiantes’, me dijeron los oficiales de la prisión”, dice Gallardo, procesado y sentenciado por la justicia militar a 28 años de prisión bajo el cargo de malos manejos cuando desempeñó una función administrativa. Según él, se trató de una venganza porque proponía el establecimiento de un ombudsman militar.

“Me metieron desnudo en unos sótanos. Son celdas que se conocen como las negras porque todo está pintado de negro. No hay luz. Sólo unas ventanas pequeñitas y las puertas tienen unos agujeritos. No tienen baño, sino cubetas. Son tan estrechas que sólo les cabe una cama”, describe.

Estuvo ahí en varias ocasiones. “Cuando alguno de mis hijos hacía alguna manifestación o salía una resolución judicial a mi favor o se publicaba un reportaje sobre mi caso, me apandaban en las negras”.

Las ubica en una esquina de la prisión militar. “Conté unas 10 o 12”. Indica que debajo de la cárcel están los separos y a un lado de éstos se encuentran esas celdas, aisladas sólo por un tragaluz. “De afuera no se sabe qué es. Están muy bien ocultas”.

También refiere que la cárcel ha estado acondicionada para torturar: “Cuando entré a la prisión había una especie de arcos que tenían unos ganchos. ¿Eso para qué es?, le pregunté a un oficial. ‘Es para colgar a la gente’. Eso fue lo que me contestó”. 

Cuenta el caso de un oficial que atropelló a unos militares en Chiapas. “Murió en la prisión militar. Sé que lo torturaron. A su familia le dijeron que falleció de otras causas”.

Asegura que dentro de la prisión militar encontró un incinerador que estaba disimulado en la cocina: “Lo descubrí porque en una ocasión me mandaron a recoger un equipo de aseo y me llamó la atención que había dos tiros ocultos. Cuando entramos al cuarto donde tienen todo lo de aseo, me recargué en la pared y sentí un muro falso; era la puerta del crematorio. Me dio miedo.

“Le hice un informe al director de la prisión. Clausuraron el cuarto y ya no dejaron entrar a nadie. No sé si lo quitaron porque hice la denuncia. Incluso el director de la prisión no sabía que existía el crematorio. Es un área a donde no se puede acceder si no es con una vigilancia, como ese día que nos sacaron para ir por el material.” 

En su reclusión en el CM1, Gallardo también fue testigo de la detención de civiles, entre ellos los escoltas de Raúl Salinas luego de la desaparición del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato, en 1994, del entonces presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. “Me tocó ver a esas personas. Incluso cuando me metieron a las negras vi a varios civiles en la prisión”. 

Ahora profesor de posgrado en la UNAM, Gallardo asegura que esa prisión fue fundada en 1964 “con la idea de mantener personal civil en el Campo Militar Número 1. Lo supe al revisar los archivos de la biblioteca de la prisión”.

Los mismos militares cuentan que tras la represión del 2 de octubre en Tlatelolco, fueron llevados cientos de civiles al CM1. “Lo que me contaron los oficiales que tenían mucho tiempo trabajando ahí fue que esa noche hicieron filas de cinco con todos los detenidos a lo largo de la calle del campo militar, que se extiende por unos 400 metros”.

El alto mando militar apuesta a la desmemoria de la gente y decide abrir el CM1 precisamente en la zona de la prisión militar, donde hubo civiles encerrados y asesinados, asegura Gallardo.

Con todo y ese pasado, añade, el Ejército no había tenido tantos señalamientos públicos de violaciones a los derechos humanos como ahora por la “guerra” de Calderón, además de que varios de sus integrantes se han involucrado en el narcotráfico.

“En esa condición de crisis –abunda– se hace necesario abrir las puertas de los cuarteles, pero eso no significa una apertura a la sociedad, sino expresa una preocupación del alto mando militar porque el Ejército ha perdido credibilidad en el espectro social.”

Si el Ejército realmente se quiere abrir entonces que propicie una nueva relación cívico-militar de carácter democrático, en la que el poder militar esté sometido al poder y escrutinio civiles, particularmente del Congreso; además de que se deben reformar diferentes disposiciones legales, sobre todo en materia de justicia, dice Gallardo.

 

Desprecio a los civiles

 

Por su parte, Carrillo asegura que en las Fuerzas Armadas se toma “como un dogma” la cerrazón hacia la sociedad. “No sólo es un problema de falta de transparencia, sino de rendición de cuentas”.

Cuenta que cuando el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) creó la Secretaría de la Contraloría, el propósito era que todas las dependencias gubernamentales, incluidas las Fuerzas Armadas, tuvieran un órgano de fiscalización y control.

“La respuesta de la Sedena fue de total rechazo. Aquí no. Aquí tengo la Inspección General del Ejército, que ha estado todo la vida y esa es con la que trabajo”, dice sobre la posición de la secretaría de la Defensa, a cargo en ese entonces del general Juan Arévalo Gardoqui.

Pero lo que siempre ha hecho la Inspección General del Ejército, añade, ha sido simular investigaciones o ser verdugo del secretario. “Quien llegue a esa oficina ya sabe lo que tiene que hacer y lo que le tiene que llevar al secretario”.

El coronel en retiro dice que además de la simulación, la información que se llega a producir en esa Inspección sobre alguna investigación, no sale de la Sedena: No va a donde tiene que ir, a la Secretaría de la Función Pública (que sustituyó a la Secretaría de la Contraloría) o a la Auditoría Superior de la Federación, el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, dice el también creador del Centro de Inteligencia de la Procuraduría General de la República.

Insiste en que en el Ejército “ni hay una voluntad real ni saben cómo acercarse a la sociedad”. Pero lo más grave “es el desprecio que muestran los militares de cierto grado por los civiles: En algunos altos mandos, hay una repulsa hacia la sociedad política, periodística y académica.

“La visión generalizada del mundo político administrativo se simplifica, y no invento nada, en que son ineptos y corruptos, desde el presidente de la República –ese se lo callan, por supuesto– hasta los secretarios y los gobernadores. 

Explica: “Cuando empiezan a sacar las narices al mundo externo, porque ya fueron jefes de Estado Mayor en una zona, que ya vieron cómo se comporta el gobernador, que el comandante tiene sus privilegios, empiezan a tomar conciencia de la vida pública y a descalificar a sus protagonistas.

Si a eso se agrega el “profundo desprecio” que tienen por el tema de los derechos humanos, entonces de qué tipo de relación con la sociedad estamos hablando, cuestiona.

Asegura que los militares “no ven en el tema de los derechos humanos más que un potencial de agresiones”. En el caso del Ejército, dice, la Dirección General de Derechos Humanos creada por la actual administración sólo recibe quejas, las ordena, pero no resuelve nada.

“Si han llegado al nivel de violaciones que estamos viendo es porque nadie se los ha impedido. La Sedena sólo está respondiendo a jalones porque dentro del Ejército nadie está realmente convencido de cambiar la relación con la sociedad”, asegura. l

 

 

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