Aunque el Pacto Nacional Ciudadano firmado el viernes 10 en esta ciudad fronteriza –emblema de la violencia sexenal y del fracaso del modelo desarrollista de las maquiladoras– es una declaración de principios para un modelo de sociedad, el reclamo principal y originario es la justicia. A diferencia de otros movimientos sociales y políticos, México asiste a una movilización que ha adquirido carácter nacional debido a que no hay estado del país donde ciudadanos inocentes no hayan sido afectados de forma directa por la doble violencia causada por la “guerra a las drogas” acicateada por Felipe Calderón. El Pacto Nacional Ciudadano, al que se habrán de adherir cientos de organizaciones sociales y ciudadanos en lo individual a lo largo del territorio, correrá de forma paralela al proceso electoral presidencial que inicia formalmente en octubre próximo. La clase política no podrá desentenderse de un movimiento nacional que además del hartazgo de la violencia, expresa el fastidio social hacia los políticos y su costosa e inútil estridencia electoral. Si ya en el proceso electoral del 2009, el voto nulo llegó a representar en secciones electorales hasta el 10 por ciento de los votantes, la falta de justicia para las miles de víctimas de la violencia habrá de pasar su factura en las elecciones. Las acciones de desobediencia o resistencia civil previstas en el Pacto lo anticipan. Calderón y los incondicionales de su gobierno podrán decir que la llamada Caravana del Consuelo no concitó a cientos de miles por los estados que cruzó y subrayar las diferencias al interior del movimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con el retiro de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública, pero no podrán negar que detrás del Pacto se está construyendo una acción social con movimientos de base, de forma destacada de un sector de católicos. Como movimiento civil su objetivo no es el poder, sino la verdad y la justicia. México requiere y necesita saber qué ha pasado con los miles de muertos y desaparecidos inocentes de la violencia criminal y del Estado, castigar a los responsables, reivindicar la memoria de las víctimas y reparar a sus familiares. Habrá de hacer la memoria de lo ocurrido, investigar los casos más agraviantes para la sociedad cometidos tanto por la delincuencia organizada como por las fuerzas del Estado desplegadas por el calderonato, y enjuiciar a los responsables, incluidos los casos de negligencia, prevaricato o complicidad como el de la guardería ABC. Será un imperativo moral para el próximo gobierno y una oportunidad para que el país, por vez primera en su historia, se enfrente a su atávica impunidad, para que el Estado pida perdón por sus excesos y los particulares sean procesados por sus atrocidades. No hacerlo será la mejor garantía de repetición de violencia social y política, tal y como ocurrió con la farsa de fiscalía de Vicente Fox ante los movimientos sociales del siglo pasado, particularmente el estudiantil y la guerrilla, y que él capitalizó para llegar a Los Pinos. Aunque se da como un hecho la incidencia electoral del movimiento civil aglutinado en torno a la figura de Javier Sicilia, más lejano está su objetivo principal de búsqueda de la justicia. No será nada fácil. Su mayor reto será la indiferencia entre la población. La noche del jueves 9, en el deportivo del emblemático fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde se concentró la caravana, Alonso Encinas, padre de José Adrián, uno de los 18 jóvenes acribillados en enero de 2010, lo resumió certero: “No sólo las balas matan; también la indiferencia”. jcarrasco@proceso.com.mx