WASHINGTON (apro).- El gobierno de México solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos detener la ejecución, en el estado de Texas, del mexicano Humberto García Leal, programada para el próximo jueves 7 de julio. Junto con los representantes legales de Leal García, el gobierno de México presentó por escrito ante el magistrado supremo de Estados Unidos, la petición “certiorari”, para evitar que el estado de Texas deseche los derechos constitucionales del ciudadano mexicano. La apelación del gobierno de México para detener la ejecución de Leal García en Texas, se debe a que cuando fue detenido en 1994, enjuiciado y sentenciado a la pena capital por los delitos de secuestro, violación y asesinato de una adolescente de 16 años de edad, las autoridades texanas no le informaron sobre sus derechos consulares, bajo los cuales, por medio de la representación diplomática de México en la entidad, se le hubiera proporcionado una representación legal. La defensa, a cargo de Laura Burstein y el gobierno mexicano, anotó que si se hubieran reconocido los derechos consulares de Leal García, bajo la Convencion Internacional de Viena, éste posiblemente hubiera evitado el fallo de la ejecución, obteniendo, a cambio, una sentencia a cadena perpetua. El gobierno de México enfatizó que Estados Unidos ha sido un defensor irrevocable de los estatutos internacionales de Viena, cuando se da el caso de un ciudadano estadunidense detenido por cualquier delito en el territorio mexicano. México y la defensa solicitaron a la Corte “una revisión judicial del caso de Leal García”, y el de otros 40 ciudadanos mexicanos sentenciados en Estados Unidos a la pena de muerte, a quienes se les negaron también sus derechos consulares, definidos en el artículo 36 de la Convención de Viena, cuando fueron detenidos. Pese a la apelación que presentaron los abogados y el gobierno de México a favor de Leal García, se ve muy difícil que las autoridades de Texas detengan la ejecución, si se toma en cuenta que en 2008, la misma Suprema Corte de Justicia reconoció que para que un estado cumpla con obligaciones internacionales, como la Convención de Viena, el mandato tendría que emanar del Congreso federal, no del Poder Ejecutivo. En 2004 la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, determinó que las cortes de Estados Unidos tenían que hacer una revisión legal al caso de Leal García, y de los otros mexicanos sentenciados a la pena de muerte, con base en la violación clara a sus derechos consulares. Un año después, el entonces presidente George W. Bush pidió a los estados cumplir con el mandato de la Corte Internacional y acatar los acuerdos internacionales, como la Convención de Viena.