Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra”

El ejercicio de la libertad de expresión adquiere un valor preferente cuando se trata de personas públicas y de casos de interés colectivo. En ese supuesto, los derechos de la personalidad reducen su esfera de protección. Hay, con todo, una tensión constante en estos derechos fundamentales en conflicto. Alfredo Rivera Flores, un escritor de Hidalgo y hombre de un prestigio sin mella, está a punto de perder su patrimonio –como han perdido ya él y su familia la tranquilidad durante varios años– por revelar datos de interés público del señor  Gerardo Sosa Castelán, una persona pública en un caso de interés general. Veamos por qué.

Primero. En mayo del 2004, Alfredo Rivera escribió un libro titulado La Sosa Nostra / Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, prologado por Miguel Ángel Granados Chapa y editado por la empresa Miguel Ángel Porrúa. En esa obra Rivera hace un recuento del paso de Sosa Castelán por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de recordar los errores que se han cometido. Como diría Santayana, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo.  La obra, como apuntó Granados Chapa, fue “compuesta mediante los procedimientos propios de la investigación académica: la indagación documental, la revisión bibliográfica, las entrevistas personales”.

He leído y releído el libro y no advierto imputaciones injuriosas por sí mismas ni acusaciones sin fuentes, que es lo que generalmente habilita para ser objeto de una demanda judicial. Tres meses después de la edición del volumen, el 6 de agosto del 2004, el señor Gerardo Sosa Castelán demandó a Alfredo Rivera, a Granados Chapa e incluso a los editores, formadores y diseñadores del texto referido. Gerardo Sosa Castelán los demanda por causarle daño moral en virtud de ligar su actuación en la UAEH al porrismo y al vandalismo. Como medio de reparación, Sosa requirió una indemnización económica y, además, que se retiraran y destruyeran todos los ejemplares del citado libro.

Segundo. El daño moral –ya derogado en el DF a partir del 2006– requiere para su configuración de tres elementos básicos: a) que se demuestre el daño que se ocasionó; b) que dicho daño sea consecuencia de un hecho ilícito, y c)  que exista vínculo entre la persona que demanda y la que produjo el daño moral. La ausencia de algunos elementos citados impide que se integre el daño moral. Uno de los elementos es la ilicitud de la conducta. Un hecho ilícito es aquella conducta humana culpable, por intención o negligencia, que pugna con un deber jurídico, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio.

Cabe reiterar que Rivera jamás hace referencia a la vida privada del señor Sosa Castelán, quien es una persona pública por su quehacer laboral (diputado, rector de la UAEH y presidente estatal del PRI), y lo hace en razón y medida de su actuación pública, la que es objeto de escrutinio con el soporte de las fuentes disponibles. El caso de Alfredo Rivera ha inspirado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a identificar largos juicios como una medida de inhibición de la libertad de expresión. Y aquí no es para menos.

La resolución en primera instancia, que debió haber durado ocho meses aproximadamente, tardó más de cuatro años. Este hecho consiste por sí mismo en una sanción para el periodista o escritor al estar sujeto a un constante desgaste económico y anímico. El juez 29 de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas, quien conoció del caso fundado más en sus percepciones y en tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación (es decir, que no son obligatorias por no generar jurisprudencia), condenó a Rivera, a Granados Chapa, al formador, al editor y al fotógrafo. En la apelación, cuatro meses después, se confirmó la resolución condenatoria a Alfredo Rivera y fueron absueltos Granados Chapa, el formador, el editor y el fotógrafo.

Tercero. Por negligencia judicial, Alfredo Rivera fue condenado no sólo por causar daño moral, sino por la “elaboración, publicación y comercialización del libro”. Como es evidente, el autor sólo es responsable de los contenidos y no de publicar y comercializar su obra, salvo prueba en contrario. De ahí que la abogada patrona Perla Gómez Gallardo (recientemente nombrada directora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa) afirmara que Rivera fue condenado hasta por lo que no hizo. El amparo directo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación fue negado y se confirmó la condena formulada en primera instancia. Las propias características del asunto fueron factor para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia para los efectos de resolver si debiese resolverse conforme a la ley especial (aprobada en el DF en 2006) o de acuerdo al daño moral derogado del Código Civil.

La ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, con muy buen criterio jurídico, propuso que el asunto debía resolverse de acuerdo con la ley especial. Los cuatro ministros de la Sala negaron, sin embargo, esa propuesta, a pesar de que el artículo 20 del Código Civil en el DF establece que: “cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados”.

Este caso pone de relieve tres cosas: a) la pertinencia y oportunidad de la aprobación en 2006 de la ley especial en la materia; b) la ausencia de cuidado de los juzgadores federales y locales sobre sus resoluciones, y c) el peligro concreto y puntual que existe para el ejercicio de la libertad de expresión, pues la ley especial del DF establece como sanción sustituta el pago de 23 mil pesos, y el derogado daño moral puede establecer el tope que la imaginación del juez decida, lo que abre la puerta para enviar un mensaje de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a saber de los gobernados. l

 

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