La traición a los huicholes…

En San Luis Potosí, los integrantes del Frente por la Defensa de Wirikuta están en resistencia desde hace varios meses: buscan impedir que la firma canadiense First Majestic explote una mina de plata asentada en pleno santuario huichol. Dicen que si el gobierno permite esa acción causará daños irreversibles al entorno ecológico y a sus ancestrales tradiciones. Pero lo que más les duele, comentan, es que en 2008 el presidente Felipe Calderón, ataviado a la usanza huichola, se comprometió a “fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados”, lo que hasta ahora no ha cumplido.

 

Para el pueblo wixárika, mejor conocido como huichol, la sierra de Catorce y su valle circundante forman un lugar sagrado. Ellos se refieren a esa región de San Luis Potosí como Wirikuta y le rinden tributo desde tiempos inmemoriales.

En su cosmogonía, Wirikuta es uno de los cincos puntos cardinales que dieron origen al mundo; ahí nacieron los dioses bajo el influjo del poderoso Tau (el Sol), que ellos consideran el pilar de la vida. Por eso, dicen, su destrucción significaría el fin de la humanidad.

Pero estas tradiciones no le dicen nada a la First Majestic Silver Corporation. A los dueños de la firma canadiense poco les importa que desde 1988 Wirikuta haya sido incorporada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales y que desde 2004 esté en la lista tentativa de esa organización para convertirse en Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Para la trasnacional canadiense la sierra de Catorce es sólo un filón que, según cálculos de los activistas del Frente por la Defensa de Wirikuta (FDW), podría contener miles de toneladas de plata que se pretenden extraer mediante la combinación de métodos de recuperación de viejas minas con nuevos túneles y tajos a cielo abierto.

La First Majestic tiene el aval del gobierno federal, dicen los habitantes del lugar que ellos consideran sagrado. Indican que, a través de la Dirección General de Minas (DGM), la Secretaría de Economía otorgó ya 22 concesiones mineras que amparan la explotación argentaria de 6 mil 326 hectáreas. Y aunque las beneficiarias fueron empresas mexicanas, sus dueños cedieron esos derechos a la trasnacional canadiense.

Los activistas entrevistados estiman que 70% del fundo minero se ubica en su zona ceremonial y advierten que el entorno ecológico y espiritual será totalmente destruido cuando la mina empiece a operar.

 

Promesas vanas

 

Hasta ahora, explica el FDW, los canadienses sólo realizan “actividades de exploración”. Están a la espera de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les autorice el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para iniciar sus operaciones en el fundo minero.

Iván Guzmán, del FDW, asevera que el gobierno de Felipe Calderón ha dado todas las facilidades a la First Majestic. Incluso, dice, en los últimos meses ha utilizado a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el propósito de dividir a las comunidades huicholas y presionarlas para que lleguen a un acuerdo con la trasnacional.

Constituido por autoridades huicholas y grupos solidarios, desde el año pasado el FDW ha denunciado las argucias de las autoridades potosinas y federales dirigidas a doblegar a los habitantes de Wirikuta. Para los activistas, la instalación de First Majestic en el santuario huichol es innegociable, por lo que han promovido varios recursos jurídicos para impedirlo.

Recuerdan que el presidente Felipe Calderón hizo una promesa el 13 de abril de 2008, en Pueblo Nuevo, Durango, donde puso en marcha el programa Vivir Mejor y firmó el Acuerdo Huauxa Manaka, mediante el cual el gobierno federal y los gobernadores de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí se comprometían a resguardar los sitios ceremoniales.

Ese día, ataviado con la indumentaria tradicional wixárika, Calderón dijo: “Nos comprometemos a proteger y fortalecer la continuidad histórica de los lugares sagrados y las rutas de peregrinación del pueblo Wixárika”.

Lo cierto, dicen a Proceso los integrantes del FDW, es que el mandatario estaba adelantando lo que haría con el programa Vivir Mejor: dividir a las comunidades a la usanza clientelar.

 

Santuario vulnerado

 

A pesar de su biodiversidad, Wirikuta está considerada como Área Natural Protegida (ANP) con decreto estatal; no tiene categoría federal. El lugar, así como la Ruta Tradicional de los Huicholes, fue incorporado como sitio sagrado a la Lista Indicativa Mexicana de la Convención Mundial Natural y Cultural de la Unesco desde hace varios años.

Es también Área de Importancia para la Conservación de Aves, pues en su entorno habitan 156 especies, algunas con clasificación de “prioritarias”, como el llamado gorrión de Worthen, protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001; el chorlito llanero, y el águila real, emblema nacional, que suele anidar ahí.

En la tradición wixárika, el águila real también es emblemática. Para los huicholes, siempre está presente en el camino de la formación del mundo; consideran incluso que sus plumas guardan la comunicación con sus antepasados.

En el Plan de Manejo del Área Natural Protegida se establece que debe asegurarse el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para garantizar la participación justa de los huicholes; también prohíbe verter desechos contaminantes, así como alterar el paisaje y los cursos de aguas, superficiales y subterráneos; todo eso, dicen los integrantes del FDW, la trasnacional canadiense no podrá cumplir.

También se quejan de Pedro Medellín Milán, administrador del ANP. Lo califican de “burócrata ambiental” y exponen que fue él quien legitimó las operaciones en la mina del cerro de San Pedro, también en San Luis Potosí, que finalmente fueron suspendidas tras una férrea resistencia ciudadana.

En Wirikuta, según el frente, Medellín está usando el Plan de Manejo en contra de los huicholes, y con el apoyo del gobernador Fernando Toranzo autorizó la instalación de empresas agroindustriales tomateras en la zona, además de las mineras. Aseguran que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una indagación en su contra, la CNDH/4/2010/1101.

Según el FDW, 70% del lote minero está dentro del ANP, donde se supone que la agricultura del entorno (mil 287 hectáreas) se realiza con métodos tradicionales; otra franja (mil 756 hectáreas) comprende la Zona de Aprovechamiento de Uso Tradicional, y sólo en mil 38 hectáreas se autorizan las actividades mineras, con la condición de que no dañen el ecosistema.

Los integrantes del FDW señalan que los trabajos exploratorios que realiza la empresa Micón, S.A. de C.V., para la First Majestic consisten en un proceso de flotación que implica el uso de xantatos; según otros estudios, sobre todo los de Normabec Minning Resources, filial de la canadiense, se utilizará cianuro. De hacerlo así, el acuífero sufrirá severos daños a un ritmo de 10 mil litros por tonelada, lo que impactará la vida silvestre de la zona, sostiene Tunhuari Chávez, geógrafo ambiental que se solidarizó con la defensa de Wirikuta.

Con fotografías y planos, Chávez muestra que la zona ha sufrido históricamente los efectos de la minería. El daño es patente en un extremo de la sierra de Catorce, donde se desertificó el paisaje boscoso. Comenta también que la Universidad de Guadalajara publicó un estudio sobre el agua de la región y detectó la presencia de plomo, cadmio y arsénico. A ello se debe, comentan, que muchos lugareños padezcan enfermedades dermatológicas y gastrointestinales.

Chávez e Iván Guzmán insisten en que la First Majestic consiguió las concesiones a través de las empresas mexicanas Minera Real Bonanza, S.A. de C.V., y Minera Real de Catorce, S.A. de C.V. Ambos advierten que eso es ilegal, pues el artículo 27 constitucional prohíbe que se beneficien del subsuelo empresas extranjeras.

Refieren también que la firma canadiense pretende iniciar operaciones en 2012. Entre sus planes se incluyen la rehabilitación de socavones, de la presa de jales y de los veneros de agua, mediante la alteración del cauce natural de los acuíferos que abastecen a las semidesérticas comunidades aledañas, con la promesa de abrir 700 empleos.

Los activistas del FDW indican que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) registró el proyecto de First Majestic. Eso implica, reiteran, la abdicación del gobierno en el cumplimiento de la ley y en la protección ambiental, económica, cultural y social de Wirikuta, considerada patrimonio intangible de la humanidad.

Una campaña clientelar

 

Con su director Javier Abreu Sierra al frente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) lleva meses en “campaña clientelar” para dividir al pueblo huichol. Sus empleados presionan a la comunidad para, dicen los entrevistados, obligarlos a que acepten al cerro El Quemado como única reserva sujeta a protección, pero se excluya a la sierra de Catorce y al valle.

Para ello se valen del programa Vivir Mejor, explica Iván Guzmán, y agrega que la dependencia desprestigia al movimiento de defensa de Wirikuta y crea organizaciones paralelas de huicholes en un intento por “revestirlas de una representación jurídica para legitimar sus decisiones”.

Guzmán relata que en una asamblea realizada en Mezquitic, Jalisco, el 23 de septiembre de 2010, las autoridades tradicionales y agrarias wixárikas manifestaron su rechazo absoluto a First Majestic. Uno de sus argumentos fue que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró en 2009 que los derechos territoriales de las comunidades abarcan los espacios ocupados y también los usados en actividades culturales o de subsistencia.

Dice que, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México, la trasnacional canadiense está violando por lo menos seis artículos.

Además, los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen que el Estado debe consultar a las comunidades sobre las decisiones administrativas que los afecten y garantizar su participación en la toma de decisiones. En el caso de Wirikuta, reitera Guzmán, nadie consultó a los huicholes.

Agrega que los derechos a la libertad de creencias, al agua, al medio ambiente y a la salud están consagrados en la Constitución y en por lo menos 28 tratados internacionales suscritos por México.

Ante el cúmulo de arbitrariedades referidas, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas demandó el 30 de mayo último que el Estado mexicano reconozca al pueblo wixárika su territorio y garantice el respeto a Wirikuta.

Grupos indigenistas y activistas ambientales del continente respaldan al pueblo huichol y reconocen a sus habitantes como una de las etnias que han conservado sus tradiciones originarias.

El pasado 9 de mayo, una comisión del Consejo Regional Wixárika viajó de la sierra nayarita a la Ciudad de México para entregar una carta al presidente Calderón que, dicen quienes la suscriben, también “va dirigida a los pueblos y gobiernos del mundo”. En el documento piden la cancelación de las concesiones que usufructúa First Majestic.

Cuando los huicholes discutían la redacción del documento, un maracame pidió que se incorporara la cita del Acuerdo Hauxa Manaka firmado en 2008 por Calderón vestido de huichol: “El presidente dio su palabra y no deberíamos recordárselo… ¿De qué sirve un presidente sin palabra?”, dijo el maracame.

Por eso en la misiva, entregada por una comisión del FDW en Los Pinos, se incluyó el siguiente párrafo: “No se destruyan ustedes mismos por ignorancia de no saber lo que contienen los valles de Wirikuta y esa sierra donde se ilumina el mundo”.  l

 

 

 

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