El negocio de Lomedic

Hace más de cinco años que la empresa Lomedic comenzó a surtir a las clínicas del IMSS los medicamentos a los pacientes afiliados al Régimen Estatal de Protección Social. Aun cuando los beneficiarios se quejaron por la falta de abastecimiento y otras irregularidades, la Secretaría de Salud no atendió sus reclamos. Y cuando la dependencia decidió que a partir de este año cambiaría de proveedora, Lomedic interpuso un amparo y aún sigue usufructuando el negocio que el año pasado le redituó una ganancia de 600 millones de pesos.

Luego de un lustro de proveer los medicamentos que el Seguro Social distribuye entre los pacientes que se benefician del Régimen Estatal de Protección Social, Lomedic perdió dicho contrato frente a la empresa Dimesa. De inmediato presentó un amparo en el que impugnó los resultados de la licitación lanzada por la Secretaria de Salud de Jalisco (SSJ). 

Y pese a que la firma tiene varias denuncias acumuladas por incumplimiento en la distribución de los fármacos, el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) aceptó el recurso y suspendió de manera provisional el resultado de la licitación. Por lo pronto, Lomedic, propiedad del empresario Carlos Lomelí Bolaños, sigue dando ese servicio al IMSS hasta que el tribunal emita un fallo definitivo. El año pasado la empresa se embolsó 600 millones de pesos por ese servicio.

En noviembre pasado, Salvador Cosío Gaona, de la agrupación Conciencia Cívica, denunció a Lomedic por incumplir su contrato con la SSJ al incurrir en desabasto de fármacos en algunos de los 804 puntos del estado, según destacó El Informador en su edición del día 8 de ese mes.

En esa ocasión, la agrupación pidió a los integrantes de la Comisión de Adquisiciones de la dependencia negar a Lomedic la adjudicación 43068001-015-10 relativa al “servicio integral de subrogación de medicamentos y material de curación para los afiliados al sistema estatal de protección en salud y población abierta” en 2011.

Además, la firma de Lomelí Bolaños está en la lista de las 10 empresas a las que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos les atribuye vínculos con el narcotráfico.

Pese a las denuncias presentadas en los últimos años, el entonces titular de la dependencia, Alfonso Gutiérrez Carranza, quien dejó el cargo del 29 de septiembre de 2009, nunca sancionó a la empresa. Su sucesor, Alfonso Petersen Farah, intentó hacerlo, por lo que en abril del año pasado ordenó una supervisión a 103 centros de distribución para detectar las irregularidades denunciadas por los derechohabientes perjudicados por el desabasto de medicamentos.

La información recabada fue enviada a las direcciones de Asuntos Jurídicos y Recursos Materiales de la SSJ, asegura la contralora María Antonia Rodríguez Guerrero. Consultada sobre este asunto, la directora de Comunicación Social de la dependencia, Paola Lizárraga Salas, se negó a responder porque, dijo, “aún no concluye la investigación”.

Los afectados

 

La reportera acudió en tres ocasiones al módulo donde se distribuyen los medicamentos del Seguro Popular ubicado en la calle Mariano Jiménez, a media cuadra del Nuevo Hospital Civil. En todas observó la misma escena: una fila de medio centenar de personas cuyas edades oscilaban entre 35 y 60 años con su receta en la mano.

Cuando la reportera les preguntó sobre el servicio que presta Lomedic, la mayoría respondió que los empleados los maltratan y los hacen regresar varias veces con el pretexto de no hay medicamentos. Algunos se quejaron por la falta de insulina, como Silvia, quien debe surtir la receta de su abuelo que vive en Tuxpan, a 150 kilómetros de Guadalajara.

“Desde enero no he encontrado insulina para mi abuelo, ya lo hicieron venir tres veces y no le dieron nada; tampoco hay pastillas para que controle su presión ni para atender la insuficiencia renal que padece. Cuando tiene dinero, mi abuelo compra la insulina, que cuesta 300 pesos y le dura menos de una semana.

“Yo vivo en Tonalá y le dije a mi abuelo que yo le surtía su receta, pero cuando vengo me dicen que no hay, que venga otro día. Y cuando llego me salen con que la medicina no llegó… En ocasiones me recogen la receta, como si me la hubieran surtido.”

El caso de Martina es similar. Ella comenta que tiene una semana solicitando insulina: “Primero llamé al teléfono 3617-9805 y cuando pregunté si ya había llegado el medicamento, el muchacho que me contestó comenzó a maltratarme. No me gusta que me traten así; además, yo pago mis impuestos, por lo que exijo que me den mi medicina”.

Carmen, otra de las afectadas, considera que el Seguro Popular no cumple con las expectativas publicitarias del gobierno federal. Dice que aunque los anuncios pregonan que el Seguro Popular cubre los gastos médicos, eso no es cierto. Relata que a su esposo le extirparon un tumor del cerebro en el Hospital Civil y el seguro no cubrió ni los análisis.

“Acudí a Trabajo Social para que me hicieran un descuento, por lo que sólo tuve que pagar 9 mil de los 11 mil pesos que me cobraban. Yo vendo dulces afuera de mi casa y gano entre 50 y 80 pesos al día, apenas saco para la comida”, comenta a la reportera.

Y se queja: “Nunca ha podido surtir completa la receta del Seguro Popular. Siempre me dicen que no hay medicamento, como Keterolaco, Clonazepam, Omeprazol; me piden que llame para saber cuándo lo van a tener, y cuando lo hago me contestan que no saben”.

Los casos se multiplican. Patricia, por ejemplo, asegura que tiene un mes solicitando un fármaco para atender la fibromialgia nerviosa que padece. No sabe qué hacer porque la receta, que caduca al mes de ser expedida, ya venció. Dice que la medicina cuesta más de 100 pesos pero ella no tiene dinero.

Margarita, quien sufre de la presión, relata que desde el 17 de febrero no ha podido obtener su dosis de Nifedipina, el medicamento que debe tomar. El doctor le dijo que si no se lo surten debe comprarlo. Cuando preguntó el precio se alarmó, pues cuesta 150 pesos.

Otra de las entrevistadas, Teresa, dice que debe ingerir cuatro fármacos para controlar la arritmia cardiaca: “Siempre le digo a la doctora que no me surten la receta, pero ella me contesta que deben darme la medicina”. 

Juan, quien necesita Bezafibrato, un fármaco que está en el cuadro básico de medicamentos, tampoco puede obtenerlo; lo mismo pasa con Sara, quien no consigue las gotas que necesita, o Laura, quien cuida a sus padres, ambos de 90 años, quienes padecen múltiples enfermedades. 

“Mi papá padece del riñón, de los pulmones, tiene mal de Parkinson y Alzheimer. Cuando lo interno en el Hospital Civil o lo traigo a que le hagan algún análisis, tengo que pagar. Yo creo que con el Seguro Popular me deben dar todo, no tengo para pagar, vivo al día”, dice Laura.

Las justificaciones

 

El doctor Eduardo Catalán Domínguez, director general interino del régimen estatal de Protección Social (Seguro Popular) dice que conoce perfectamente la situación. 

Aclara que su papel es supervisar la correcta aplicación de los recursos económicos destinados al Seguro Popular y observar que se preste un servicio de calidad a sus afiliados. “Nosotros sólo fungimos como un financiador de estos medicamentos para nuestros afiliados, pero no tenemos otra facultad”. 

Dice que aun cuando ya envió oficios a la SSJ para denunciar las anomalías que comete la empresa Lomedic, la dependencia no hace nada para sancionarla.

Catalán recuerda que el sector salud firmó un contrato con Lomedic para que surtiera los medicamentos a los afiliados al Seguro Popular, por lo que la SSJ “tiene la obligatoriedad de que se cumpla el contrato”. Y, dice, “si hay una persona a la que no se le ha surtido su receta, debe presentar su denuncia en el área de administración de la SSJ”.

–La mayoría de las afiliadas al Seguro Popular viven al día, es difícil que lo hagan… 

–Creo que tiene razón. Un afiliado al Seguro Popular no tiene por qué pasar por el calvario para obtener el medicamento que le prescribe el doctor que lo atiende. La empresa proveedora está obligada a surtir los medicamentos que se incluyen en el catálogo CAUCE.

–Otra anomalía: los empleados no sólo no surten la receta completa, sino que se quedan con ella –se le cuestiona al médico.

–Ya se le hizo del conocimiento a la SSJ. A lo mejor le quieren cobrar a la secretaría medicamento que no se ha surtido. Nosotros hacemos una revisión para evitar que se den estas anomalías de tipo mercantil.

–¿La SSJ es la que debe sancionar a Lomedic?

–Eso está en el contrato que firmó con la empresa proveedora. El documento prevé sanciones administrativas cuando se incumple en el abastecimiento de algún medicamento. La SSJ debe realizar la investigación pertinente con lo que nosotros le presentamos a través de nuestra contraloría interna; le toca definir si aplica o no alguna responsabilidad administrativa a Lomedic.

–El colmo, doctor, es que no puedan surtir ni siquiera una aspirina.

–Eso me preocupa, pues debo tener la certeza de que a nuestros afiliados les están surtiendo sus prescripciones médicas en forma correcta y oportuna. La empresa está obligada a surtir las recetas al 100%. No se vale decir: ‘No tengo este o aquel medicamento’. Si por alguna razón en ese momento se les terminó, están obligados a tomar los datos del afiliado y surtírselo en un plazo no mayor 24 horas. l

 

Comentarios