Evade el gobierno sentencias de la Corte Interamericana

Pese a que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  contra México en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se acumulan, el gobierno de Felipe Calderón se niega a sancionar a los implicados.

De diciembre de 2009 a diciembre de 2010, el Estado mexicano recibió cuatro sentencias contra soldados por abusos perpetrados en territorio guerrerense: la desaparición, en Atoyac, de Rosendo Radilla durante 1974 (diciembre 2009); la violación sexual a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú ocurridas en 2002 (octubre 2010), así como los tratos crueles e inhumanos infligidos a los ambientalistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 1999 (diciembre 2010).

En todas, la Corte ordena al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar; en la última sostiene: “La jurisdicción militar no es fuero competente para investigar, y en su caso juzgar y sancionar, a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Esta exclusión aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”.

Los puntos centrales de las sentencias ordenan a México investigar, procesar y sancionar a los responsables de los agravios, dentro de la jurisdicción ordinaria. Por ello es significativo que la iniciativa con la que el presidente Felipe Calderón pretende responder al caso Radilla saque del ámbito castrense los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual.

El organismo internacional asegura que hasta ahora no hay avances del gobierno mexicano en lo que respecta a las sentencias emitidas. Para Jacqueline Sáenz Andujo, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que lleva la defensa de los campesinos ecologistas, todo indica que “la intención del Estado es brindar impunidad a los militares”.

Comenta que aun cuando el Prodh ha denunciado la falta de controles civiles sobre el Ejército y cambios al Código de Justicia Militar, “en un contexto de lucha o guerra contra el narcotráfico en la cual los militares están en las calles, las autoridades optan por protegerlos a costa de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

En el caso de sus clientes, dice Sáenz Andujo, han pasado dos meses y aún no se atiende la resolución del organismo internacional, que ordena trasladar al fuero civil las denuncias por tortura presentadas por Montiel y Cabrera y que están en el ámbito militar.

Dice preocuparle la reticencia de Calderón “a cumplir las sentencias que tienen que ver con fuero militar, sobre todo porque su iniciativa no cumple con los estándares internacionales mínimos”. Menciona también que está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la forma en que se deben interpretar las sentencias, pero sobre todo, insiste, “porque el Legislativo no está interviniendo”. 

 

Subterfugios legales

 

Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), defensores de la familia Radilla y de las indígenas guerrerenses, respectivamente, alegan que el gobierno calderonista ha optado por chicanas jurídicas para eludir sus responsabilidades internacionales.

En el caso Radilla, por ejemplo, el 15 de diciembre último el Estado mexicano envió un informe del avance del cumplimiento de la sentencia al organismo interamericano, pero omitió entregarlo de manera simultánea a las víctimas y a sus representantes; lo hizo hasta el 31 de enero. Además, según el abogado de la CMDPDH, Calderón omitió lo sustantivo: decir dónde están los restos de Rosendo Radilla.

Según Méndez Silva, la PGR no sólo rehúsa entregar copias del expediente integrado por la desaparecida Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), como lo ordena la Corte; también se niega a revelar a sus clientes dónde fue enterrado su familiar.

Y pese a que pidió el apoyo de arqueólogos forenses para ubicar zonas donde presuntamente hubo enterramientos clandestinos, dice que la PGR carece de recursos para contratar peritos o comprar equipo especializado. Lo peor, insiste, “no lo informó a la Corte”.

Méndez Silva relata que el 30 de noviembre pasado, Calderón envió a la Corte un escrito en el que informaba que “por causas completamente ajenas al Estado no ha sido posible pagar las reparaciones económicas a la familia Radilla. De acuerdo con él, Tita Radilla Martínez y su familia respondieron en un documento fechado el 15 de marzo de 2010: 

“Mientras no se avance de forma integral y coordinada, especialmente con relación a las investigaciones (para localizar los restos de Rosendo Radilla), el efecto reparador del resto de las medidas es secundario. Lo que ellas prefieren es un avance significativo en las investigaciones.”

Lo único que hicieron fue reiterar lo que dijeron el 25 de marzo de ese año durante la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, relata Méndez Silva.

 

El desacato 

 

Respecto de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, el gobierno de Felipe Calderón presentó el 29 de diciembre ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias. El abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, asegura que “se trata de apelaciones disfrazadas que sólo reflejan la pretensión de que se modifiquen aspectos de la sentencia que la Corte consideró probados, esto es, que soldados del Ejército Mexicano son responsables de las violaciones sexuales de Inés y Valentina”.

Los escritos enviados por Calderón al tribunal interamericano son prácticamente idénticos. En ellos, el Estado mexicano admite que las sentencias son inapelables, pero alega que “falta claridad en algunos párrafos”, sobre todo en los que la Corte se refiere a la responsabilidad de los militares en los hechos y en la violación de los convenios internacionales por mantener las investigaciones en el fuero militar.

En esencia, ante los señalamientos del tribunal sobre el número de militares agresores (tres en el caso de Inés Fernández y dos en el de Valentina Rosendo), a quienes no identifica, el gobierno de Calderón aduce que a la Corte “no le corresponde determinar responsabilidades penales individuales”.

Y arguye: “No se han agotado los procedimientos penales respectivos en los cuales se haya concluido la existencia de la presunta responsabilidad de elementos militares o agentes del Estado (en las agresiones a Inés y Valentina)”. 

Los documentos enviados a la Corte también indican que los casos de las indígenas podrían derivar en el no ejercicio de acción penal “por falta de pruebas” o incluso ser archivados.

El viernes 11, los representantes de las dos indígenas pidieron al tribunal interamericano declarar improcedentes las solicitudes de interpretación presentadas por el gobierno de Calderón, no sólo porque cuestionan las resoluciones, sino porque inciden “de forma negativa” en el cumplimiento de las sentencias.

“Lo que le duele al Estado es que la Corte haya dicho que fueron militares los responsables de las agresiones. Eso es una práctica recurrente en otros casos; ni modo que no señale a qué corporación pertenecían los responsables”, sostiene Aguirre Espinosa.

E insiste: “El Estado malinterpreta que la Corte se extralimitó y llegó al extremo de señalar responsabilidades penales individuales, pero nunca menciona nombres; por eso las solicitudes de interpretación son inadmisibles. No hay nada que sea confuso, oscuro o ambiguo”.

A cuatro meses de que se emitieran las sentencias, los casos de Valentina e Inés siguen en el fuero militar, advierte Aguirre. Y califica al titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Zamora, de ser incapaz de cumplir su compromiso de instalar mesas de trabajo con integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para acatar los fallos de la Corte Interamericana.

La gran paradoja, dice Aguirre Espinosa, es que los excesos de los militares contra sus clientas y otros civiles siguen impunes, aun cuando se han presentado quejas contra ellos en una instancia internacional como la Corte. 

El abogado de Tlachinollan considera que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado mexicano es una muestra de que “el Poder Ejecutivo tolera demasiado las violaciones a los derechos humanos que cometen los elementos de las Fuerzas Armadas”.

Prueba de ello, comenta, es que “las investigaciones no se trasladan al fuero civil, pese a que se presentan solicitudes de interpretación para tratar de modificar los fallos que tocan ese tema y a que también se presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que a todas luces es insuficiente”. l

 

 

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