Militares presos por supuestos vínculos con el crimen organizado o acusados del asesinato de civiles cuentan sus experiencias a Proceso, pero por su seguridad no es posible identificarlos aquí por sus nombres. Los testimonios obtenidos a través de horas y horas de conversaciones con ellos, en las instalaciones de la prisión del Campo Militar No. 1, estremecen: hablan de la colusión de altos mandos del Ejército con los cárteles del narcotráfico, de las órdenes que la tropa recibe para robar o para proteger a ciertos delincuentes... y hasta de un grupo castrense dedicado exclusivamente a cometer homicidios. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En el norte del país, sobre todo donde operan Los Zetas, los soldados arriesgan la vida todo el tiempo. Para evitar que los asesinen, los altos mandos les ordenan disparar a “cualquier carro sospechoso”. “¿Qué características debe tener ese vehículo ‘sospechoso’?”, se le pregunta a un grupo de militares que han recibido esa indicación en sus misiones en Nuevo León y Tamaulipas. Luego de pensarlo un rato, uno de ellos responde: “Los que tienen los vidrios polarizados y los que están mugrosos, con lodo pegado; eso quiere decir que anduvieron en la sierra o que no quieren que los identifique el helicóptero”. Otro interviene: “De un carro de esos a un amigo le dispararon en la cabeza; los superiores nos dicen que para qué esperar a que nos tiren, que lo hagamos primero”. En un convoy o en un retén, cuenta uno más, un tiro al aire sin previo aviso es suficiente para que el resto de la tropa dispare; más aún si el que inicia la refriega es el superior al mando: “Si dispara el comandante del grupo, nosotros tenemos que seguirlo, porque si no, podemos ser procesados por desobediencia”, agrega. Un soldado sobreviviente de ocho tiroteos con zetas en el noreste del país reconoce que estas decisiones han derivado en graves “accidentes”: la muerte de civiles que viajaban en “carros sospechosos”. Pero no dudan en responsabilizar a las víctimas, ya sea porque conducen erráticamente o no atienden las señales para que se detengan. Para dejar a salvo la imagen del Ejército y de la “guerra de Calderón”, pero sobre todo para evitar procesos judiciales, dice, “los superiores ordenan que se les pongan armas o drogas” a las víctimas, a los “daños colaterales”. Extractos del reporte especial que se publica en la edición 1804 de la revista Proceso, ya en circulación.