SAN DIEGO (apro).- Javier Martínez es originario del estado de Michoacán. Ha sido residente legal de Estados Unidos desde hace más de dos décadas, y tiene una pequeña compañía de jardinería que ofrece servicios en todo el condado de San Diego. Todos los días, su preocupación principal es encontrarse con algún agente de la Patrulla Fronteriza o del Departamento de Aduanas y Seguridad Fronteriza (ICE). "En el último año me han quitado tres autos y me han deportado a cinco trabajadores", dice Martínez, quien será uno de los beneficiados por los cambios internos en las políticas de persecución de indocumentados, anunciados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE), que dejarán de perseguir a trabajadores, estudiantes y amas de casa, para concentrarse en personas que constituyen un riesgo para la seguridad. En un memorándum interno de ICE, dirigido a todo el personal de esa dependencia federal, se delinean los criterios de persecución y deportación, y se explica que se utilizará la "discrecionalidad" con el objetivo de optimizar los recursos de la dependencia. Este cambio, anunciado el pasado 17 de junio, buscar acallar las críticas que aseguran que la ICE se ha enfocado en aumentar el número de deportaciones, pero se ha alejado de su objetivo principal de deportar a inmigrantes indocumentados que constituyen un peligro a la seguridad nacional o a la seguridad pública. Aunque el memorándum ha pasado casi inadvertido, en realidad constituye un cambio muy importante en las políticas de ICE, que enfocará sus esfuerzos en las siguientes categorías, según indica el documento: 1. Individuos que sean un riesgo para la seguridad nacional. 2. Personas que hayan cometido de delitos graves, reincidentes, o personas con largo historial delictivo de cualquier tipo. 3. Pandilleros u otros individuos que sean considerados un riesgo para la seguridad pública. 4. Individuos con historial de violaciones de las leyes migratorias, incluyendo personas con antecedentes de ingresar de manera ilegal a Estados Unidos en repetidas ocasiones o que han cometido fraude migratorio. El documento, firmado por el director John Morton, aclara que la "discrecionalidad" puede ser modificada en cualquier momento por los oficiales, y que esto no otorga derechos de ningún tipo a los inmigrantes indocumentados; además, establece que a la hora de realizar detenciones o de iniciar procesos de deportación se tomarán en cuenta los siguientes factores: 1. El tiempo que ha vivido la persona en el país. 2. Las circunstancias en las que llegó la persona a Estados Unidos, y especialmente si el extranjero fue traído a Estados Unidos cuando era niño. 3. Si la persona ha hecho un esfuerzo por estudiar, en particular aquellos que se han graduado de la High School o que han obtenido un grado de educación superior. 4. Si la persona tiene algún familiar inmediato que ha servido en las fuerzas armadas, en la reserva o en la Guardia Nacional, y en especial aquellos que tienen familiares que han participado directamente en combate. 5. La historia criminal de la persona, incluyendo arrestos y detenciones, y su historia migratoria, que incluye deportaciones previas, órdenes de deportación pendientes, negación previa de legalización de estatus o evidencia de fraude. 6. Los lazos de la persona con su comunidad y contribuciones a la misma. 7. Los lazos de la persona con su país de origen y las condiciones del país de origen. 8. La edad de la persona, con especial consideración a los menores y a los ancianos. 9. Si la persona tiene un cónyuge o familiar residente permanente o si éste es ciudadano estadunidense. 10. Si la persona es el principal responsable de una persona con problemas físicos, mentales, de un menor, o de algún familiar enfermo. 11. Si la persona está embarazada o si la esposa de la persona está embarazada o amamantando. 12. Si la persona o el cónyuge sufre de severos problemas mentales o de alguna enfermedad. 13. Si la nación de origen de la persona no lo acepta (como en el caso de Cuba). 14. Si la persona tuviera posibilidades de legalizar su estatus migratorio, incluyendo a aquellos que soliciten asilo político, o víctimas de violencia doméstica, trata de personas, o de cualquier otro delito. 15. Si la persona ha cooperado o está cooperando con las autoridades federales, estatales o locales, incluyendo el Departamento de Justicia, ICE o cualquier otra dependencia. “Comunidades seguras” Este memorándum es la respuesta de ICE a las crecientes críticas que se han registrado en los últimos meses, en las que se asegura que esa dependencia se ha desviado de su objetivo de deportar a delincuentes peligrosos y, en cambio, ha criminalizado a trabajadores agrícolas, meseros, jardineros, amas de casa y obreros, entre otros. En el primer año de la actual administración del presidente Barack Obama, el Servicio de Inmigración y Aduanas deportó a 387 mil 790 inmigrantes, 61.8% más con respecto al promedio de 240 mil deportados anuales de su predecesor George W. Bush, según indica un reporte del 8 de marzo del 2010 del Movimiento para una Reforma Migratoria Justa (FIRM). "Nunca habíamos deportado a tanta gente del país, como lo estamos haciendo ahora", dice a Apro Douglas Massey, un experto en migración de la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey. "El único tiempo en que las deportaciones estuvieron cerca de los niveles actuales fue a principios de 1930, cuando había campañas masivas de deportaciones de mexicanos", añade Massey. "Las expulsiones llegaron a su máximo histórico en 1931, con un total de 136 mil personas", puntualiza. El aumento en el número de detenciones es resultado de la implementación del programa Comunidades Seguras, que fue puesto en marcha en octubre de 2008. Bajo este programa, todos los departamentos de policía y del Sheriff que participan tienen la obligación de enviar a una base de datos del FBI las huellas digitales de todas las personas arrestadas o detenidas, independientemente de la falta cometida. El FBI, a su vez, comparte estas huellas digitales con ICE. Si éste encuentra que la persona no cuenta con documentos legales para vivir en Estados Unidos, se inicia el proceso de deportación. Entre 2008 y 2009, por ejemplo, casi la mitad de las deportaciones fueron de personas que no tenían antecedentes delictivos. "De acuerdo con las cifras de ICE, hasta el 2 de agosto de 2010, 51% de las 294 mil 230 personas deportadas o forzadas a salir tenían antecedentes criminales, las demás eran personas trabajadoras que habían cometido alguna falta menor o incluso eran víctimas o testigos de delitos cometidos en su contra", dice Massey. El programa de Comunidades Seguras estará funcionando en todas las cárceles del país a más tardar a fines de 2013. Actualmente participan en el programa 42 estados. Sin embargo las críticas contra el programa van en aumento. En los últimos dos meses, los estados de Massachusetts, New York e Illinois, los tres gobernados por demócratas, han decidido abandonar el programa. Aseguran que no cumple el objetivo de atrapar a delincuentes y, contrario a ello, ha permitido la deportación de cientos de miles de personas sin antecedentes delictivos. En California, una delegación de congresistas ha pedido al gobernador Jerry Brown que se retire del programa, ya que está provocando la criminalización de los inmigrantes y está obstruyendo la colaboración con las autoridades en la investigación de delitos. Por su lado, los concejos municipales de Los Angeles y Oakland emitieron, durante marzo y abril, resoluciones en apoyo a la iniciativa de California de aplicar el programa de Comunidades Seguras sólo a inmigrantes indocumentados sentenciados por delitos mayores. Al dar a conocer los cambios de lineamientos y la utilización de nuevos criterios para la detención y deportación, John Morton, director de ICE, dijo en Washington, durante una conferencia de prensa celebrada el pasado 22 de junio, que estos cambios ayudarán a dirigir los esfuerzos en la captura de delincuentes y devolverán la confianza de los inmigrantes en las autoridades locales.