La “guerra interna” toma forma…

Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja se cuida de no encuadrar el estado de violencia generalizado en México como un “conflicto interno”, las características de los bandos en pugna, el tipo de armamento que utilizan, la frecuencia de los enfrentamientos, el número de muertos, heridos, desplazados y desaparecidos, así como de ejecuciones extrajudiciales, lo ubican muy cerca de esa condición, según los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el gobierno calderonista no actúa de acuerdo con los protocolos del caso para proteger a la población civil, denuncian organizaciones no gubernamentales. 

La “guerra” al narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón se parece cada vez más a un conflicto armado interno: miles de civiles muertos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, desplazamientos de poblaciones, reclutamiento de menores de edad…

Inocultables para el mundo, estas expresiones de la violencia han dejado desde el inicio del actual gobierno por lo menos 35 mil muertos, 230 mil desplazados, 283 denuncias de desaparecidos, miles de mutilados y otras tantas víctimas previstas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De acuerdo con esa norma, la violencia intensa y prolongada en el país tiende a reunir las características de un “conflicto armado no internacional”. Ante tal escenario, el DIH está concebido para prevenir y sancionar las agresiones a la población civil tanto por parte de las fuerzas del Estado como de los particulares.

Hasta ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo trabajo es verificar los límites de las hostilidades y del comportamiento de los combatientes en un conflicto armado, no ha querido encuadrar la situación de violencia en México en el DIH, aunque asegura que está consciente de que en el país “cada vez hay más sufrimiento y son muchas las consecuencias” en la población civil a raíz del combate a la delincuencia organizada.

México se ha comprometido a reconocer casi todas las reglas internacionales sobre el trato humanitario en caso de los conflictos armados. La excepción es el Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; es decir, a los conflictos internos.

Adoptado en 1977, ese instrumento no ha sido firmado por México debido a la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegura Fernando Coronado Franco, consultor general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En ese momento, el Ejército participaba en la “guerra sucia” contra los movimientos guerrilleros, que dejó más de 500 desaparecidos, según cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Según ese Protocolo, un conflicto armado interno tiene lugar entre las Fuerzas Armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen control sobre una parte del territorio, lo que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.

Compromisos sin cumplir

 

Aunque el gobierno de México no ha reconocido el citado instrumento, al ser parte de los Convenios de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está obligado a respetar los principios internacionales de protección a la población civil en casos de confrontación armada.

Las propias cifras oficiales indican que al 31 de diciembre pasado se habían registrado 34 mil 612 muertos desde diciembre de 2006, cuando Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico. Ese número incluye a miles de civiles ajenos a las fuerzas confrontadas. Entre ellos, más de mil menores de edad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la guerra de Calderón le ha costado la vida a mil 200 niños y adolescentes.

Al principio eran víctimas incidentales, pero ya se han convertido en blancos y, peor todavía, hay estados donde han comenzado a ser reclutados por la fuerza como informantes de la delincuencia organizada, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red.

El caso extremo es el de un menor de 14 años que en diciembre pasado fue detenido por el Ejército en el estado de Morelos como presunto responsable de torturar y ejecutar a miembros de grupos rivales del narcotráfico.

Tales efectos ya propiciaron la intervención del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos internacionales, que en enero pasado le pidió al gobierno de Calderón generar información específica sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos, además de aquellos que participan en grupos armados no estatales.

Organizaciones no gubernamentales internacionales también han informado sobre otras consecuencias de la estrategia gubernamental contra las drogas: el desplazamiento forzado de personas.

El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) emitieron en diciembre pasado un informe en el que estimaron en 230 mil el número de personas que han huido de sus hogares a raíz de la violencia. De ellos, la mitad se fue a Estados Unidos y a los otros 115 mil los definen como desplazados internos.

“El desplazamiento forzado por este recrudecimiento (de la violencia) ha pasado inadvertido”, dicen los organismos, de los cuales el NRC se dedica a dar asistencia y protección a los refugiados y desplazados internos en el mundo y que surgió en 1946 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Los principales desplazamientos forzados por la delincuencia organizada han ocurrido en el norte de México, sobre todo en Chihuahua y Tamaulipas, aunque también en otras entidades –como Sinaloa, Durango y Michoacán– donde el Estado mexicano ha perdido control territorial.

De acuerdo con el NRC y el IDMC, “la violencia en Chihuahua ha provocado la huida de familias y personas ‘gota a gota’, haciendo que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento, mientras que en Tamaulipas, en 2010, se han producido desplazamientos masivos, en algunos casos afectando a municipios enteros”.

Uno de los casos al que las organizaciones internacionales le dan el “grado de conmoción” fue el desplazamiento de unas 400 personas del municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, a inicios de noviembre pasado.

Ante la gravedad de esa situación provocada por el conflicto entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, la Cruz Roja Mexicana tuvo que apoyar con despensas a las familias desplazadas, según informó en entrevista telefónica Daniel Goñi Díaz, presidente nacional de la institución, aunque sostiene que la violencia generalizada en México no ha afectado las actividades del organismo.

El NRC y el IDMC sostienen que en Chihuahua el desplazamiento desde Ciudad Juárez se ha registrado a raíz del enfrentamiento iniciado bajo la actual administración, cuando el cártel de Sinaloa le empezó a disputar el control al de Ciudad Juárez.

Con base en proyecciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mencionan que desde 2007 unas 230 mil personas han abandonado la ciudad; la mitad hacia Estados Unidos y los otros 115 mil “se habían refugiado en otros estados mexicanos, convirtiéndose, por tanto, en desplazados internos”.

Para las organizaciones internacionales hay otro desplazamiento: el de las víctimas que han huido de la zona rural de Valle de Juárez, situada al este de la ciudad. “Las pruebas que evidencian desplazamientos forzados en las localidades de El Porvenir y Práxedis G. Guerrero en Valle de Juárez son irrefutables: prácticamente todas las casas están vacías, quemadas y destrozadas por actos de vandalismo”.

Apoyados en el Instituto Municipal de Planeación, aseguran que en Ciudad Juárez hay unos 116 mil hogares vacíos. Pero una “indicación contundente” de la existencia del desplazamiento interno es que 5 mil viviendas del Infonavit han quedado vacías, indican las organizaciones humanitarias que le pidieron ya al gobierno de Calderón poner en práctica los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adoptados por Naciones Unidas en 1998.

Consultado el Infonavit al respecto, indicó que tiene identificadas 12 mil 300 viviendas –entre abandonadas y deshabitadas– para recuperar en Ciudad Juárez, aunque no todas, dice, necesariamente a causa de la violencia.

Alud de denuncias contra el Ejército

 

La desaparición forzada de personas se ha incrementado también como consecuencia del combate del gobierno mexicano al narcotráfico. Apenas el lunes 21, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU fue informado de la existencia de 283 quejas presentadas ante la CNDH por desaparición forzada entre diciembre de 2006 y febrero de 2011.

La mayoría de los casos, 124, fueron en contra de la Sedena y de ellos casi todos corresponden a 2010, el que hasta ahora ha sido el año más violento, con 15 mil 273 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con la información estadística de la Presidencia de la República.

Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el informe indica que las víctimas de las desapariciones han sido estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada y han desaparecido en medio de operativos militares o policiales.

Aseguran que los desaparecidos pasan como “víctimas de levantones” atribuidos a la propia delincuencia organizada. Ejemplifica con los 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010 registrados por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila.

El Grupo de Trabajo de la ONU, que realiza una vista a México, evalúa solicitarle al Estado mexicano el reconocimiento de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

A pesar de la violencia generalizada y sus efectos en la población civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de ayudar a las víctimas de conflictos armados y de la violencia interna, evita hacer una definición jurídica sobre lo que ocurre en México. Dénes Benczedi, vocero de la delegación del CICR para México, Centroamérica y Cuba, expresa la reticencia del organismo para decir si México vive un conflicto armado interno, según lo establecido en el DIH, que se fundamenta en los Convenios de Ginebra:

“No vamos a decir nada de México en particular. No necesariamente tenemos que tener una posición… Hay situaciones de violencia donde no necesariamente aplica el derecho humanitario internacional, sino el conjunto más amplio de derechos humanos.”

El portavoz del organismo matiza sobre la presencia en México del CICR desde 2002: “No quiero decir que no nos preocupa (lo que pasa en México). Sí nos preocupa mucho. Estamos muy conscientes de que cada vez hay más sufrimiento y muchas consecuencias, por lo que estamos colaborando con diferentes entidades del gobierno mexicano”.

Entre esas instancias, dice, están la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, a las que justamente el CICR les da cursos de DIH, que además ha participado en reuniones de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, creada por el gobierno de Calderón en agosto de 2009 ante la creciente vigilancia internacional de los costos humanitarios de su “guerra” contra el narcotráfico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preside la comisión y en ella participan Gobernación, la Sedena y la Semar. Pero de su funcionamiento poco se sabe, aunque una de sus tareas es preparar los informes solicitados a México por los organismos internacionales.

Según el decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2009, la comisión pretende dar cumplimiento a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. El primero es precisamente el Protocolo II relativo a los conflictos armados internos, que aún no ha sido firmado por México.

“Hay un diálogo con las autoridades mexicanas sobre eso. Es el único de los protocolos que México no ha firmado”, dice Benczedi, quien asegura que el país “está relativamente bien” en la incorporación del DIH a su legislación.

Si bien México no ha firmado ese compromiso, hay otros instrumentos que pueden considerarse en una eventual declaración de conflicto interno en México, dice Fernando Coronado. Menciona el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, de 1949, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998.

El artículo 3 común se aplica en casos de “conflictos armados que no sean de índole internacional que surjan en el territorio” de uno de los países integrantes de los convenios. Esa disposición presupone una violencia armada prolongada, que se evalúa a partir de la intensidad de la violencia y de la organización de las partes involucradas en el conflicto, sin importar si los objetivos de alguna de ellas sean políticos o mafiosos.

Incluso, el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, creado para sancionar los crímenes de guerra en esa ex república socialista, fijó una jurisprudencia internacional según la cual existe conflicto armado cuando se recurre al uso de la fuerza entre Estados o cuando hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos organizados o entre tales grupos en el territorio de un Estado.

En un artículo de la International Review of the Red Cross, publicado en marzo de 2009, Sylvain Vité, asesor de la División Jurídica del CICR, explica que la intensidad se refiere a la naturaleza colectiva de las hostilidades y al hecho de que “el Estado tenga que recurrir a las fuerzas armadas porque la policía no está en condiciones de controlar la situación”. Ese ha sido uno de los argumentos de Calderón para mantener a los militares al frente de los operativos contra el narcotráfico.

“La duración del conflicto, la frecuencia de las acciones violentas y las operaciones militares, la naturaleza de las armas empleadas, el desplazamiento de la población civil, el control de territorio por parte de fuerzas de oposición, la cantidad de víctimas (fallecidos, heridos, personas desplazadas, etcétera), son elementos que también deben tomarse en cuenta”, explica el experto.

Sobre los grupos armados no estatales ,dice que se debe considerar la existencia de una estructura de mando y reglas internas, la autoridad para lanzar operaciones que involucren a distintas unidades, y la capacidad de reclutar y entrenar combatientes.

El Estatuto de Roma, además de las violaciones graves previstas en el artículo 3 común, considera otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en situaciones de conflicto armado interno, como los actos cometidos contra personas que no participen en las hostilidades, incluidos miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate.

También considera las mutilaciones, la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a la población civil que no participe en las hostilidades, los ataques contra edificios que no sean objetivos militares –como los hospitales–, la violación sexual, el reclutamiento de menores de 15 años y el desplazamiento de la población civil.

Para Coronado, los familiares de las víctimas inocentes, de los torturados, ejecutados extrajudiciales, desaparecidos o los propios desplazados pueden pedirle a la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción es reconocida por México, una investigación de oficio y analizar si hay situación de conflicto interno.

Humberto Guerrero Rosales, asesor de la presidencia de la CDHDF, sostiene que el Estado mexicano no ha investigado los miles de homicidios y otras violaciones graves a los derechos humanos porque no puede o no ha querido. “Hay una evidente falta de voluntad para esclarecer ese tipo de casos que involucran no sólo a fuerzas del Estado, sino también a particulares”, quienes también pueden ser sancionados internacionalmente por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.  l

 

 

 

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