MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que las autoridades estatales ya tienen la obligación de combatir el narcomenudeo sin que deban esperar hasta agosto de 2012, como habían interpretado muchas entidades. En votación dividida, de seis contra cinco, el pleno determinó que las autoridades locales de seguridad pública y procuración e impartición de justicia tienen competencia en el tema desde agosto de 2010. El cambio de criterio se dio al resolver una contradicción de tesis en la que un Tribunal del Estado de México rechazó la competencia de un asunto de narcomenudeo, debido a que en esa entidad no se ha expedido la legislación respectiva ni se han hecho las adecuaciones necesarias para cumplir con la reforma federal de agosto de 2009. El proyecto, elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, fue respaldado por Salvador Aguirre, Jorge Mario Pardo, Luis María Aguilar, Sergio Valls y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, quien apenas el martes pasado votó con la mayoría que avaló el plazo de tres años para la entrada en vigor de la reforma en las entidades federativas. En agosto de 2009, el Congreso de la Unión expidió el decreto de reformas a la Ley General de Salud para combatir el narcomenudeo, que otorgaba competencia concurrente a los estados para perseguir y sancionar este delito. Hoy, el pleno de la Suprema Corte aclaró la contradicción de tesis entre tribunales federales y estableció que la reforma de 2009 adquirió plena vigencia desde agosto de 2010. El tema había generado múltiples dudas entre las procuradurías y jueces locales, así como entre la propia Procuraduría General de la República (PGR) y los jueces federales, que estaban "rebotando" asuntos entre los distintos fueros y dando interpretaciones encontradas al primer artículo transitorio de la reforma. El martes 28, la Corte había resuelto, también por 6 votos contra 5, que los estados podían aplazar hasta el 21 de agosto de 2012 la entrada en vigor de las reformas necesarias a sus leyes locales. Sin embargo, en un inesperado giro, el ministro presidente Juan Silva Meza se alineó hoy con el bloque minoritario del martes, y consideró que más allá de las reformas legales, los jueces y procuradurías estatales ya están obligados a procesar estos delitos, que siempre habían sido de competencia federal. Con la nueva jurisprudencia, se obliga a todos los jueces federales que reciban este tipo de casos a declinar su competencia en favor de jueces locales en materia penal, con independencia del grado de avance de la reforma en la entidad correspondiente. En tanto la PGR y jueces federales seguirán conociendo de casos de narcotráfico donde se rebasen las cantidades de droga previstas en el artículo 474, así como de asuntos de narcomenudeo donde se presuma delincuencia organizada.