La reforma penal “abominación constitucional”

Por la absurda reforma constitucional que impulsó el gobierno de Felipe Calderón y aprobó el Poder Legislativo en 2008, ahora el sistema penal mexicano carece de consistencia jurídica, implica una cesión de soberanía, y se pierde en “una autoviolación y autoflagelación constitucional”, sostiene el jurista Raúl Carrancá. Para él, esa modificación legal no servirá para mejorar el combate al crimen organizado, pero sí afecta la esencia de la ley fundamental.

 

En su estado actual, el sistema penal mexicano “es testimonio escrito de una política convenenciera, acomodaticia y al servicio de intereses ajenos a la tradición jurídica mexicana” y demuestra una de las grandes desviaciones filosóficas del PAN, asegura en entrevista el prestigiado catedrático y jurista Raúl Carrancá y Rivas. 

El doctor en derecho por la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales advierte que del estudio de siete de los 10 artículos constitucionales reformados (16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22) “se desprenden con facilidad una serie de errores, equivocaciones y desviaciones cuyo daño más grande es haber afectado la norma y el espíritu constitucionales, o sea su esencia filosófica, jurídica y política”.

Dicha reforma constitucional en materia penal fue promovida, en efecto, por la administración de Felipe Calderón para enfrentar a la delincuencia organizada, lo que a juicio del jurista es absurdo, pues la ley se aplica una vez cometido un delito y lo que urge en México es que el delito se prevenga.

Sin embargo, para el gobierno “era más cómodo, ante el feroz embate de la criminalidad, negar el fracaso de las acciones políticas y decir que en el sistema penal estaba la causa de todos los males”.

A partir de la mencionada reforma surgen contradicciones entre garantías constitucionales y existe “una combinación híbrida” de lo militar con lo penitenciario. “Ya se sacó al Ejército a las calles sin aplicar la herramienta constitucional del artículo 29. ¿Se trata ahora de militarizar las prisiones, de imponer una ley de tipo militar o de militarizar la política criminal?”, se pregunta.

Las autoridades, dice, “no han tenido el coraje de suspender las garantías por el predominio del criterio político y prefieren violar la Constitución; la salida del Ejercito a las calles es eso. El parámetro de los soldados es la obediencia, lo ordena el Comandante Supremo, pero éste está violando la Constitución. Se ha llegado a eso, a un estado totalitario de corte fascistoide, por la vía de la ley lastimada, herida, vejada”. 

Y reprocha: “Se dice que estamos en guerra. Tal vez, pero el derecho no debe dejar el espacio de la justicia y trasladarse a las trincheras de los soldados”.

 

Las trampas del lenguaje

 

El autor del ensayo La reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública (Porrúa, 2010) sostiene que la reforma penal nada tiene que ver con mejorar el combate al crimen organizado. Ejemplifica con la estadística de homicidios en Ciudad Juárez, que en enero de 2008 registró 41 asesinatos, mientras que en enero de 2009 la cifra aumentó 512%.

–¿La causa está en una Constitución y unas leyes defectuosas, o en una política del gobierno? –se le pregunta.

–La cuestión radica en que la ley penal, con su multiplicación de tipos penales y el aumento en la cantidad de penas, no es el medio idóneo para enfrentar la criminalidad.

Explica que “el presidente Felipe Calderón fue convencido” de que la mejor forma de enfrentar a la delincuencia organizada era con una reforma “que viene de allende el Bravo, porque son principios localizables en la legislación estadunidense”.

Descalifica el argumento de que la reforma busca “adecuar el marco constitucional a los compromisos internacionales adoptados por México”, como justificó el gobierno mexicano, pues dice que en todo caso el Estado no debió suscribir convenios contrarios a su Constitución, como ocurrió, permitiendo una invasión en la soberanía jurídica.

De igual modo, dice Carrancá, la reforma presume que se adopta un sistema acusatorio y deja atrás el inquisitorio, lo que es falso porque el primero existe desde la Constitución de 1917, pero también porque la reforma contempla figuras “tortuosas” como el arraigo, la prisión preventiva y la extinción de dominio, que ponen en aprietos a la misma Constitución.

En el sistema acusatorio prevalece la presunción de inocencia, es decir, un individuo no puede ser considerado culpable hasta que se demuestre. Ese principio existe desde 1917 en el artículo 14 constitucional, y con la reforma se mantiene en el artículo 14, pero se contradice en el 16 y el 22, donde se elevan el arraigo y la prisión preventiva a rango constitucional.

El artículo 16 establecía en su párrafo segundo que la única manera de ordenar la aprehensión de un individuo era cuando hubiera denuncia o querella que señalara un delito y existieran datos “que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado”.

Con la reforma, el final del párrafo se modificó para establecer que “obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho (delictivo) y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”.

De entrada, Carrancá considera que sobra la frase “o participó en su comisión”, pero advierte que al desaparecer “el cuerpo de delito” se da entrada a que el Ministerio Público (MP) prejuzgue, invadiendo así el ámbito de competencia que se supone exclusivo del juez, conforme al artículo 14 constitucional. Así, para el jurista el supuesto sistema acusatorio es falso, pues el MP puede acusar y juzgar, lo que hace del sistema un modelo inquisitorio.

Otro caso es el de los jueces de control, que se incorporaron al artículo 16 y cuya función es resolver “en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos”.

Tras hacer una crítica a la redacción por los descuidos estilísticos, Carrancá hace notar que el nuevo artículo 19 considera la prisión preventiva una medida cautelar, pero no deja claro si su trámite debe hacerse ante el juez de control o ante el juez común, generando una confusión. Además, al establecer en el artículo 16 la expresión “por cualquier medio” se abre la puerta a violaciones descaradas contra las garantías. “La ley no puede decir ‘por cualquier medio’, ni los jueces utilizarlo; los medios deben estar claramente especificados”, insiste.

Respecto al artículo 18 constitucional, que establecía la readaptación social como garantía constitucional, Raúl Carrancá hace notar que la reforma modificó el vocablo readaptación por el de reinserción, pues el primero implica un proceso que haga al delincuente capaz de acomodarse a su entorno social y ya no delinquir, mientras que reinsertar sólo implica volver a integrar a alguien que estaba penalmente condenado o marginado.

Otro cambio importante es el cambio de “auto de formal prisión” por “auto de vinculación a proceso”, ocurrida en el artículo 19, que a juicio del entrevistado constituye “una barbaridad legal” porque la vinculación carece de comprobación de cuerpo del delito y probable responsabilidad del indiciado, que fueron anulados del texto constitucional.

 

Discurso roto

 

La abominación en que se convirtió el texto constitucional proviene de la ruptura del “discurso constitucional”, que implica una secuencia del articulado ordenada cualitativa y cuantitativamente. El doctor Raúl Carrancá ejemplifica con el arraigo:

El artículo 14 dice que para ser privado de la libertad se necesita un juicio; el 16, en su párrafo octavo, establece que el arraigo se solicita mucho antes de que el juez inicie el juicio; el artículo 18, en su párrafo primero, prevé la prisión preventiva, lo mismo que el artículo 20, que al mismo tiempo, establece la presunción de inocencia.

Con esta base, reitera, “es evidente que arraigo y prisión preventiva quebrantan el discurso constitucional cuantitativa y cualitativamente, pues los artículos 16, 18 y 20, rompen con el 14, y a su vez con el 20”.

Uno de los aspectos que le parecen más absurdos al especialista es el de las nuevas disposiciones en materia de extinción de dominio, es decir, de la apropiación de bienes por parte del Estado, consignada en el artículo 22 de la Constitución.

Enfatiza que según el artículo 21 la imposición de las penas es facultad exclusiva de la autoridad judicial, esto es, del juez penal, pero al llegar al artículo 22 se establece que la extinción de dominio se rige por una orden jurisdiccional y autónoma de la materia penal, y luego se indica que procede en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas.

Es decir, se trata de un procedimiento que trata de la comisión de un delito (el delito es exclusivo del derecho penal) pero ajeno a la materia penal. Por si fuera poco, la disposición tiene otro contrasentido, pues el artículo 13 prevé que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tribunales especiales”.

Incluso, la fracción segunda del artículo 22 dice que la extinción de dominio procederá “aun cuando no se haya dictado sentencia que determine responsabilidad penal”.

–¿Al aprobar esto estaban locos, borrachos o qué? –se pregunta Carrancá–; ¿dónde quedó el 14 constitucional? ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? En la basura. Esto provoca que la Constitución se escupa a sí misma, se autoflagele y autoviole”.

 

Oralidad sin cultura

 

En su libro La reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública, Carrancá defiende la Constitución previa a dicha modificación: 

Las leyes no funcionan “por la falta de probidad en los encargados de aplicarlas; y como probidad es honradez, yo entiendo que a éstos les ha faltado y les falta rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Han abandonado su tarea, la han burocratizado, la han convertido en rutina. Se ha carecido en la especie de conocimientos en esa fina y compleja técnica que es el derecho. Además, desconocen las firmes disciplinas de la inteligencia; es decir, carecen de cultura, particularmente humanista. Han deshumanizado el derecho”.

A lo largo de su ensayo, Carrancá vuelve una y otra vez sobre las incongruencias y las carencias del nuevo texto constitucional: “Da grima leer los alegatos, las determinaciones, los simples autos o sentencias que circulan en los tribunales”, y agrega que “incluso la Suprema Corte de la Nación no es precisamente la sede del buen escribir o del buen decir; tampoco del buen razonar… así las cosas ¿bienvenida la oralidad? ¿Adelante con ella?”.

Descendiente de un clan de juristas, con seis décadas de ejercicio profesional, Raúl Carrancá y Rivas considera que debido a la carencia de sentido humanista, los ocho años de adaptación para los juicios orales –plazo que establece el artículo segundo transitorio de la reforma– son insuficientes para desarrollar un factor elemental: la retórica forense.

Así, el juicio oral “como idea es malo, deficiente, pero como lo manejan en la reforma es absurdo porque falta la savia humanista. Lo vimos en Chihuahua, con el caso lamentable en que quisieron sacrificar a los jueces que hicieron lo que la ley les ordenaba. La tonta y equivocada es la ley, no los jueces. Es un ejemplo de la deficiencia y de todo lo que se está desmoronando en términos teóricos, filosóficos, jurídicos y sociales. Pero lejos de corregir, el presidente no da un paso atrás”.

Insiste en que la nueva ley no resuelve la criminalidad: “La reforma constitucional penal indica que la voluntad del presidente Felipe Calderón es de enfrentar primero la criminalidad creciente en el país, y después acabar con ella en la medida de lo posible. Pero si la ley y la justicia penal son para sancionarlos cuando ya se cometieron los delitos, en tal virtud, la voluntad del presidente y su gobierno están fuera de cauce”. l

 

 

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