El Zapotillo, compromiso con Hank Rhon

Después de llamar al diálogo a los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, las autoridades federales y estatales clavaron la puñalada el pasado miércoles 1: desde Gobernación anunciaron que pese a la oposición de la gente y a los procesos jurídicos en marcha, se construirá la presa El Zapotillo. Producto de tal desaseo político y de los compromisos con una empresa constructora de Carlos Hank Rhon, este proyecto se convierte en el enésimo caso en el que la población tiene que buscar justicia en instancias internacionales porque en México el gobierno no escucha sino al dinero, así sea el del clan Hank.   

 El destino de Temacapulín parece sellado. El conflicto entre autoridades federales y estatales con los pobladores de las tres comunidades que serán inundadas por la construcción de la presa de El Zapotillo llega a su punto más intenso en cinco años. 

Con tal de doblegar a los opositores, el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, no tiene empacho en calificar al vocero del movimiento “Salvemos Temacapulín”, el sacerdote diocesano Gabriel Espinoza Íñiguez, de “alborotador de fanáticos”. El funcionario advierte que “en caso de ser necesario” se utilizará a la fuerza pública para proseguir la obra. “Si hay violencia, el padre Gabriel tendrá gran responsabilidad”, declaró Coll a Radio Metrópoli el viernes 3 de junio.

Al mismo tiempo, el gobierno de Jalisco difunde una oleada de spots radiofónicos para destacar las bondades del proyecto, y a fin de evitar nuevos plantones en la zona del embalse, ya la rondan elementos de la Policía Federal (PF) y se rodeó con malla ciclónica. 

“Eso me recuerda a los campos de concentración nazi”, añade Guadalupe Espinoza Sauceda, abogado del colectivo Coa y defensor de los habitantes de Temacapulín. “Están criminalizando el derecho legítimo de los pobladores, los quieren tratan como animales. Sólo a los animales los cambian de potrero sin preguntarles su opinión. Hemos utilizado todas las herramientas legales y legítimas y ni así logramos nada ante su insensibilidad”, dice.

El miércoles 1, las autoridades federales levantaron las mesas de diálogo con los habitantes de las poblaciones afectadas. Ese día, en Tepatitlán, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez González, advirtió que las autoridades no darán marcha atrás al proyecto.

Los habitantes respondieron con manifestaciones en la Casa Jalisco, y desde el sábado 4 el padre Gabriel Espinoza viajó a Washington para informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las irregularidades cometidas en la construcción de la presa.

El sacerdote también comparecerá ante la UNESCO para difundir las violaciones a los derechos de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; además, se reunirá en California con los migrantes provenientes de estas poblaciones. 

Entre las irregularidades, acusan los lugareños, el gobierno mexicano pisotea un dictamen de su propio organismo encargado de proteger el patrimonio nacional, ya que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó la necesidad de preservar 70% del pueblo de Temacapulín y la colonial Basílica de la Virgen de los Remedios.

En su decisión de no negociar, el gobierno estatal también ignora la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), donde se pide suspender la obra; asimismo, desacata dos suspensiones provisionales otorgadas por el Juzgado Segundo de Distrito en los juicios de amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008.

“No queremos ser reubicados. Nuestro pueblo es patrimonio histórico de todos, por lo cual no puede ser destruido, desplazado o reubicado; las presas son tecnología obsoleta con altos costos ambientales y sociales, y no resuelve los problemas de agua y energía”, señaló el padre Espinoza Íñiguez antes de partir a Estados Unidos.

El sacerdote regresará a Jalisco el viernes 17 para participar al día siguiente en una reunión con el relator de alimentación de las Naciones Unidas, Olivier de Schutter, programada en Temacapulín. En septiembre viajará a Costa Rica a una asamblea de la Redlar (Red Latinoamericana contra Represas) y luego a Madrid, para seguir difundiendo las arbitrariedades gubernamentales.

Ante el hostigamiento a los opositores de la presa, los autodenominados “hijos ausentes de Temaca” en California, enviaron el lunes 6 una carta al presidente Felipe Calderón para que cesen las amenazas contra el padre Gabriel Espinoza.

El día anterior, el líder del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, se manifestó contra la imposición de la presa El Zapotillo en su discurso en el Zócalo capitalino, donde también hizo pública su solidaridad con los tres pueblos.

En un comunicado que difundió el mismo día, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) reveló que en el proyecto de la presa El Zapotillo participa la compañía La Peninsular, integrante del consorcio Hermes Construcción, que también obtuvo contratos para la presa El Cajón. 

En El Zapotillo dicho consorcio participa con la trasnacional Fomento de Construcciones y Contrata, propiedad de la española Esther Koplowitz Romero de Juseu, marquesa de Casa Peñalver. La presa captaría 911 millones de metros cúbicos de agua, tiene un costo estimado de 8 mil millones de pesos y se edificaría para surtir a Guanajuato.

El viernes 3, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón, se sumó a las exigencias de suspender el proyecto y acatar los mandatos judiciales correspondientes, pero su pronunciamiento fue desdeñado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que encabeza José Luis Luege Tamargo, quien ha hecho públicas sus pretensiones de gobernar el Distrito Federal.

El lunes 6, Luege declaró a la prensa que La Peninsular no es propiedad del poderoso empresario y político priista Jorge Hank Rhon, actualmente detenido por acopio de armas: 

“Para que no haya confusiones y no manipulen la información, este consorcio es solvente y altamente calificado, y es de Carlos Hank, no tiene nada que ver con Jorge”, dijo el político y funcionario panista. En realidad, el empresario Carlos Hank tiene mucho que ver con Jorge Hank: son hermanos y al parecer combinan sus actividades. El miércoles 8, el portal electrónico del Diario de Yucatán publicó, en una nota firmada por Félix Ucán Salazar, que Promotora de Cultura Yaaché, S.A. de C.V. fue declarada ganadora de la licitación para construir el Museo del Mundo Maya.

“La empresa que ganó la licitación forma parte del consorcio Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon, hijo del exgobernador del Estado de México del mismo nombre y hermano de Jorge, exalcalde de Tijuana, detenido y consignado por el Ejército por acopio de armas”, dice la nota.

“Jorge Esma Bazán, director de Cultur –Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán–… precisó que la postura para el inversionista de la construcción del Museo del Mundo Maya, que costará 800 millones de pesos, es de 143 millones por año. Jorge Esma fungió durante una década como director del Instituto de Cultura de Tijuana, ciudad donde reside la familia de Jorge Hank Rhon”, puntualiza.

La relación de Esma con Jorge Hank es más directa que eso, puesto que formó parte de su equipo de campaña por la gubernatura de Baja California, entidad en la que anteriormente dirigió el Instituto de Cultura y donde ya había sido señalado por presunto peculado por el gobierno de Ernesto Ruffo en 1991 (semanario Zeta, número 1739).

Diálogo roto

 

A pesar de los embates cada vez más fuertes de los gobiernos federal y estatal, los habitantes de los tres pueblos afectados por la presa no se rinden. En su sesión del lunes 6, el movimiento “Salvemos Temacapulín” decidió proseguir su lucha. “Aunque estamos aturdidos por el golpe, no nos vamos a rajar”, dice el abogado Espinoza Sauceda, quien enfatiza que el gobierno rompió el diálogo de manera unilateral.

Esto, no obstante que los habitantes levantaron el plantón que mantuvieron del 28 de marzo al 1 de abril, cuando las autoridades les ofrecieron dialogar. Fue después de varias sesiones ríspidas, el miércoles 1, cuando el subsecretario Juan Marcos Gutiérrez reveló la verdadera línea oficial: a pesar de la inconformidad y del proceso jurídico, la presa se construirá.

“Durante las reuniones el gobierno nos intimidó –explica el litigante Espinoza Sauceda–; fue una mesa impositiva, no resolutiva. La sentencia estaba dictada desde antes: amenazaron con el uso de la fuerza para el desalojo. Fuimos a las mesas para que Temacapulín no pareciera intransigente, y si bien estábamos conscientes que quizá no se resolvería el problema, pero por lo menos esperábamos una oferta. Pero nada, todo fue a rajatabla.”

Entre las irregularidades del supuesto diálogo, el abogado señala que el gobierno escondió el dictamen del INAH donde señala que debe preservarse el poblado, se prohibió la entrada de autoridades judiciales a verificar los peritajes y la Conagua incurrió en difamaciones y engaños como parte de la presión psicológica, ya que han amenazado con desalojos violentos y con denuncias penales contra los opositores, “a pesar de que retirar esas denuncias era precisamente una condición para que dialogáramos”.

El gobierno no cuenta siquiera con el cambio de uso de suelo ni consultó a la población y tampoco se presentó un estudio de impacto ambiental. Sobre todo, dice Espinoza Sauceda, las autoridades “nunca ofrecieron alternativas de solución ni tomaron en cuenta los peritajes que comprueban que varias personas han fallecido por la preocupación que genera esta presa. Sólo les importa la indemnización que pagarían a la empresa si se cancela el proyecto”.

Jorge Gastón, investigador de la Universidad de Guadalajara y fundador del Colectivo Ecologista Jalisco Uno, realizó un estudio psicosocial del impacto que ha tenido el proyecto hídrico en la región, y documenta que 80% de los habitantes de Temaca sufre estrés postraumático y que las enfermedades nerviosas son más frecuentes desde que, desde un escritorio, se decidió sumergir a su pueblo. De acuerdo con especialistas, bastaría modificar la altura de la cortina de 105 a 80 metros para que se salvaran las tres poblaciones.

Sin embargo, se siguen gastando altísimas sumas para la creación del Nuevo Temaca, a fin de reubicar a más de 500 afectados. De acuerdo con documentos del Sistema de Información de Proyectos e Inversión Pública del Estado de Jalisco obtenidos por la Ley de Transparencia, el gobierno estatal ha invertido más de 128 millones de pesos en la compra de 3.5 hectáreas con 39 lotes, así como en la pavimentación de un área y la edificación de 10 casas muestra, con tres recámaras y cochera para dos autos. Los recursos provienen de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público Estatal (Iprovipe). 

Pero los opositores no cejan. 

Coll, incendiario

 

El titular de la CEA de plano atacó al sacerdote Gabriel Espinoza: “Me extraña que un cura católico tienda justamente a luchar por los bienes terrenales cuando en la Iglesia católica el principio es llevar a la grey hacia la paz. Entonces no entiendo la actitud de este señor, que se ha convertido en un alborotador, más que en un sacerdote”. 

Para este funcionario, los habitantes de Temacapulín se oponen al bien común, por lo que aplaudió que el gobierno federal sostenga las denuncias penales contra los habitantes en resistencia “para que se respete el estado de derecho”.

En cuanto al dictamen del INAH que ordena respetar al pueblo, afirma que “se trata solamente de un informe interno; el verdadero dictamen es otro de seis páginas, y ahí aprueba la presa”. 

Sin embargo, el abogado Espinoza Sauceda advierte: “No se ha dicho lo último. Hay muchos intereses económicos; a ellos les urge la presa para un puerto seco en Silao, pero sabemos que nos asiste la razón y poco a poco sumamos más aliados, incluso a nivel internacional. Esta es una de tantas oportunidades que Calderón tiene para reivindicarse y demostrar que su gobierno es democrático, como él pregona”.

–¿Temen represalias? –le plantea el reportero.

–La verdad, sí. Sabiendo cómo es César Coll y como es el gobernador, como es el Yunque y el ala más dura del panismo, sí tenemos miedo. Queremos hacerlo público.

–¿Cómo está el padre Gabriel?

–Él está tranquilo. Anda allá en Washing­ton, presentando documentos, haciendo del conocimiento internacional que en México la ley no es respetada. Pero está tranquilo y dice que sólo es congruente con el Evangelio, con los postulados de Jesucristo, defendiendo a las minorías, que desgraciadamente para muchos representan simples números. l

 

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