MONTERREY, N.L. (apro).- Luego de destacar la captura de uno de los presuntos homicidas de dos escoltas del gobernador Rodrigo Medina, el grupo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) pidió a la Procuraduría de Justicia esclarecer con la misma celeridad el resto de las ejecuciones registradas en la entidad. En una misiva, Consuelo Morales, presidenta de Cadhac, lamentó que las autoridades no utilicen toda la tecnología de la que disponen para perseguir delitos que afecten a los ciudadanos comunes. “Según la información publicada por la prensa local, se hizo uso de un dispositivo GPS que tenía una de las camionetas involucradas en el crimen para localizar a posibles responsables, lo que se logró en menos de tres horas de que aparecieran los cuerpos”, acotó. En la carta, la religiosa advierte que “este tipo de acciones ha sido solicitada por familiares de personas desaparecidas en el estado, quienes han entregado a las autoridades datos de GPS, listado de llamadas de Nextel y celulares poco después de las desapariciones”. Sin embargo, deploró Morales, las autoridades no muestran tanto empeño como el que exhibieron el miércoles 15, cuando aparecieron a las 7:40 horas los cuerpos mutilados de los dos escoltas en el cruce de Chapultepec y Arteaga, en la colonia Paraíso de Guadalupe. Menos de tres horas después, soldados localizaron en el municipio de Pesquería una camioneta utilizada en el secuestro y posterior ejecución de los guardias. El vehículo venía equipado con el sistema geoposicionador satelital (GPS), lo que facilitó su localización. Los militares abatieron en ese municipio a cinco pistoleros que participaron en el doble homicidio, y detuvieron a Jesús Eduardo Cárcamo Rocha, La Mija, de 18 años y originario de Nuevo Laredo, quien confesó su participación en el secuestro y posterior ejecución de los escoltas de Medina de la Cruz. La ONG precisa que en casos en los que la ciudadanía pide una investigación, los resultados son muy diferentes. “En esos casos las autoridades no hacen uso de esta tecnología y pueden pasar años sin que tomen en cuenta las peticiones de los familiares. Esta notable diferencia en la forma de procesar los casos de autoridades y los casos de ciudadanos comunes es inadmisible”, dice. El texto concluye con la exigencia “a las autoridades para que todos los casos sean tratados con igual diligencia y que no se haga una diferencia de facto para proteger auténticamente a las propias autoridades, mientras sólo se simula que se protege a la ciudadanía”.