JALAPA, Ver. (apro).- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso hoy sancionar con “cadena perpetua” a quien cometa un feminicidio en Veracruz. La propuesta fue planteada por la legisladora local del PRI, Lidia Robles Arévalo, durante el foro de análisis de las reformas al Código Penal del estado propuestas por el gobernador Javier Duarte, quien planteó sancionar con penas de 40 a 70 años de prisión a los feminicidas en la entidad. En el foro participaron representantes de diversas organizaciones civiles, funcionarios y académicos conocedores en la materia, pero fue la diputada local del PRI, Lidia Robles Arévalo, quien planteó la cadena perpetua. La legisladora priista coincidió en que el feminicidio debe ser tipificado delito grave, pero discrepó con la sanción propuesta por el gobernador. “Yo propondría cadena vitalicia o condena perpetua, que es lo mismo, contra quien cometa este delito”, precisó. En el primer foro de consulta organizado por las comisiones a las que se turnó la iniciativa para su análisis, entre otras, la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Procuración de Justicia, Robles Arévalo consideró que también se debe castigar, incluso con cárcel, a los servidores públicos que no acaten las disposiciones planteadas en la reforma penal. Los funcionarios públicos que no acaten las disposiciones de esta ley, subrayó, deberían ser inhabilitados del cargo o imponerles una sanción corporal, “pues creo que se debe sancionar a quienes no le dé el debido respeto o importancia a esta iniciativa, aplicándoles una grave sanción que podría ser el pago con cárcel”. De aprobarse, dijo, Veracruz sería el tercer estado del país que tipifica el feminicidio como tal, pues en las leyes penales no se incluía este delito. En este sentido, consideró que se debe erradicar esta situación, “pues es vergonzoso que en pleno siglo XXI sigan existiendo hombres que atacan a las mujeres, quitándoles la vida”. Entre otras cosas, la priista confío en que los dictámenes sobre las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales, así como a las leyes orgánicas de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial, puedan votarse por el pleno en el actual periodo ordinario de sesiones, que concluye el 31 de julio. Por su parte, la representante del Colectivo de Investigación y Educación entre Mujeres, Mayela García Ramírez, refirió que en el 2009 el estado de Veracruz se ubicaba en el lugar 15 en casos de feminicidios, con 101 asesinatos de mujeres. Ante la falta de un banco de datos, la activista consideró que un estado que no cuenta con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio, como ocurre en Veracruz, “difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevenir la violencia contra las mujeres”. La ley actual, dijo, considera una serie de conductas tipificadas, “son figuras como el homicidio, privación de la libertad, lesiones, violencia familiar, laboral, obstétrica o sexual, los cuales afectan bienes jurídicos fundamentales, como la vida, la integridad física, psíquica, sexual y la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, sin embargo, no permiten evidenciar la comisión de feminicidios”. Por su lado, el director de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ), Gilberto Aguirre Vargas, admitió que la actual legislación en Veracruz presenta algunas inconsistencias en este sentido, sin embargo, consideró que elevar las sanciones “no inhibe la conducta de los delincuentes”. Es decir, apuntó, “generalmente estas personas no piensan en qué sanción se les impondrá al cometer un delito, sino en cómo  huir de la justicia”. En este caso, consideró necesario establecer una redacción que permita “visibilizar” los asesinatos de mujeres por razones de género, que limite los prejuicios y estereotipos de los encargados de investigar y sancionar estos crímenes. Además, consideró que en la categoría de género, en este tipo de sanciones se incluya también a los niños, a los discapacitados y a las personas mayores, porque también requieren de una protección especial y para ello se deben revisar diversos artículos del código penal relativos a la violencia familiar.