Es un error militarizar guerra antinarco, advierten expertos

MÉXICO D.F., 8 de junio (apro).- Ottavio Sferlazza, magistrado de Calabria, Italia, criticó la estrategia del gobierno de Felipe Calderón de recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico.

Juez especializado en la persecución de las mafias italianas, principalmente la siciliana, Sferlazza fue uno de los ponentes en la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su ponencia, el representante del Poder Judicial italiano advirtió que, con la militarización del combate al crimen organizado, se corre el riesgo de un incremento incontrolable de la violencia al extremo de que “ya no podremos reconocer la diferencia entre la actuación del Estado y la del crimen organizado”.

Sferlazza insistió en que la actual lucha contra el narcotráfico en México está inspirada en “una lógica fundamentalmente militar como una verdadera guerra”, señaló, y advirtió que esta elección “conlleva el peligro de reproducir una espiral perversa de violencia que acaba por legitimar a los grupos criminales implicados en esta guerra al recurrir al asesinato de forma sistemática”.

Luego de dar cuenta de los éxitos de la estrategia italiana para combatir a las mafias, basada en la investigación policiaca, la infiltración de agentes entre los grupos criminales, la educación de los menores para disminuir los riesgos de reclutamiento, el combate al lavado de dinero, el aseguramiento de bienes y una selección cuidadosa de los integrantes de los cuerpos policiacos, Sterlazza explicó los riesgos que se corren al recurrir a las Fuerzas Armadas.

“La pretensión de solucionar el problema de la violencia sistemática con el mero recurso de la fuerza, puede originar una gradual reducción de los espacios de democracia, a eso se añade que no se puede subvalorar que este tipo de estrategia militar puede implicar el recurso de sistemas represivos poco respetuosos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, resaltó.

El magistrado refirió también que para reafirmar la fuerza del Estado de Derecho, es necesario tener “la destreza de investigar con profesionalismo y eficiencia, adquiriendo pruebas suficientes que permitan para someter a los implicados en justo proceso, garantizado la efectiva ejecución de las penas”.

En la mesa Delincuencia Organizada y Violencia también participaron los investigadores especializados en seguridad nacional y narcotráfico, Luis Astorga Almanza de la UNAM y Eduardo Guerrero, consultor privado, así como el diputado federal mexiquense Alfonso Navarrete  Prida.

Los panelistas mexicanos, coincidieron con el magistrado italiano al criticar la estrategia de Calderón para combatir al narcotráfico.

Astorga Almanza, consideró preocupante que el diseño del combate esté fundamentado en la estrategia de Estados Unidos que ve con los mismos ojos al narcotráfico que a los terroristas, y que se pretende llevar a extremo de que las fuerzas armadas norteamericanas tengan un nivel de participación mayor en México similar a las de Afganistán e Irak.

Miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Astorga ubicó como móvil de la violencia a la pelea de los grupos delincuenciales por las rutas de exportación de drogas a Estados Unidos.

Guerrero resaltó que los golpes a los capos del narcotráfico y a los sicarios, no han sido debidamente evaluados en las consecuencias que han tenido en la escalada de violencia, y ejemplificó con la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, “que dio origen a la violencia que estamos viviendo”.

El fundador de Lantia Consultores, recomendó dar golpes quirúrgicos, únicamente entre aquellos exponentes de la violencia que más daño causan a la sociedad, porque “no hay Estado en el mundo que combata toda la violencia”.

Por su parte, Navarrete Prida, criticó duramente el programa de Calderón para combatir al narcotráfico y aseguró que después de la militarización lo que sigue es “la suspensión de garantías”.

Propuso la creación de una fiscalía nacional para el combate de los crímenes comunes que más afectan a la sociedad y una fiscalía especializada en el combate al crimen organizado.

En la conferencia organizada por la UNAM también participaron la señora Isabel Miranda de Wallace, que lamentó la asimilación social de la violencia, y el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miguel Carbonell, quien defendió la reforma penal de 2008, y exigió al secretario de Gobernación, Francisco Blake y al comisionado para la implementación de la misma, Fernando Borrego, que cumplan con los plazos establecidos por la Constitución para la implementación de la reforma.

 

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