Visita al país de los desaparecidos

Invitado por el gobierno federal, un grupo de trabajo de la ONU estará este mes en México para investigar las desapariciones forzadas del pasado… y las del presente. Esto va de la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico. Activistas en defensa de los derechos humanos consideran que si bien se ha popularizado el término levantón, y aun cuando a los cárteles de las drogas se les atribuyan todos los casos, se sigue tratando de desapariciones forzadas, y la responsabilidad última recae en el Estado, que las ha ignorado o permitido.

 

Una violencia generalizada por la guerra contra el crimen organizado y el reclamo de familiares de más de 700 desaparecidos por razones políticas en décadas pasadas es lo que encontrará el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU, que estará en México la segunda quincena de marzo.

Por invitación del presidente Felipe Calderón, el GTDFI celebrará aquí su periodo de sesiones número 93 del martes 15 al viernes 18; después se reunirá con organizaciones civiles, familiares de desaparecidos y funcionarios de los gobiernos federal y estatales.

El GTDFI está formado por expertos independientes. Su presidente-relator es el sudafricano Jeremy Sarkin y los otros integrantes son el argentino Ariel Dulitzky, la bosnia Jasminka Dzumhur, el libanés Osman El-Hajjé y el francés Olivier de Frouville.

Los miembros del grupo tendrán reuniones en el Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Guerrero; en esta entidad irán a Atoyac, municipio donde hubo unas 350 desapariciones forzadas durante los setenta y ochenta.

En febrero de 2009 –durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU– y en marzo de 2010, integrantes del Comité de Derechos Humanos, representantes de los estados miembros de la ONU y expertos urgieron a México a saldar cuentas con familiares de unos 700 desaparecidos de la guerra sucia de los setenta y ochenta.

En el EPU México recibió más de 83 recomendaciones. Rechazó ocho, entre ellas la de reabrir la Femospp, porque “la Procuraduría General de la República, mediante acuerdo A/317/2006, remitió a la Coordinación General de Investigación (CGI) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la propia PGR todas las indagatorias pendientes de la Femospp.

“La CGI cuenta con las mismas facultades de la Femospp en materia de investigación y persecución de delitos, aunadas a otras más, por lo que en dicho traslado se siguió el curso de las investigaciones y se dejaron a salvo los derechos de las víctimas”, fue la respuesta del gobierno de Calderón al Consejo de Derechos Humanos el 11 de junio de 2009.

La nueva guerra

 

Se han acumulado cientos de desapariciones en el país en la lucha contra el crimen organizado, por lo que la visita del GTDFI es “pertinente y oportuna”, dice a Proceso Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Resalta que la gira de trabajo del grupo de expertos de la ONU “no es una imposición” y que fue “querida, deseada y pedida por el gobierno” de Calderón; además, puntualiza que por parte de la ONU “hay interés en México, pero por el otro lado hay un cierto grado de disposición del gobierno mexicano al escrutinio”.

El funcionario minimiza el interés de la ONU en los casos de desaparecidos actuales –los de la guerra contra el narco– y aclara que las agendas del GTDFI y de representantes del gobierno “se fijan con nueve o 10 meses de antelación”.

–La información sobre desapariciones forzadas recientes en México tiene más de nueve o 10 meses –se le aclara.

–Digamos que obviamente es una visita pertinente –responde Hernández Valencia–. No tendría mucho sentido que ese grupo de trabajo fuera a Liechtenstein donde no hay, en 50 años, ningún reporte de desaparición forzada. En ese sentido es una visita pertinente y oportuna.

Acota: “La visita no es una cosa impuesta, podría uno imaginar más la idea de una solución de decir ‘venimos a ajustar cuentas en México’, pero no. México ha pedido que venga y eso no significa que las cosas estén bien, significa que México, al pedirlo, está también dispuesto a entrar en un diálogo franco sobre qué está pasando en este tema con este grupo de expertos”.

La secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Agnieszka Raczynska Tatomir, confirma en entrevista con Proceso que los ejes temáticos de las reuniones con el GTDFI son “las desapariciones durante la guerra sucia. Es una deuda no resuelta a pesar de la iniciativa de Fox de crear la Femospp, que no funcionó para nada”.

En su número 1651, este semanario publicó un recuento de desapariciones forzadas de los primeros 18 meses de la guerra de Calderón: 600 personas privadas de la libertad, algunas de ellas por fuerzas militares, sólo en Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Tabasco.

En 2010, los testimonios de desapariciones en Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas confirmaron la gravedad del problema (Proceso 1747, 1751, 1772, 1777). 

Tatomir afirma a este semanario que de las 70 organizaciones de la Red DTD, son las del norte del país las que con mayor frecuencia reportan desapariciones de personas, “pero todavía no se identifica el motivo: no es una desaparición en un contexto político sino (…) del crimen organizado”.

La activista resalta que el factor común es la falta de investigación de las autoridades, lo que ha obligado a los familiares a organizarse para “compartir información, definir patrones y exigir al gobierno protección para sus desaparecidos y el cumplimiento de su responsabilidad. Cuando las organizaciones hablamos de los costos de la estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico, nos referimos entre otras cosas a las desapariciones forzadas”.

Casos documentados

 

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a Proceso que le entregará al GTDFI información de 12 de 118 casos que la organización ha documentado entre 2007 y enero de 2011.

“Sólo en esos 12 expedientes”, apunta Martínez, “tenemos elementos para presumir acción directa de agentes del Estado en el momento de la desaparición”; ese es uno de los requisitos del GTDFI para dar seguimiento a los casos.

Blanca Martínez dice que no hay semana en que el Centro no reciba por lo menos una denuncia por desaparición forzada, y apunta que los 106 casos que no cumplen las especificaciones del grupo de expertos “no pueden entenderse más que en este contexto de violencia tan grave que estamos viviendo, a partir de que Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada”.

De los 118 casos documentados por el Centro, cinco fueron cometidos por las Fuerzas Armadas, 16 por policías municipales, dos por policías federales, 91 por grupos criminales y cuatro por desconocidos.

La activista destaca que el patrón común de las desapariciones en Coahuila es que ocurrieron en forma colectiva y que las víctimas son jóvenes, una de ellas menor de edad, de bajos ingresos y sin sospecha de haber participado en algún ilícito.

“A pesar de ello, las autoridades siembran la sospecha de que las víctimas estaban involucradas con el crimen organizado y con ello cierran investigaciones e intimidan a las familias para que no busquen más; es parte de la campaña mediática para justificar los daños colaterales de esta guerra”, añade.

Felipe Ruiz, director de la chihuahuense Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), afirma a este semanario que la primera vez que esta organización documentó una desaparición forzada fue hace 12 años. “Después hubo un impasse, pero en los últimos cinco años hubo un aumento intenso”.

Su organización, dice, presentará ocho casos al GTDFI, en seis de los cuales está plenamente documentada la participación de agentes del Estado –incluso uno de ellos fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–: el de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, detenidos por militares el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura (Proceso 1747).

Ruiz asegura que el problema de la desaparición forzada es “muy grave” en Chihuahua, pero añade que las organizaciones tienen complicaciones para documentar las denuncias.

“Son procesos como de cometa: acuden, les damos acompañamiento y seguimiento y de repente se alejan; eso es reflejo del gran temor que hay. También hemos tenido dificultades con autoridades que nos niegan el acceso a los expedientes o nos posponen entregas de documentos”, cuenta.

En Baja California los números son alarmantes. Miguel Ángel García Leyva, abogado de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad dice a Proceso que en los últimos ocho años ha elaborado una lista con mil 800 nombres de desaparecidos en esa entidad.

Del total, apunta, en 100 casos hay responsabilidad de algún agente del Estado y que esa será la información que aportará al GTDFI.

García Leyva añade que muchos otros expedientes “se han perdido en asaltos misteriosos de nuestras oficinas; se han llevado expedientes en papel, memorias electrónicas y hasta computadoras completas”.

El abogado, uno de los promotores de la creación de la Fiscalía Especial para Desapariciones Forzadas de Baja California, alerta que una pista para dimensionar esas desapariciones “son los registros de personas extraviadas de la PGR: el último reporte era de 6 mil. Hay que tomarlo en cuenta, porque cuando las personas van a denunciar la desaparición de su ser querido, las autoridades ministeriales lo que hacen es reportarlo como persona extraviada”.

Responsabilidad del Estado

 

Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, de Guanajuato, considera que las desapariciones son resultado de “una disputa por el territorio y las rutas en donde antes había un control. Siempre ha habido narcotráfico, pero no había generado la violencia social que hoy está ocurriendo. (…) Las autoridades estatales, municipales y federales tienen sus propios pactos, pero al final (…) el Estado sigue siendo responsable de garantizar la seguridad”.

Hasta finales del año pasado, el Centro Victoria Diez tenía registro de 28 guanajuatenses privados ilegalmente de la libertad en otras entidades, como el caso de Zacatecas, donde “se tiene ubicada la participación de policías municipales y federales” en la desaparición de ocho personas en diciembre de 2010.

“No son actos aislados”, dice Ángeles López a Proceso. “El número creciente de desapariciones forzadas, de secuestros, de privaciones ilegales a la libertad sólo se entiende porque hay una política de Estado que así lo permite al elevar a rango constitucional el arraigo, mantener el fuero militar, la ausencia del cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla, el discurso de que estamos en guerra y esta varita mágica del Estado de que fue la delincuencia organizada, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en la impunidad”.

Raymundo Díaz Taboada, representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), sostiene que en la guerra contra el narco las desapariciones en Guerrero siguen teniendo motivos políticos.

Y pone como ejemplo el caso de Víctor Ayala Tapia, presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, quien fue sacado de su casa por seis hombres armados el 14 de septiembre de 2010, mientras que, según testigos, dos patrullas de la policía estatal estaban apostadas a 100 metros.

En entrevista con este semanario, Díaz Taboada agrega que “a los 15 días el gobierno del estado, a través del director de la Policía Investigadora Ministerial, Fernando Monreal, declaró a los medios que Víctor Ayala había regresado a su casa y que su familia había pedido a las autoridades no realizar investigaciones porque temían por su integridad, lo cual es falso. Sigue desaparecido”.

El activista de CCTI cuenta que el caso de Ayala Tapia tiene similitudes con otros casos seguidos por ellos, como el del profesor Máximo Mojica, su esposa y otro familiar, detenidos en Teloloapan el 28 de noviembre de 2008 por hombres armados, presuntamente miembros del crimen organizado, quienes después los entregaron a la policía de Acapulco, el 3 de diciembre de ese año, para que los procesaran por un secuestro que aseguran que no cometieron.

“En el caso de Víctor supimos que antes de su desaparición se regó el rumor de que lo iban a detener por secuestro; él acudió a la casa de la persona que había sido liberada ya, para aclarar las cosas. Creemos que se pretendía hacer lo mismo con el profesor Máximo: detenerlo y después fabricarle un delito, porque esa es la mecánica del gobierno para desactivar los movimientos sociales”, sostiene Díaz Taboada.

En cuanto a los casos del pasado, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, resalta el nulo avance en las indagatorias de aproximadamente 400 casos en los que esa organización es coadyuvante de la PGR.

La Afadem llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, en agosto de 1974, por parte de militares, caso por el que México fue sentenciado en diciembre de 2009, sin que a la fecha haya avances.

“No hubo seguimiento a los casos, no se sabe dónde están los expedientes, no hay nuevas diligencias; el ejemplo más claro es que antes de que el gobierno de Calderón tuviera que dar un informe del avance de la sentencia se hicieron excavaciones en lo que fue el cuartel militar de Atoyac en sitios donde ya se habían realizado en 2008 y no se había encontrado nada. Está además la iniciativa de reforma al fuero militar que nuevamente deja en manos del Ejército la decisión de qué casos van a investigar y cuáles no”, señaló.

Mata Montiel asegura en entrevista que hace 15 años la Afadem había pedido la visita del GTDFI y que dejó de enviarle información “porque no había interlocución con las víctimas, nunca recibimos respuesta de ellos”. Su expectativa está en que “mínimamente se desenmascare al Estado mexicano, que presume de firmar todos los acuerdos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, pero aquí no se cumplen”.

Quien no confía en el GTDFI es la senadora Rosario Ibarra de Piedra, aunque se entrevistará con sus integrantes como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Ibarra de Piedra recuerda que “durante 18 años, con grandes esfuerzos y con el fardo doloroso de los desaparecidos del tiempo de Luis Echeverría, fui a Ginebra y a Nueva York a entrevistarme con la gente de la ONU; fueron muy amables y apegados al protocolo, pero nunca nos ayudaron, nunca me respondieron si sabían siquiera quién era mi hijo (Jesús Piedra), que este año cumple 36 desaparecido”.

La senadora Ibarra, quien asegura que hará un reclamo “tranquilo, sin enojarme” a los enviados de la ONU, dice a Proceso que a diferencia de los desaparecidos del pasado, “que los tengo clasificados por nombre, apellido, lugar de desaparición y hasta quién se los llevó”, en este contexto de la “guerra contra el narcotráfico” no hay forma de identificar responsables.

La legisladora por el Partido del Trabajo también ha acompañado los casos de 38 petroleros desaparecidos en Nuevo León en 2008, y forma parte del Comité de Mediación en las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario.

“Es muy cómodo para Calderón. Se lava las manos y ya le quitó el nombre de desaparición forzada –que tiene una connotación legal, que no prescribe–, lo cambia, le dice levantón –una palabra vulgar– y se la achaca al crimen organizado. ¿Y quién carajos es el crimen organizado? Sólo él sabe.

“Además, ese señor que se dice presidente es responsable de varias de las desapariciones que han cometido las policías legales e ilegales de este país y el Ejército que sacó a las calles contra el mandato constitucional. Calderón es el responsable, porque envolvió todo en ese batidero que es el crimen organizado y no se puede saber quiénes son”, concluyó.  l

 

 

 

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