GUADALAJARA, Jal. (apro).- El titular de la Auditoría Superior del estado de Jalisco (ASEJ), Alonso Godoy Pelayo, fue ratificado hoy en su puesto, pese a las denuncias de corrupción en su contra. Con ocho votos a favor (siete del PRI y uno del PRD) y uno en contra del PVEM, los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco determinaron que no hubo irregularidades en el cobro de 9.8 millones y 5 millones de pesos que realizaron, respectivamente, el auditor y su suegro, Alfredo Vargas Padilla. Según los legisladores, el dinero que recibieron ambos personajes fue por prestaciones laborales. “Las prestaciones laborales cubiertas a este servidor se encuentran fundadas y motivadas en el acuerdo interno de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura del estado, suscrito en fecha 2 de julio de 2008, que a su vez ratifica el diverso acuerdo interno la Junta de Coordinación Política, en unión de la Comisión de Administración de la LVII Legislatura, suscrito el 14 de diciembre de 2006″, se lee en la justificación que el Congreso dio a conocer este martes en un boletín. A la hora de la votación, los diputados panistas Alfredo Argüelles e Isaías Cortés se retiraron de la mesa y calificaron la sesión como “una farsa”. En tanto, los siete priistas, encabezados por Roberto Marrufo Torres, votaron a favor de la permanencia del auditor, y lo mismo hizo la perredista Olga Araceli Gómez Flores. En contra se manifestó Enrique Aubry, del Partido Verde. Contra el auditor pesan varias acusaciones por irregularidades, entre ellas hay una que señala que entre 2007 y 2008 recibió prestaciones adicionales a su salario por 3.4 millones de pesos, por conceptos como prima vacacional, acuerdos de la Junta de Coordinación Política, pago de prestaciones y compensación por servicios especiales En 2009, el auditor superior cobró 6.5 millones de pesos adicionales a su salario. En estos pagos no hay un desglose de los conceptos y sólo se señala que el dinero le fue entregado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Los recursos salieron de la partida de apoyo a las fracciones parlamentarias. En noviembre de 2009, el auditor superior entregó al Congreso del estado 30 millones de pesos que fueron depositados en una cuenta bancaria en IXE. Con dinero de esa cuenta, el 21 de diciembre de 2009 el Congreso hizo dos pagos, cada uno por 500 mil pesos, a Alfredo Vargas Padilla, suegro del auditor superior El 5 de enero de 2010, el Congreso hizo otros ocho pagos, cada uno por 500 mil pesos, a Alfredo Vargas Padilla. En total, el suegro de Alonso Godoy cobró cinco millones de pesos de recursos de la ASEJ. Pese a esas anomalías, el PRI justificó su voto a favor del auditor, al señalar que su permanencia al frente de la ASEJ salía más barata, ya que en caso de una denuncia el funcionario podría proceder legalmente ante el Tribunal de lo Administrativo y provocar un perjuicio económico. “El tema se desvirtuó y fue ocasionando confusión”, apuntaron los priistas en un posicionamiento entregado a la prensa. El documento explica que las acusaciones se basaban en notas de prensa, y eso no tiene valor oficial, además de que “la Junta de Coordinación Política no tiene atribución alguna para conocer o resolver asuntos en materia de responsabilidad de los servidores públicos”. Asimismo, señala que jurídicamente los pagos se fundamentan en el acuerdo legislativo de 2008, que ratifica uno de 2006, y como no se encontraron documentos que contengan cálculos y desgloses, no era jurídicamente procedente iniciar algún tipo de procedimiento. “No tengo duda que la lluvia de adjetivos peyorativos es señal de la sequía de ideas contundentes, por eso, no basta decir, señalar y acusar, es necesario coadyuvar, probar y ser respetuoso de los procedimientos”, justificó el coordinador priista Roberto Marrufo. Y añadió que el verdadero origen de la enfermedad son los acuerdos de las anteriores legislaturas.