La calidad de los padrinazgos que se hallan detrás de los dos principales aspirantes al gobierno de Coahuila convirtió la contienda en un show nacional. El aspirante priista, Rubén Moreira, es hermano del presidente nacional del PRI; mientras que el panista Guillermo Anaya tiene la tutela del Ejecutivo federal. En esas condiciones, los dos candidatos comenzaron a cubrirse de lodo, en tanto que otros partidos sospechan que uno y otro han sido apoyados con recursos públicos. MÉXICO, D.F. (Proceso).- En lo que constituye una situación inédita, la próxima elección de gobernador en Coahuila ha acaparado la atención nacional por ser quienes son los dos principales candidatos y por el cuestionamiento sobre la legitimidad de sus postulaciones. El PRI, partido dominante en el estado, hizo candidato a Rubén Ignacio Moreira Valdés, hermano de Humberto Moreira, presidente nacional priista y exgobernador de Coahuila. El PAN presentó como candidato al senador con licencia José Guillermo Anaya Llamas, compadre del presidente Felipe Calderón. Con esos padrinazgos han ido tomando forma los señalamientos de diversos actores políticos y sociales ante una eventual entrada de recursos públicos para favorecer a alguno de los candidatos. También han empezado las campañas negras. Una grabación hecha llegar a Proceso registra la voz de quien se identifica como Gerardo García Téllez, director general de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien pide una serie de datos partidarios de Monclova, Coahuila, por orden “del secretario”. “Me pide Samuel unos datos para el secretario, pero lo quiere para hoy; es más, para al ratito”, le advierte antes de pedir información. Entre otras cosas solicita nombres de funcionarios, grupos políticos panistas, con qué precandidato a diputado federal participa cada grupo y, finalmente, solicita una recomendación: “¿Cómo podríamos mejorar nuestra posición? Sé que es muy ambiguo, pero…”, plantea en espera de una respuesta que no se grabó. Otro archivo de audio registra la supuesta conversación entre Gerardo Encinas Urquídez, subsecretario de Hacienda de Sonora, con Luis Fernando Salazar, coordinador de campaña de Guillermo Anaya, a quien le indica que recibirá una llamada en los siguientes términos. “Te va a hablar la persona de la empresa, ya tiene él línea ahí para como lo hemos ido tratando; tú le pides ahí lo que ocupes, ahí le vas a decir qué es y en friega te lo hacemos y te lo enviamos” (sic). La siguiente llamada es entre dos personas que se identifican como Luis Fernando Salazar y Alejandro Corral, quienes luego de intercambiar saludos dialogan: “¿Qué tal? Me estaba comunicando contigo, me dijeron que me pusiera de acuerdo contigo (inaudible) más o menos qué requerimientos traes ahorita”, dice Corral. “Pues mira, quizá voy a necesitar lonas, pero estoy demandando muchísimo volante”, responde el supuesto Salazar. Los embates tricolores Contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el entrometimiento del gobierno de Coahuila también hay señalamientos. A principios de marzo una camioneta con propaganda panista fue detenida en un inusual retén municipal de la carretera Torreón-Matamoros. A bordo iban cuatro supuestos empleados de la Sedesol federal que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), transportaban propaganda. El 4 de abril el candidato Guillermo Anaya Llamas, así como el dirigente estatal del PAN, Carlos Orta, denunciaron que cuatro activistas blanquiazules fueron levantados mientras repartían propaganda en un crucero. Los volantes que repartían eran parte de una campaña negra de la que se desligaron el partido y su candidato, en fechas, además, en las que aún no estaba autorizada por ley la propaganda electoral. Los cuatro jóvenes aparecieron después en sus domicilios, según Anaya y Orta, torturados. Un caso más se presentó el viernes 10 cuando cinco panistas fueron detenidos, según la FGE, por robo en flagrancia. No obstante las familias de los detenidos aseguraron que repartían propaganda de Guillermo Anaya. Ante esos casos el delegado del comité nacional del PAN, Federico Döring, denunció que el gobierno estatal incurría en prácticas de intimidación, violencia y secuestro para evitar el proselitismo panista. “Voto oculto” Con un padrón de 1 millón 582 mil votantes, en los comicios del próximo 3 de julio se elegirá en Coahuila al nuevo gobernador, a 16 diputados de mayoría y nueve de representación proporcional. La entidad tiene 10 partidos políticos: los nacionales PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Convergencia y Panal, y los estatales Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Partido Social Demócrata (PSD) y Partido Primero Coahuila (PPC). Salvo el PRD, los demás se aliaron para designar candidato a gobernador. El PAN y UDC registraron a Guillermo Anaya Llamas; el PRI, aliado con el Verde, Panal, PSD y PPC, a Rubén Moreira; el PT y Convergencia a Jesús González Schmal, en tanto que el PRD, con un registro de última hora, postuló a Genaro Fuantos Sánchez. En un contexto electoral local marcado por una campaña negra contra el candidato priista, además de la difusión de presuntos actos de corrupción de personajes de uno y otro partido, las encuestas dan una ventaja de dos a uno al PRI en los cálculos más conservadores. Pero Anaya ha desestimado esos índices argumentando que en otras elecciones, como las de Guerrero y Oaxaca, se revirtieron sus pronósticos. El jueves 23, Anaya aseguró que está en empate técnico según sus estudios de opinión internos y advirtió que “el voto oculto” es el arma con la que ganará la elección. El proceso electoral ha sido atropellado desde principios de año. Mientras Humberto Moreira solicitó licencia el 3 de enero, su hermano Rubén se registró en el PRI como candidato de unidad el día 6. Por otra parte, el 14 de enero se anunció que se integraría una coalición PAN-PRD-UDC, cuyo registro se formalizó el 16 de febrero. Para finales de abril, el PRD rompió la alianza al no lograr un acuerdo sobre la lista plurinominal. Al fragor de la lucha electoral, Anaya ha realizado una campaña en la que descalifica al candidato del PRI a partir de su relación familiar con Humberto Moreira, así como de los demás hermanos con cargos públicos. De hecho, su lema de campaña es: “Mi familia es Coahuila”. Con la asesoría del publicista Antonio Solá, Anaya Llamas ha realizado una campaña desafiante, en la que además de sus críticas a los Moreira, entre otras cosas tuvo actos anticipados de campaña y repartió propaganda en oficinas gubernamentales, lo que está prohibido por ley. Entre el PRI y el PAN se han interpuesto 49 denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), de las que prosperaron al menos tres, imponiendo al PAN sanciones que suman 1 millón 149 mil pesos. Clientelismo El clientelismo del PRI y del PAN adoptó ahora un formato de tarjetas de beneficio, en las que se comprometen a entregar recursos y aplicar programas sociales si sus candidatos llegan a la gubernatura. La tarjeta del PAN se llama La Cumplidora y reproduce el formato de la tarjeta entregada por el excandidato del PRD y actual gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Por el PRI se reparte una tarjeta denominada MásMejor, lema de la campaña de Rubén Moreira y que también promete programas sociales. Ambas tarjetas ofrecen hacerse válidas a partir del 1 de diciembre, fecha en que tomará protesta quien gane la elección. Misma madre El candidato de la alianza PT-Convergencia, Jesús González Schmal, sostiene que la elección es una mascarada antidemocrática en la que se desarrolló una subasta entre PRI y PAN por comprar el voto de la gente. “Son gemelos en esto. Son hijos de una misma madre, que es la ambición política, que conceptualiza el poder como un botín y en eso no hay diferencia entre uno y otro, tienen los mismos grados de compulsión por el poder, de ambición desmedida y patológica para conservar privilegios.” “Esto nos acerca a un régimen de terror político porque conecta al elector con el pánico de quedarse en el vacío, sin programas sociales, si no se adhiere a la corriente oficial federal u oficial local, y esto anula la libertad ciudadana para tomar una decisión electoral”, sostiene. Respecto al uso de recursos públicos en campañas, asegura: “Son manifiestos y evidentes. El gobierno federal tiene en acción permanente a todos los delegados de las secretarías de Estado haciendo campaña. En el caso del PRI, son recursos estatales, con todo el aparato burocrático operando para la campaña”. Al calificar la elección como un choque entre la “familiocracia” y la “compadrocracia”, González Schmal advierte un riesgo mayor: “De triunfar cualquiera de los dos es un precedente para toda la República, que se repite ahora en Michoacán con Cocoa (Luisa María, hermana de Felipe Calderón) que ya es víctima del apetito insano de aprovechar el padrinazgo de su hermano para entronizarse”.