Fichaje ciudadano: la necedad, los riesgos…

El afán del presidente Felipe Calderón por contar con armas de información  para su guerra contra la delincuencia organizada derivó en la imposición del Renaut y la Cédula de Identidad Personal. Sin embargo, desde su arranque ambos proyectos revelaron riesgos mayúsculos: el Ejecutivo no puede garantizar la protección de los datos personales, pero sí darle un mal uso, sobre todo político, como se le da a la propia “guerra” contra el narco. Fiel a sí mismo, Calderón prefirió empantanarse legalmente en esos temas que escuchar a los partidos, a los órganos autónomos y a la sociedad.

 

Como parte de su Estrategia Nacional de Seguridad, el presidente Felipe Calderón ha impuesto al menos dos programas –el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y la Cédula de Identidad Personal– que se están convirtiendo en un fracaso más de su guerra contra la delincuencia organizada porque carecen de  regulación y no toman en cuenta las críticas que generan al vulnerar las garantías de los ciudadanos.

Precisamente cuando las nuevas atribuciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) lo obligan a garantizar el resguardo de este tipo de información en los ámbitos público y  privado, el gobierno federal actúa a contracorriente al integrar bases de datos que carecen de control y provocan profunda desconfianza.

El pasado 30 de abril, el Senado de la República derogó el Renaut, el cual fue planteado por el presidente como una herramienta de combate a la extorsión telefónica que permitiría ubicar los aparatos celulares en tiempo real y, con ellos, a los delincuentes que los utilizaran. Es decir, obtendría otra arma para su guerra.

El Renaut no funcionó. Fue tan deficiente que el 10 de abril de 2010, al vencerse el plazo para enviar los datos de los usuarios, se saturó e imposibilitó el registro de los que faltaban. Antes que darlos de baja, para no sufrir pérdidas Telcel consiguió un amparo y Telefónica Movistar simplemente anunció que no cancelaría las cuentas de sus clientes sin registro por ese motivo.

Además, quedó en entredicho la fiabilidad del programa, ya que el 13 de abril el diario Reforma publicó que había 5 mil registros a nombre de Felipe Calderón, una cantidad semejante de Carlos Slim y, como ejercicio, el diario registró varios números a nombre de Genaro García Luna.

El fallido programa no contó con un diseño integral: las dependencias no adecuaron sus presupuestos y no hubo forma de blindar la Clave Única de Registro de Población (CURP) necesaria para el registro.

Al cancelar el Renaut, el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal, incorporando preceptos que obligan a las compañías telefónicas a colaborar con la Procuraduría General de la República (PGR).

En un plazo de dos meses, las empresas de telefonía también deberán contar con chips de localización en tiempo real, bloqueo de llamadas desde prisiones y líneas con reporte de robo, e incorporar un botón de emergencia en los celulares.

En cuanto a la protección de los datos de millones de ciudadanos en poder de la Secretaría de Gobernación (Segob) –uno de los puntos más polémicos desde que se dio a conocer el proyecto del Renaut–, todavía se desconoce qué uso se le dará a esa información y la forma en que se protegerá.

Daniel Gershenson, presidente de la organización Al Consumidor, que siguió el proceso del Renaut desde que el Legislativo lo aprobó en 2008 y previó su fracaso, ahora advierte que no hay garantías para el resguardo de los datos recabados.

Derechos vulnerados

 

Este año Felipe Calderón impuso otra de sus armas de información: la Cédula de Identidad Personal para menores. Hasta ahora la mantiene pendiente una controversia constitucional interpuesta por legisladores, pero también suscitó la oposición del Instituto Federal Electoral (IFE), del IFAI, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varias organizaciones no gubernamentales.

El rechazo a la creación de esa base de datos, decretada por Calderón el pasado 18 de enero y publicada un día después en el Diario Oficial de la Federación, se funda en que incurre en al menos cinco violaciones a la Constitución, se excede en la adquisición de datos biométricos y puede suplantar a la credencial de elector como documento de identidad.

De acuerdo con Jaime Cárdenas, el diputado del Partido del Trabajo (PT) que orquestó el rechazo a la cédula en el Congreso, el propósito de esta nueva base de datos es contar con un mecanismo de control político autoritario con el pretexto de proteger a la infancia.

El 15 de marzo en Irapuato, Guanajuato, Calderón entregó la primera cédula de los 26 millones que se tienen previstos para lo que resta del sexenio.

En esa ocasión el presidente sostuvo que la cédula contribuirá a la seguridad, pues se podrá combatir el tráfico de menores. Pero además reveló su interés político: dijo que servirá para combatir la corrupción en los programas sociales.

“La cédula de identidad es un proyecto seguro, es confiable, protege la información personal de los mexicanos y nos da la identidad formal a la que tenemos derecho”, dijo, y aseguró que el gobierno tiene controles de confianza para que no cualquier persona entre en la base de datos o suplante la identidad de los padres de los menores.

El mismo día la Segob informó en un comunicado que el registro comenzaba en los estados de Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León.

Para integrar la nueva base de datos, personal de la Segob se coordina con los gobiernos estatales para visitar las escuelas de educación básica; el Registro Nacional de Población (Renapo, dependencia de la Segob) almacena los datos de las actas de nacimiento o naturalización, las huellas dactilares, fotografías del iris de ambos ojos y del rostro, y después los vincula a través de la CURP correspondiente.

Calderón puso en marcha la Cédula de Identidad Personal pese a las objeciones de los legisladores, que primero le solicitaron suspender la medida y después promovieron la controversia constitucional, a la que ya dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 10 de marzo.

El recurso fue promovido por la fracción parlamentaria del PT en la Cámara de Diputados, y a él se adhirieron el PRI, el PRD, PVEM, Convergencia y, muy a regañadientes, el PAN. Los legisladores del PRI y del PVEM participaban en una mesa de diálogo con la Segob para darle autonomía al Renapo, a fin de salvaguardar los datos personales de los ciudadanos. Gobernación no aceptó.

A su vez, la comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard Mariscal, expresó en diferentes oportunidades que los datos que se recabarían son excesivos, particularmente los datos biométricos, cuyo registro, dijo, vulnera el principio de proporcionalidad que fija la ley.

Todavía el 8 de marzo Peschard fue a la Segob para abordar el tema junto con un grupo de trabajo que incluyó a representantes de organizaciones civiles y de instituciones internacionales como la OEA, que solicitaron a la dependencia no recabar datos biométricos. Salieron optimistas; todo indicaba que los tomarían en cuenta. Una semana después, Calderón inició el registro y entrega de la cédula.

Por esos días las fracciones parlamentarias del Congreso determinaron interponer la controversia constitucional. En ella consideran que los datos personales sólo pueden regularse por el principio de reserva de ley. Es decir, conforme a los artículos constitucionales 6 y 16, la protección de datos personales es una garantía y su vigilante es el IFAI.

El artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, bienes o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

De acuerdo con la controversia, a la violación al artículo 16 se suma que el Poder Ejecutivo no puede regular los datos personales, ya que esta es una facultad del Congreso, según el artículo 73. Esto implica que con la integración de la base de datos de la cédula de identidad el gobierno federal molesta en persona, familia, domicilio y papeles a los ciudadanos, para colmo fuera de su competencia, de modo que no hay fundamento ni motivación legal para el nuevo registro. Además, al convertir los datos biométricos en fichas se violenta el derecho a la privacidad y a la dignidad de las personas.

Asimismo se señala la ilegalidad de que el decreto presidencial haya reglamentado más allá de la Ley General de Población, que no contempla la recopilación de datos biométricos. Por jerarquía de leyes, el reglamento es inferior a la ley, lo cual está previsto en el artículo 89 de la Constitución, que de esta forma también se está violando.

Para quienes se oponen a ella, la Cédula de Identidad Personal viola un derecho fundamental, pues la información biométrica es inherente al ser humano, e incluso los padres de familia están impedidos de utilizarla como les parezca.

Seguridad selectiva

 

El diputado Jaime Cárdenas señala en entrevista que la falta de confiabilidad en el manejo de bases de datos del gobierno es alarmante. Recuerda, como ejemplo, la compra del padrón electoral a funcionarios de la Segob por parte de la empresa estadunidense Choice Point y la venta de bases de datos en Tepito.

Una búsqueda realizada por Proceso permitió comprobar que se puede obtener de forma sencilla la CURP, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), datos del Renaut y el Número de Seguridad Social (NSS), entre otros, lo que hace posible la suplantación de identidad. Sólo algunos privilegiados cuentan con bloqueos de seguridad.

Para obtener la CURP basta con introducir en el sitio electrónico correspondiente el nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento. Esos datos, disponibles en internet, permitieron imprimir la CURP de Felipe Calderón: CAHF620818HMNLNL09. Con los mismos datos, en la página del Infonavit se encontró que su NSS es 53796212867 y que el último patrón que lo registró en el IMSS fue el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).

Ya con el NSS, se solicitó en el Infonavit la cuenta de vivienda de Felipe Calderón. Aunque en el NSS se dice que Banobras fue la última empresa empleadora que lo tuvo dado de alta, al desplegarse la cuenta, su aportación y su deuda aparecen en ceros, es decir, se blindaron  sus datos como los de ningún otro ciudadano. Eso sí, se puede conocer el RFC del presidente: CAHF620818TN9.

La selectividad del resguardo va más allá. Por ejemplo, la base de datos del Renaut permite conocer los últimos tres dígitos del número telefónico sólo con teclear la CURP. Al primer intento de ubicar datos de ciudadanos comunes, los números registrados aparecieron en cascada, pero al introducir la CURP de Calderón –un año después de haberse localizado 5 mil registros con ese nombre– aparece el mensaje: “La CURP ha sido utilizada de forma incorrecta. Favor de acudir con su operadora para regularizar esta situación”.

Al introducir la CURP del secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, aparece: “No se encontraron resultados”, como si no tuviera teléfonos o hubiera incumplido la obligación de registrarlos.

En el mismo ejercicio, se intentó obtener la CURP de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, nacido el 4 de abril de 1957 en Sinaloa. El sitio electrónico arrojó una “Constancia de No Registro”. En consecuencia, es imposible que El Chapo Guzmán haya dado de alta su celular en el Renaut.

Y a pesar de que por ley sólo el gobierno puede manejar datos personales, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha fundamentado la base de datos de su sistema en la empresa Procesar S.A. de C.V., que posibilita el acceso a la información de las cuentas de manera relativamente sencilla.

Jaime Cárdenas explica que hasta ahora la reglamentación de los datos personales obliga a particulares, pero no se ha legislado sobre el manejo que les da el Estado. “La idea detrás del concepto de la protección de datos personales es que el Estado no puede invadir ni afectar elementos inherentes a la persona, como en el caso del iris del ojo. Sólo en los sistemas autoritarios el Estado invade elementos de la vida privada como ese. En los sistemas democráticos se debe garantizar la privacidad y la protección de los ciudadanos”, afirma.

En todo caso, dice, si hubiera un consenso para integrar los datos necesarios para una cédula de identidad, podría ser una facultad del IFE, que ha invertido recursos multimillonarios en los últimos 20 años para mejorar la credencial de elector.

Sostiene que el principal riesgo que ve es el uso político de la información, que puede vincularse con programas sociales, incluso para eliminar o reducir el nivel de protesta social: “Es control político puro. Es falso que (la cédula) resolverá los problemas de trata o de seguridad del país”.

Al respecto el activista Daniel Gershenson afirma que los datos personales están en la indefinición y que ni siquiera el IFAI, con sus nuevas facultades para la protección de datos (con las cuales vigilará a 3.5 millones de empresas) podrá impedir que éstos caigan en poder de la delincuencia.

Dicha incapacidad pone en entredicho al propio IFAI. Por ejemplo, el organismo incurrió en divulgación de los datos personales que por ley está obligado a reservar, al emitir una resolución que expuso a la prestigiada historiadora Ángeles Magdaleno.

La aplicación de medidas de protección de este tipo de información fue el argumento para adelantar la reelección de Jacqueline Peschard como presidenta del IFAI. Con el mismo propósito se le otorgó al instituto un aumento presupuestal de 180 millones de pesos para 2011. No obstante, cuando Proceso solicitó una entrevista con algún comisionado sobre las bases de datos del gobierno, la oficina de prensa del IFAI rechazó la petición con el argumento de que los comisionados no tienen dominio del tema.

 

 

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