MÉXICO, D.F. (apro).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió al gobierno de Guerrero medidas efectivas de seguridad para el personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT) con el fin de que pueda realizar su trabajo de defensa en el municipio de Ayutla de los Libres. La organización internacional hizo la solicitud una vez que Tlachinollan anunció que el próximo 16 de junio reabrirá sus oficinas de Ayutla. En una carta abierta dirigida al gobernador Ángel Aguirre Rivero, la directora del Cejil, Alejandra Nuño, recordó que desde marzo de 2009 la oficina de Tlachinollan en Ayutla fue cerrada ante “el incremento de agresiones y amenazas sufridas por las personas que laboran en la organización”. El origen del hostigamiento a la organización civil está en la defensa jurídica de las indígenas tlapanecas (me phá), Valentina Rosendo e Inés Fernández, violadas sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en 2002. El caso fue llevado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), órgano que falló a favor de las indígenas y condenó al Estado mexicano. Nuño destacó que en abril de 2009 la Coidh “ordenó al Estado mexicano en su conjunto adoptar medidas urgentes para proteger a 107 personas, entre las que se encuentran integrantes de Tlachinollan”. La directora de Cejil destacó que pese a la instrucción del tribunal interamericano para proteger a las más de cien personas involucradas en los casos de las indígenas, “el proceso de implementación de las medidas provisionales, continúan sin ser atendido”. Hasta ahora, la principal medida demandada, el esclarecimiento de amenazas a integrantes de Tlachinollan y de familiares de las indígenas agredidas no se ha concretado, como tampoco la solicitud de vigilancia permanente de elementos de seguridad en sus oficinas de Ayutla. Sobre la labor de la organización, cuyo director, Abel Barrera, fue premiado por Amnistía Internacional, Nuño destacó “la enorme importancia que la actividad de Tlachinollan tiene para la vigencia de los derechos humanos, tanto en el estado de Guerrero como a nivel nacional e internacional”. La directora del Cejil recordó a Aguirre Rivero que en el marco del derecho internacional como representante del Estado, tiene el deber de garantizar la seguridad de los habitantes de Guerrero, lo cual “adquiere particular intensidad en relación a defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo”. Además, dijo Nuño, “el acatamiento estricto de esta obligación emana de un mandato específico de un tribunal internacional. Éste obliga al Estado mexicano como un todo, incluyendo al estado de Guerrero”. La directora del Cejil pidió a Aguirre Rivero que “disponga lo conducente para garantizar que las personas que realizan actividades en el CDHMT cuenten con los recaudos de seguridad necesarios para hacer su trabajo de manera efectiva” y que “propicie la adecuada implementación de las medidas de protección ordenadas pro la Corte Interamericana en coordinación con las dependencias federales correspondientes y, de modo fundamental, con las personas beneficiadas”.